Bolivia. Pronunciamiento por justicia, contra la impunidad y el poder clerical. No es un individuo, es toda la institución Iglesia: ¡el violador eres tú!

Desde el 29 de abril, fecha en la que el diario español El País dio a conocer la existencia de más de 85 víctimas de pederastia por parte del sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas, los casos de violencia sexual protagonizados por la Iglesia Católica no han dejado de hacerse públicos en Bolivia. Algunos medios señalan que los casos denunciados públicamente entre el 2002 y el 2023 suman más 200, entre los que están episodios aberrantes cometidos contra niños, niñas y adolescentes a manos de sacerdotes quienes, gracias a su control sobre instituciones educativas y haciendo uso del poder que jamás han perdido pese al denominativo “Estado Laico”, actuaban en completa impunidad. Pero no solo eso: junto a estos casos, ha salido a la luz todo un arsenal criminal de encubrimiento desplegado por la Iglesia, para socapar estos hechos a costa del sufrimiento, revictimización y silenciamiento forzado de las víctimas y de quienes osaron enfrentar su poder, advirtiendo buscar justicia. Y esto no ha cesado: estas acciones han escalado incluso a actos de amedrentamiento tales como amenazas contra autoridades nacionales que actualmente investigan los sucesos, lo que permite entrever la grave situación de vulnerabilidad en la que están las y los denunciantes sin ningún poder ni visibilidad.

Con desborde de indignación, diversas organizaciones, colectivos y activistas independientes, de diferentes departamentos de Bolivia exigimos justicia para todas las víctimas y manifestamos nuestra total solidaridad activa con cada una de ellas. Advertimos que estamos solamente frente a la punta del iceberg y nos pronunciamos, haciendo un llamado urgente a organizar la rabia frente a estos dolorosos hechos, que se nos hacen inadmisibles queden en la impunidad.

¡ES TODA LA IGLESIA, SON TODAS LAS IGLESIAS! Lejos de la versión de que se trata de casos aislados, advertimos que es la estructura de toda la Iglesia católica en Bolivia, la que ha actuado en complicidad para encubrir cada uno de estos hechos, cual una asociación delictiva. La ejecución y repetición de los casos denunciados, se ha dado bajo conocimiento de autoridades religiosas, tanto de la Compañía de Jesús como del Arzobispado nacional, que no solamente no hicieron nada, sino que además han trabajado sistemáticamente para encubrirlos, bajo argumentos como “el secreto de la confesión” o “el perdón divino”.

Si bien hoy es la Compañía de Jesús la que está en la mira, son todas las congregaciones y todas las Iglesias, las que están manchadas de actos de pederastia y violencia de todo tipo. Los valores conservadores y reaccionarios que orientan a estas instituciones, junto a todo el poder que sostienen como organizaciones con poder político y económico, son los que permiten esta actuación y conducen a sus miembros a tomar cualquier medida, con tal de proteger los privilegios que se niegan a perder, a cualquier costo para las poblaciones más vulnerables a sus crímenes.

¡EL ESTADO TAMBIÉN ES RESPONSABLE! NO PODEMOS CONFIAR EN SU JUSTICIA. Son numerosos casos previamente denunciados contra la Iglesia Católica, que han quedado en la completa impunidad. Basta el ejemplo del sacerdote José María Paz, denunciado el 2019 por violación a una misionera en San José de Chiquitos, para quien se garantizó una huida del país hacia Argentina tras brutales amenazas del autor y grupos de poder locales contra la víctima, con protección de su institucionalidad y bajo la mirada del Estado y su aparato judicial. Y sabemos que esto se da en un marco de impunidad generalizada para los hechos de violencia patriarcal ejercida contra miles de mujeres, niñas y niños, año tras año.

Advertimos que, con estos nuevos casos, no será una excepción: la justicia, patriarcal y mercantil, al servicio de quienes detentan poder, influencias y dinero, no ofrecerá jamás a las víctimas ninguna garantía real de no impunidad. Menos en manos de agentes a quienes el propio Movimiento Al Socialismo garantiza presencia en el Estado, como el ministro de justicia, Iván Lima, conocido por sus posiciones anti derechos y a favor de sectas como el Opus Dei, quien sobre estos últimos casos ha vertido declaraciones vergonzosas que tienden a minimizar la gravedad de lo ocurrido.

Por ello, señalamos que es indispensable organizarnos para obtener justicia por los hechos suscitados a lo largo del tiempo y los recientemente destapados, como una tarea colectiva que solo puede ser garantizada con la movilización social.

LA IGLESIA TUVO Y TIENE UN ROL HISTÓRICAMENTE NEFASTO en nuestro país y el mundo entero. No nos vamos a referir a funestos hechos del pasado como su rol en los genocidios indígenas en nuestro continente o a su complicidad de sobra comprobada en los crímenes de lesa humanidad en las dictaduras militares, pues existen hechos más recientes y ejemplificadores.

No borramos de nuestra memoria, la actuación de las Iglesias durante el golpe de Estado del 2019 en Bolivia, como clásicamente lo han hecho, de la mano de las élites económicas del país. No olvidamos que fueron quienes bendijeron el ascenso de Jeanine Añez, miembro de la plataforma anti derechos “Con Mis Hijos No te Metas”, quien ingresó con la bala y la biblia al palacio de gobierno, sosteniendo el poder a costa de la sangre derramada en las masacres de Senkata y Sacaba.

Pero no solo eso: En los 36 días de paro en la ciudad de Santa Cruz (octubre y noviembre del 2022), durante los cuales se propiciaron violaciones colectivas, agresiones a mujeres y diversidades y disidencias sexuales y de género, junto a repudiables hechos de violencia extrema racista contra mujeres de polleras y ayoreos, diversas sectas conservadoras aliadas a grupos paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista, realizaban en los puntos de bloqueo manifestaciones religiosas, con autoridades clericales presentes en no pocas ocasiones.

A ello se suman las recientes movilizaciones contra la Educación Integral en Sexualidad protagonizadas por plataformas anti derechos vinculadas a diversas iglesias, en el marco del rechazo a una propuesta absolutamente insuficiente realizada por el MAS, que ni siquiera incorpora esta exigencia histórica en el país en su mediana expresión. Pero esto no es casual; la Iglesia católica y todas las iglesias se oponen en coro a esta educación, porque precisamente no les conviene que la prevención de la violencia sexual, entre otros grandes beneficios que puede traer la EIS si es plenamente aplicada, puedan ser herramientas con las que cuenten las niñas, niños y la juventud en general, porque atentan contra la impunidad hasta el día de hoy sostenida en casos de violencia sexual cometidos en su seno.

En cada uno de estos hechos, las acciones de la Iglesia buscan ser minimizadas ante la opinión pública, por numerosos medios de comunicación. Y de hecho, ante los casos recientemente visibilizados, pretenden mostrar a la iglesia en pose de víctima, estigmatizando las movilizaciones que se producen en el marco de la indignación colectiva frente a los abusos sexuales.

¡LOS PRIVILEGIOS CLERICALES PERMITEN LOS ABUSOS E IMPUNIDAD! Pese a que se diga que vivimos en un Estado laico, no existe una separación efectiva entre estas dos instituciones y, por lo tanto, las iglesias no han dejado de detentar poder en el país. Tras 14 años del gobierno del MAS, lejos de la “descolonización”, “despatriarcalización” y del “anticapitalismo” del que tanto se habla desde el gobierno, las iglesias han continuado gozando de enormes privilegios, pues están exentas de pagar impuestos, continúan teniendo dominio de numerosas escuelas privadas y de convenio a nivel nacional y controlan diversas instituciones de salud, administraciones de las que perciben no solo cuantiosas ganancias sino gracias a las cuales también detentan poder de influenciar y someter a sus creencias y mandatos. Manifestamos seriamente que no solo no puede haber un Estado laico efectivo mientras las iglesias detenten todo este poder, sino que es este mismo poder el que garantiza que estos hechos de violencia sexual se susciten una y otra vez, con impunidad. Atenidos a este poder, los sacerdotes cometen abusos y toda la institucionalidad clerical actúa en contubernio criminal para el encubrimiento.

ADVERTIMOS QUE LA IGLESIA CONTINÚA ORGANIZADA PARA ENCUBRIR sus delitos, para lo cual ha arribado al país una comisión del propio Vaticano, cuya presencia preocupa enormemente conociendo los antecedentes de esta institucionalidad. Denunciamos enfáticamente que esta comisión, no tiene otra finalidad que acallar a las víctimas, evitar el surgimiento de otras denuncias y asesorar el camino a la impunidad de los pederastas actualmente denunciados.

Ante todo ello, exigimos:

1. Justicia para todas las víctimas de violencia sexual de la Iglesia Católica, con juicio y castigo a todos los responsables de estos crímenes, así como a todos los encubridores, parte de la Iglesia católica, del Estado y cualquiera que haya participado de esta cadena de impunidad.
2. Una Comisión independiente compuesta por víctimas, familiares de las víctimas y organizaciones que sean vistas como idóneas, con plenas potestades para acompañar, investigar e intervenir, en el caso de ser necesario, a la que el Estado otorgue plenos poderes y los recursos suficientes para velar por el derecho a conocer la verdad sobre los violadores, pederastas y encubridores, hasta obtener juicio y castigo para cada uno de ellos.
3. Rechazo y prohibición a que las congregaciones religiosas, alienten a las víctimas a acudir a sus propias instancias y, menos, ha recibir denuncias, tal como lo hizo la Compañía de Jesús a través de su página web y RRSS. Denunciamos que esto es un paso a la obstaculización de la justicia.
4. La inmediata expulsión de la Comisión del Vaticano que, tratándose de una comisión nada menos que de uno de los Estados más poderosos del mundo, mismo que como institución se ha visto salpicado por esto graves hechos, constituye una presencia atentatoria contra las víctimas que han tenido la valentía de alzar la voz.
5. Acabar con los privilegios de las iglesias, que son el germen de estos y otros crímenes y actos de violencia históricamente cometidos. Por ello, exigimos la expropiación a la Iglesia en todo el terreno de la educación y de la salud, así como de los amplios bienes controlados por ella en calidad de latifundio, en diversas regiones del país.
6. Acabar con toda la injerencia política de las Iglesias en el Estado, quienes, con su constante intromisión y con aval del gobierno, obstaculizan el alcance de plenos e iguales derechos de las mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género.
7. Educación laica, científica, gratuita, no sexista y de calidad, que incluya la Educación Integral en Sexualidad. Nos negamos a dejar la educación en manos de una institución conservadora que reprime los derechos sexuales y derechos reproductivos de lxs niñxs y jóvenes.
8. La renuncia del ministro de justicia, Iván Lima, que está claramente parcializado con las instituciones clericales, habiendo puesto incluso en tela de juicio la veracidad de los casos denunciados.

Las organizaciones y activistas independientes abajo firmantes, nos declaramos en estado de alerta y hacemos una llamado a los colectivos, activistas, organizaciones sindicales y estudiantiles, a sostener unidad de acción, organizarnos y movilizarnos frente a estos hechos.

¡Justicia para todas las víctimas!
¡Alto a la violencia sexual e impunidad de las Iglesias!
¡Iglesia y Estado, asunto separado!
¡Acabemos con todos los privilegios clericales!

La Paz, 2 de junio de 2023

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