A raíz de la crisis sanitaria, el Gobierno de Piñera no sólo ha atacado a la clase trabajadora con despidos y suspensiones, sino que también, a les jóvenes que se levantaron en octubre contra este Chile capitalista. Más de 2.000 presos políticos hay en Chile, y el Gobierno sigue aumentando la represión y las querellas.
Akemi Matsubara Egresada Derecho Universidad de Antofagasta
Domingo 21 de junio de 2020
En estos meses de pandemia, el Gobierno no ha hecho más que pasar ataques y culpar a la población de la crisis sanitaria de la cual ellos son responsables. Primero, crearon una ley de protección -destrucción- del empleo, que tiene a más de 1 millón 700 mil personas desocupadas. Después, no se les ocurrió nada mejor que llamar a la normalidad abriendo malls y barajando la posibilidad de volver a clases presenciales mientras ocultaban las cifras reales de fallecido. El cierre final de la obra ocurrió hace poco, cuando aprobaron en el Congreso nuevas normas penales por la pandemia, culpando a las personas del desastre político del Gobierno.
Este último punto si bien ha generado conmoción, es parte de una línea represiva de Piñera de conjunto. No sólo por este nuevo paquete de medidas, sino porque está la restricción de salvoconductos a la prensa independiente, sino que también la Fiscalía está deteniendo a nuevos jóvenes que se manifestaron contra Piñera, como es el caso de Antofagasta, con tres jóvenes detenidos acusados de “ataque incendiario” a la Intendencia en el marco del paro nacional convocado el 12 de noviembre.
Con o sin pandemia: La prisión preventiva como prisión política
La comisión chilena de Derechos Humanos solicitó al Poder Judicial revisar las medidas cautelares del conjunto de las personas privadas de libertad, especialmente de los presos políticos, cambiando la prisión preventiva a arresto domiciliario, teniendo como base el foco de contagio que hay en las cárceles y “la naturaleza de los ilícitos imputados, la cuestionada legislación invocada en su contra y los dudosos medios de prueba aportados por sus aprehensores”.
Pero no es sólo la pandemia la que abre aún más el cuestionamiento, sino que estamos hablando de presos políticos, en su mayoría jóvenes, que llevan meses en prisión preventiva, donde es completamente cuestionable las pruebas que pueda tener Fiscalía en su contra, no sólo porque muchas veces son testigos Carabineros, los mismos que tienen más de 4.500 causas por violación a los derechos humanos (de aquellas que tiene registro el Ministerio Público, sabemos que los casos no denunciados son más) o tal como dice la Comisión Chilena de DD.HH, muchas veces las “pruebas” son otorgadas por los mismos aprehensores, y no podemos ocultar el amplio prontuario de montajes de Carabineros o de incluso ocultar pruebas en su contra, como fue el caso de Camilo Catrillanca.
Según la Vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, en comparación entre octubre y enero del 2018 a octubre y enero de 2019, las detenciones ilegales subieron en un 77,7%. Sólo por nombrar un ejemplo, el joven de 23 años Ignacio Matus, fue detenido por Carabineros el 21 de octubre del año pasado, estuvo 6 meses en prisión preventiva, luego de que se le acusara de porte de munición bajo la Ley de Control de Armas…¿La prueba? Una simple declaración de tres Carabineros, nada más. Le revisaron la cautelar después de 3 meses en prisión preventiva. Finalmente el procedimiento arrojó que no tenía residuos de disparo en sus manos y no fue presentada ninguna imagen que lo vinculara al hecho. Se encuentra con arresto domiciliario desde el 1 de abril.
Hasta fines de marzo de este año, habían más de 4.500 denuncias por violación a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. De todas esas causas, sólo hay 38 formalizados. Número que contrasta complementa con la cantidad de presos políticos. A la fecha, la impunidad policial se mantiene, mientras persiguen a les jóvenes que dijeron Fuera Piñera, los verdaderos asesinos y mutiladores andan sueltos, fiscalizando si cumples con tu permiso temporal en cuarentena o con tu mascarilla.
Tarea urgente: Levantar una gran campaña por la libertad de los presos políticos.
Artistas, intelectuales, sindicatos, organizaciones de DDHH, personalidades de la cultura, parlamentarios/as de izquierda, asambleas territoriales, entre otros sectores, deben repudiar enérgicamente la prisión política de miles de personas, como parte de la política criminalizadora del Gobierno de Piñera, porque ahora en tiempos de pandemia, el Gobierno también se prepara para una catástrofe en curso, que trae despidos, hambre y pobreza. Con un Chile que aún tiene olor a barricada, el Gobierno sabe que no la tiene fácil, por eso intenta regimentar y castigar a la juventud.
Es por esto, que tenemos que levantar ampliamente esta campaña, no dejar pasar ningún ataque, luchar porque en Chile no exista ningún preso político, pues estamos hablando de jóvenes incluso de 16 años que les quieren cargar 10 años de prisión, mientras Piñera, responsable político de todas las muertes y mutilaciones, sigue suelto en La Moneda.
