La militarización por parte de la Guardia Nacional de la presa La Boquilla en Delicias, Chihuahua, provocó el asesinato de dos personas y que muchas más resultaran heridas durante la protesta del pasado 8 de septiembre.
Maestra Teresa Aguilar Maestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Miércoles 28 de octubre de 2020
La militarización ha provocado múltiples crímenes de lesa humanidad en nuestro país, en años recientes a raíz de la “guerra contra el narcotráfico” inaugurada en el sexenio del panista Felipe Calderón.
Es evidente que, aunque la administración de la 4T ha tratado de legitimar la creación y extensión de la Guardia Nacional, para el pueblo que sale a manifestarse por sus derechos y mejores condiciones de vida dicha fuerza armada es parte del mismo aparato represor y asesino dispuesto a imponer la voluntad del gobierno, a sangre y fuego si es necesario.
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Cuando se reportó la muerte de Jesica Silva y la gravedad del estado de salud de su esposo, Jaime Torres, padres de familia y agricultores de Chihuahua, la Guardia Nacional declaró que sus elementos actuaron en defensa propia, ante supuestos disparos de los manifestantes. Semanas después lo desmintió y aceptó su responsabilidad como un error, ¿qué tipo de error significa quitar la vida a sangre fría de dos personas que viajaban en su camioneta a metros de distancia?
Luego de que este asesinato se mantuvo impune durante varias semanas, ahora se dio a conocer la detención de 6 elementos de la Guardia Nacional, a quienes se responsabiliza de los hechos por ejercer “fuerza excesiva”, pero sin mencionar que esto se dio en el contexto de la represión a una protesta social por parte de dicha fuerza, cuyos elementos provienen del Ejército.
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Ante estos hechos, es sumamente grave que el gobierno, en voz del presidente López Obrador, descalifique cualquier protesta en su contra, acusándola de servir a la derecha, como ha hecho con la lucha por el agua en Chihuahua, al igual que con la lucha de activistas medioambientalistas en diversas partes del país.
Este discurso favorece a las empresas privadas, alimentarias, textiles y mineras en su explotación irrestricta de los recursos naturales, afectando a pueblos y comunidades que necesitan de estos recursos para vivir. No solo eso, sino que resta importancia y legitimidad a la lucha y contribuye a la impunidad de los asesinatos y la violencia ejercida en contra de estas protestas, que hoy nos han dejado por lo menos a 25 medioambientalistas asesinados en lo que va del sexenio y a dos más a manos de la Guardia Nacional.
Mientras el problema del agua sigue sin resolverse para las familias de agricultores en el norte del país, aunque la deuda con el imperialismo yanqui ya haya quedado saldada por este quinquenio. Esta resolución, al igual que la Ley Estatal de Aguas de 2018, que favorecen la privatización del agua con la participación de los empresarios en las Juntas de Aguas donde se decide el destino de este vital líquido, en realidad contribuye al encarecimiento del agua para uso de consumo humano, un derecho que debe ser garantizado para todos.
Es urgente la lucha en contra de la militarización del país y por la disolución de las fuerzas represivas del Estado. Así como la organización desde abajo de los trabajadores del campo y la ciudad, independientemente de los grandes empresarios y de los terratenientes que solo buscan enriquecerse también del gobierno y de los partidos del régimen.
