Las declaraciones de Rosa Isela Guzmán Ortiz señalando que el “capo” financió campañas políticas y que tenía un pacto con el gobierno para fugarse, cimbraron al poder político.
Sábado 12 de marzo de 2016
Las declaraciones de Rosa Isela Guzmán Ortiz, hija del “Chapo”, al semanario inglés The Guardian, señalando que el “capo” habría dado dinero para las campañas políticas y que tenía un pacto con el gobierno para fugarse y no ser capturado, cimbraron a las instituciones y el poder político en México.
Esto fue acompañado del pedido de extradición por parte de la defensa del capo a Estados Unidos. Muchos interpretaron esto como una clara amenaza de hablar de estos asuntos ante las autoridades estadounidenses.
Se removió el avispero
Las respuestas no se hicieron esperar. En nombre de Los Pinos, la residencia presidencial, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, declaró “Que quede claro: por lo que corresponde al gobierno de la república, ni treguas ni alianzas ni pactos con el crimen. Los hechos así lo demuestran”.
Por su parte, el expresidente Vicente Fox dijo “No lo dudo ni tantito. Han salido muchos trapitos, por aquí y por allá, y a todos los partidos: a los del Partido Acción Nacional (PAN), a los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a los del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El que no tenga culpa, que tire la primera piedra”. Y que si no lo extraditan es porque “tienen miedo que suelte la sopa”, una declaración cuando menos cínica, considerando que bajo su mandato el Chapo protagonizó una de las fugas carcelarias “del siglo” menos creíbles.
El hecho es que el reportaje publicado por The Guardian evidencia, una vez más, una realidad ampliamente conocida en México.
Como reporta Jorge Carrasco en Proceso, Guzmán Loera no ha sido nunca procesado por narcotráfico en México durante los últimos cinco sexenios. Los gobiernos de Calderón y de Fox lo dejaron “en paz”. Y bajo gran parte del gobierno de Peña Nieto (EPN) gozó de la “suerte” de no ser hallado por todas las fuerzas armadas hasta su recaptura.
Lo que está detrás de esto no es, ni más ni menos, que la colusión existente entre los distintos niveles del estado y los carteles del narcotráfico.
La llamada “clase política” –esto es, los partidos políticos y las instituciones al servicio de los grandes empresarios– está asociada por múltiples vías con los “capos” del narco. Esto se expresa en el financiamiento de campañas y muchos otros beneficios, en tanto que los cárteles reciben a cambio los “permisos” correspondientes para operar en sus territorios.
Cuando esos acuerdos se rompen, entonces es que ocurren hechos como estos. Grandes capos son providencialmente capturados. O bien los gobiernos estatales o federal, deben hacer frente al poder de fuego de los carteles.
En La Izquierda Diario ya nos referimos a algunos de los casos que evidencian esta colusión entre los principales partidos y el narco. Como aquí, donde mencionábamos a Humberto Celaya Valenzuela (militante del PRI en Sonora), a Ángel Aguirre (del PRD en Guerrero), a Edelmiro Sánchez Hernández (del panismo regiomontano) o a Lázaro Mazón Alonso quien, cercano a Abarca Velázquez, fue promovido por López Obrador como candidato del Morena a las elecciones para gobernador en Guerrero y luego rápidamente ocultado.
Esto por no referirnos a los dos casos más sonados de este 2016: la chapodiputada panista Lucero Sánchez y el mismo ex gobernador priista de Coahuila, Humberto Moreira.
Un panorama difícil para Peña Nieto
Lo distintivo de las declaraciones de la hija de Guzmán removieron el avispero más grande: el del gobierno federal y las dirigencias de los grandes partidos.
El escenario político para el gobierno de Peña Nieto está cambiando.
La mediática captura del Chapo Guzmán fue presentada como la muestra de que se estaba en una verdadera lucha contra el narcotráfico.
Esto estaba dirigido tanto hacia la población, como hacia la propia administración Obama, que requiere que el gobierno de Peña Nieto garantice la estabilidad al sur de su frontera.
Por eso fue tan festejada la captura por parte de Osorio Chong y el mismo EPN. Aún más, Peña Nieto se mostró dispuesto a ir también contra la actriz Kate del Castillo y contra el círculo cercano de Guzmán, en el cual estaba la mencionada diputada sinaloense.
Sin embargo, ahora EPN aparece enlodado e involucrado con el capo, como parte fundamental de la llamada “narcopolítica”. No sólo el ocupante de Los Pinos, sino el conjunto de los grandes partidos del Congreso y sus liderazgos políticos.
Si algo demuestra esto es que no se trata de algunas “manzanas podridas” como siempre desean presentar. El régimen político de la alternancia está marcado por la asociación y colusión de distintos niveles del estado y empresarios con el narco.
La expansión de los carteles y la degradación de las instituciones de esta “democracia” son el resultado de la integración y subordinación a los Estados Unidos y sus dictados, en particular la política prohibicionista proveniente de Washington.
Un régimen político que sólo tiene para ofrecer explotación, opresión y miseria, y que por ello debe ser enfrentado por los trabajadores y la juventud combativa.
Pablo Oprinari
Sociólogo y latinoamericanista (UNAM), coordinador de México en Llamas. Interpretaciones marxistas de la revolución y coautor de Juventud en las calles. Coordinador de Ideas de Izquierda México, columnista en La Izquierda Diario Mx e integrante del Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas.
