La Junta Interna de IOMA-ATE se enteró a través de los medios que el diputado del PO-FIT Guillermo Kane presentó en la Legislatura un proyecto que modifica el órgano de gobierno de la obra social. Aquí el debate.
Jueves 3 de mayo de 2018
En la conferencia de prensa de presentación del proyecto del diputado provincial del PO-FIT Guillermo Kane, la diputada nacional del PO-FIT Romina del Plá se refirió a la obligatoriedad en la afiliación a IOMA como un sistema del que estamos “cautivos” y que abandonar IOMA no tendría sentido porque todas las obras sociales son malísimas y no se trata de favorecer las obras sociales privadas.
Hay una confusión bastante extendida, que se basa en el desconocimiento de las bases que sostienen a una obra social de la magnitud de IOMA.
El IOMA tiene un sistema solidario de funcionamiento. Y basa su solidaridad en la obligatoriedad. Es decir el derecho de todos los afiliados a recibir idénticas prestaciones, aportando un porcentaje de su salario (4,8%), más allá del monto de sus ingresos. Esto se sostiene solo si todos permanecen en el sistema y con sus aportes sistemáticos garantizan el financiamiento permanente del IOMA, con continuidad en el tiempo.
El principio de solidaridad establece que el IOMA descuenta a todos sus afiliados obligatorios un 4,8% de su salario (remunerativo) y el Estado en su carácter de empleador aporta un 4,5% por cada trabajador, lo que implica que quienes más cobran, mas aportan. A diferencia del régimen vigente en el sistema de Obras sociales pre pagas, donde existe un arancel diferencial, recibiendo mayores prestaciones a cambio de cuotas más elevadas, el IOMA ofrece la misma cantidad y calidad de prestaciones a todos sus afiliados.
Nuestro planteo es de defensa de esa relación obligatoriedad/solidaridad, terminando con las excepciones y privilegios de la que hoy gozan los jueces, diputados y senadores. Estos tres segmentos son los únicos que pueden renunciar a su afiliación, desfinanciando de esta manera la seguridad social.
Debemos combatir el sentido común de darle a la obligatoriedad una connotación negativa, y explicarle a los afiliados que la falta de prestaciones y coberturas, los largos tiempos de espera para autorizaciones y prácticas, etc. se debe a las políticas de desfinanciamiento, vaciamiento y gerenciamiento que hacen los gobiernos y que la salida no es la desregulación de IOMA como lo propuso el Banco Mundial durante los años 2000.
Es otro error que hay que clarificar, para que la defensa de la obra social se haga con fundamentos sólidos, es que cada trabajador aporta por cada trabajo en blanco que posee en el Estado. Esto es así, cada cargo en cualquier organismo público debe tener los correspondientes aportes a la seguridad social, tanto de los trabajadores como de las obligaciones patronales. Lo contrario sería desfinanciar la seguridad social. El problema no radica aquí, sino en la política salarial miserable de los distintos gobiernos que obligan a que los trabajadores deban tener dos cargos (y hasta 3 en el caso de muchos docentes) para poder llegar a fin de mes. La pelea por un salarios igual a la canasta familiar por un solo cargo es fundamental junto con el fin de la precarización y el trabajo no registrado para terminar con los mecanismos de desfinanciamiento que hace el Estado del IOMA y el IPS.
