Los niños y adolescentes que migran solos son condenados a centros sobrepoblados, sin recursos y objeto de lucro de empresas concesionarias. A los 18 años quedan en la calle y sin papeles. El gobierno “progresista” y los autonómicos son los responsables.
Jueves 29 de abril de 2021
Quien escribe este artículo conoce de cerca la realidad y el maltrato institucional que sufren los menores migrantes. Varios años trabajando como educador de calle y en varios centros residenciales, hacen que en estos días mi indignación con el deleznable cartel de Vox sea doble. Por un lado con el reaccionario discurso xenófobo de la extrema derecha. Pero por el otro con la hipocresía desplegada por cierta “progresía” a la que le duelen campañas racistas como estas, pero no el racismo institucional que ellos gestionan contra estos niños y adolescentes día a día.
La campaña electoral del 4M ha estado cruzada por diversas provocaciones de la extrema derecha, como el mitin en Vallecas, las amenazas de muerte contra Iglesias y miembros del gobierno, y, por supuesto, la sucia propaganda de Vox, de la que el cartel en la estación de Sol ha sido su máximo exponente. “Un MENA 4.700 euros al mes. Tu abuela 426 euro al mes de pensión”, este ha sido el mensaje con el que la extrema derecha intenta confundir intencionadamente y generar odio contra los menores migrantes, tratándoles como privilegiados sociales frente a otros colectivos como las mujeres pensionistas.
Un acto denigrante y cobarde, dirigido contra un colectivo sumamente vulnerable, estigmatizado por los medios de comunicación y maltratados institucionalmente. Un aliento a la guerra entre pobres, a la división de los sectores obreros y populares para que las políticas a favor de los ricos y las grandes empresas – este es el verdadero programa de Vox, y que coincide con el resto de fuerzas neoliberales- pase lo más fácilmente posible.
El rechazo al mensaje ha sido muy amplio, casi parecería generalizado. De golpe los mismos medios y periodistas que llevan años criminalizando a estos jóvenes parecían sus más aguerridos defensores. Lo mismo con gran parte del arco político, que desde gobiernos municipales, autonómicos y el central, son quienes están al frente del maltrato y discriminación que padecen.
Existe un gran problema social con el fenómeno de la inmigración de jóvenes no acompañados. Un problema del que ellos son las principales víctimas, y las leyes de extranjería y la ausencia de verdaderas políticas de asistencia a sus necesidades, los verdugos.
Es cierto que los 4.700 euros de los que habla Vox en su cartel no van al menor migrante. Pero también es falso, como han vendido en estos días desde el gobierno “progresista”, que esta cuantía o la que se presupuesta oficialmente, esté destinada a atender sus necesidades. Desde la creación de los centros de menores migrantes, los sindicatos y asambleas de profesionales llevamos denunciando las pésimas condiciones en que se encuentran estos centros de “acogida”. Instalaciones superpobladas, con infraestructuras inadecuadas y sobre todo falta de personal. Un contexto idóneo para que devengan en entornos inestables y que, lejos de favorecer una acogida digna, con atención psicológica, sanitaria y educativa de calidad, se convierten en verdaderos lugares de semireclusión.
Basta preguntar a cualquier profesional que trabaje con este colectivo para que te cuente la auténtica realidad. A pesar de la opacidad del funcionamiento de los centros y las empresas privadas que los gestionan, algunas imágenes han salido a la luz en las redes reflejando el supuesto “lujo” que supone ser un “MENA” acogidos por el gobierno central y los autonómicos.
En Melilla se hicieron virales las fotografías de salas abarrotadas, con menores durmiendo en el suelo, que encabeza este artículo. Pero no han sido las únicas. Can Santoi, un centro gestionado por la fundación Diagrama, fue denunciado por carecer de agua caliente y tener también a muchos menores durmiendo en el suelo. O el caso del centro Monteolivete, en el País Valenciano, que acabó siendo clausurado por las condiciones infames de habitabilidad.
Los miles de euros que se presupuestan para la atención de estos menores ¿a donde van? La reaccionaria campaña de Vox ha hecho famosa la dudosa cifra de los 4700 euros por mes. Lo que nadie menciona es que el dinero público presupuestado para atención de estos niños y adolescentes es entregado directamente a fundaciones privadas. No existe ninguna fiscalización y auditoría pública de este dinero público, en un sector que en su mayoría se encuentra externalizado a centros de gestión privada.
La mayoría de las fundaciones que reciben estas contratas se declaran como entidades sin ánimo de lucro. Sin embargo, y como se ha denunciado sistemáticamente en el caso catalán, en sus patronatos encontramos empresarios dueños de empresas de servicios o parques inmobiliarios que prestan sus servicios (de lavandería, catering...) y alquilan sus inmuebles a precios muy por encima de los de mercado. Ahí está el perverso negocio. Para aumentar aún más los “beneficios” muchas de ellas no aplican muchas veces los convenios laborales correspondientes de Acción Social o no contratan personal cualificado.
En la última década, y también bajo el gobierno “progresista”, al calor de este negocio ha emergido todo un lobby en torno a la atención de los menores migrados. Tanto es así que hasta Florentino Pérez se ha metido con su empresa Clece, que sigue ganando concurso a costa de ofrecer precios bajísimo a costa de condiciones laborales y de servicio cada vez más precarias. Este es el negocio que no es denunciado por VOX, pero tampoco por Podemos, PSOE, ERC o JxCat, que son sus principales gestores.
Vox aborda esta problemática desde el racismo y la xenofobia, con su campaña electoral y con propuestas que radicalizarían aún más las violaciones de derechos humanos que ya suceden en las fronteras, campos de internamiento y centros. El gobierno “progresista” y los partidos que lo conforman, en un ejercicio de cinismo, condenan el discurso mientras abren nuevos CIEs, covierten Canarias en una nueva Lesbos y dejan en la calle y sin papeles a estos jóvenes al cumplir los 18.
Algunos incluso se llenan la boca de “Welcome Refugies”, como declaraba Gabriel Rufian de ERC estos días. Mientras tanto el sistema de acogida de la Generalitat que depende de su partido lleva años inmerso en recortes y privatizaciones. Si tomamos los de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DEGAIA) solo en Catalunya en el 2019 1.020 menores, niños y niñas, se fugaron de los centros de acogida. De ellos 829 retornaron al centro, mientras que se desconoce el paradero de los 191 restante.
La solidaridad con los menores inmigrantes, así como con el resto de persona que migra al Estado español o la UE, no vendrá de quienes los condenan a abandonar sus países, arriesgar la vida para venir y ser tratados como ciudadanos y trabajadores de segunda si lo consiguen.
La lucha por los derechos de estas personas pasa en primer lugar por denunciar y combatir el expolio imperialista de las empresas españolas, europeas y norteamericanas en sus países, verdadera razón de su proceso migratorio. Unos intereses que todos los partidos del régimen, incluidos los que hoy están en Moncloa, defienden cerradamente. Es también combatir por la derogación de las leyes de extranjería, la apertura de fronteras y el cierre de los CIEs, toda una legislación racista defendida y sostenida por los diferentes gobiernos de distinto signo. Y es pelear por el fin del modelo de externalización y privatización que, como en muchos otros servicios públicos, precarizan a sus trabajadores, denigran la atención y permiten el lucro obsceno de unos cuantos capitalistas a costa de las necesidades sociales más urgentes.
