Declaración de Pan y Rosas Antofagasta frente a la criminalización de una mujer inmigrante en Antofagasta que se realizó un aborto el pasado 16 de marzo.
Sábado 19 de noviembre de 2016
El día miércoles 16 de marzo del presente año 2016, sale a la luz una lamentable noticia para quienes vienen pronunciándose y luchando por los derechos de las mujeres y es que una vez más se atenta contra el derecho a decidir y se castiga a quienes no tienen la posibilidad de realizar un aborto seguro.
Esta vez fue una mujer inmigrante, domiciliada en la ciudad de Antofagasta, quién fue detenida por la Brigada de Delitos Sexuales (BRISEX) de la Policía de Delitos e Investigaciones (PDI) tras haber sido acusada de abortar un feto de 18 semanas.
Al respecto, el Jefe de la Brisexme, Héctor Mera señala que la mujer habría conseguido dosis de Misotrol en el mercado informal, las cuales consumió al interior de su hogar lo que habría generado fuertes dolores abdominales, sangramiento y eventualmente el aborto. Dada las complicaciones sufridas, la mujer habría concurrido al Centro Asistencial Norte (CAN) para recibir atención médica, donde si bien pudo recibir los procedimientos médicos que necesitaba, también recibió la denuncia de la situación y por tanto, la posible penalización del acto, siendo llevada a control de detención para dictaminar las medidas cautelares del caso.
La situación que actualmente está viviendo esta mujer y todas aquellas que tuvieron que pasar por una situación similar es indignante. La condición de ilegalidad frente al aborto, atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y empuja a las mujeres a realizarse abortos clandestinos.
Actualmente en Chile no existe una educación sexual garantizada por el Estado, así como tampoco campañas de promoción para una salud sexual segura e informada sobre métodos de anticoncepción e infecciones de transmisión sexual (ITS) y el aborto sigue siendo penalizado. Es decir, nos encontramos en un marco donde no se educa ni se promociona, tampoco se previene, pero sí se penaliza duro y fuerte.
Fue en 1988, bajo la dictadura de Pinochet cuando el aborto fue penalizado, al calificarlo como “delito contra el orden de la familia y contra la moralidad pública”. Aun cuando a partir de 1931, el aborto estaba legalizado por motivos terapéuticos. Sin embargo, en la actualidad aún se mantienen los legados de la moral impuesta por la dictadura militar y la Iglesia, donde hace años el parlamento de corruptos mantiene frenada y dilatada la tramitación de la ley de aborto bajo 3 causales.
Esta traba expresa la imposición de la moral conservadora sobre los derechos de cientos de miles de mujeres que quieren prevenir complicaciones médicas que atenten contra su vida, y/o la del feto, de no tener que cargar con la expresión en vida de una violación sufrida o simplemente poder decidir sobre sus cuerpos. Quienes son apoyadas por el 83% de la población e invalidadas por un puñado de parlamentarios corruptos que representa apenas la minoría de la población chilena.
Frente a estas problemáticas que se siguen manteniendo y para evitar las graves complicaciones por el uso de este tipo de métodos, se hace necesario organizarse para conquistar el derecho al aborto seguro, legal y gratuito que le pertenece al conjunto de las mujeres, pero que beneficiaría principalmente a aquellas que hoy en día no tienen las condiciones para recurrir a procedimientos en clínicas privadas o el extranjero, es decir, a las mujeres y jóvenes más precarizadas.
Por eso desde Pan y Rosas decimos ¡Aborto libre, legal, seguro y gratuito ahora!
¡Ningún proceso penal y por la libertad inmediata de las mujeres que abortan!
