Sobre la investigación abierta hacia Peña Nieto, este lunes en la mañanera López Obrador descartó que tenga un pacto de impunidad y negó que haya alguna persecución hacia el expresidente, pues “la venganza no es su fuerte”. Frente a esto distintas voces han reclamado que no se trata de venganza, sino de hacer justicia.
Miércoles 13 de julio de 2022
Las investigaciones abiertas por la Unidad de Inteligencia Financiara, a cargo de Pablo Gómez y la solicitud de que la Fiscalía General de la República continúe con las mismas, se deben a transferencias que se hicieron entre el 2019 y el 2021 y que en total suman más de 26 millones de pesos. Las mismas se hicieron a través de la esposa y el hermano de Peña Nieto quienes después transfirieron el dinero a la cuenta del expresidente.
A partir de cuestionamientos de la prensa, López Obrador dijo que “nosotros no promovemos estos juicios, esto no significa que actuemos como tapadera, que se aclare, pero no estamos promoviendo una denuncia”. Y como lo ha declarado en otras ocasiones, aclaró que su gobierno no busca la venganza, pues “apuesta a mirar hacia delante”.
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Distintos sectores apuntan a la existencia de un pacto de impunidad entre Peña Nieto y López Obrador, atribuido a la falta de señalamientos mutuos sobre sus respectivos gobiernos, como lo expresa un artículo de El País [1]. Más allá de que exista o no tal pacto, lo que sí es un hecho, es que las expectativas de los y las millones de votantes del Morena respecto a la ejecución de justicia a expresidentes por delitos de corrupción, por las represiones que ordenaron y por las violaciones a los derechos humanos, siguen siendo nada más que expectativas.
En menos de un mes se cumplirá un año de la consulta sobre el juicio a los expresidentes impulsada por el gobierno de López Obrador, la cual a pesar de haber obtenido el 90% de votos a favor de los juicios, no obtuvo el 40% que habría permitido que la misma fuera vinculante.
Como desarrollamos en esta nota, dicha consulta estuvo repleta de contradicciones que de últimas, expresan las principales limitantes de la retórica obradorista de la lucha contra “la mafia del poder”. Por mencionar una, López Obrador declaró que él votaría en contra del juicio a los expresidentes, expresando así su verdadera posición. En última instancia, los resultados de la consulta son ocupados ahora como una traba para avanzar en los procesos de justicia, esperanza que millones depositaron en las urnas en el 2018.
Con la justificación de que su gobierno mira para delante, que no fabricarán delitos ni buscan venganza, López Obrador ha construido un discurso en el que pareciera que además de innecesario, sería malicioso llevar al banquillo de los acusados a los responsables de Ayotzinapa, de Atenco, de la supuesta guerra contra el narco y los miles de desaparecidos forzados y víctimas de ejecuciones extrajudiciales, de las reformas estructurales y de las políticas entreguistas; entre un largo etcétera.
Bajo esta misma lógica fue que tras la muerte de Luis Echeverría, el expresidente, responsable del Halconazo y de la matanza del 2 de octubre cuando fungía en el cargo de secretario de Gobernación en el gobierno de Díaz Ordaz, así como de las operaciones de contrainsurgencia durante la llamada guerra sucia, el presidente de la 4T lamentó públicamente su fallecimiento y dio su pésame a la familia del priista quien murió en total impunidad. Así López Obrador da continuidad a la vieja consigna política de que a un ex presidente no se le juzga jamás por más atrocidades que haya cometido.
En el marco de la carrera electoral rumbo al 2023 y el 2024, la investigación hacia Peña Nieto busca dejar en peores condiciones, de las que de por sí ya tiene, al PRI, pues suma un elemento más de cuestionamiento a las principales figuras de dicho partido, ahora, por algo que tiene toda la cara de ser un caso de enriquecimiento ilícito. Y no es que sea por "vengativo" o no pero desde ya que esta acusación se suma a otras medidas de presión y exposición mediática impulsada por gente de Morena contra dicho partido, a partir de de su negativa a avalar el fracasdo intento de reforma eléctrica el año pasado.
A estas alturas del gobierno de la 4T son varios los exponentes de los gobiernos pasados contra quienes se han lanzado denuncias judiciales que no han llevado a ningún lugar, por mencionar algunos están Emilio Lozoya, César Duarte y Francisco García Cabeza de Vaca. La única excepción es el caso de Rosario Robles, a quien se le mantiene como rehén político, manteniendo en suspenso la definición de su caso.
Lo que se demuestra por la negativa, es que López Obrador, no tiene ninguna voluntad de ocupar los propios mecanismos de la democracia burguesa para avanzar jurídicamente contra la “mafia del poder” y esto responde a que a pesar de su retórica uno de los principales objetivos de su gobierno es recomponer la confianza en las instituciones del gobierno, por lo que una confrontación abierta que desenmascare los negocios ilegales de un buen porcentaje de los gobiernos pasados, podría horadar la confianza en la viabilidad del régimen político mexicano.
Queda claro que la justicia sobre los actos delictivos de la "clase política" no vendrá del propio gobierno, únicamente será arrancada con la organización de la clase trabajadora, la juventud, las mujeres y los sectores oprimidos y explotados. Para ello tenemos que organizarnos para imponerle al estado burgués el juicio y castigo a todos los funcionarios políticos corruptos, represores, entreguistas de los recursos nacionales, sometidos al imperialismo e incluso aliados a la delincuencia organizada.
Tenemos que poner en pie para garantizar su castigo,Tribunales Populares construidos en base a los organismos de lucha que los trabajadores, campesinos pobres y pueblos originarios decidan implementar, con total independencia de este régimen de los patrones nacionales y extranjeros, hasta llevar a cabo su cometido.
