Con 6 votos a favor, Norma Piña fue electa por 4 años como presidenta de la SCJN después de superar a Yasmín Esquivel, candidata de la 4T, desplazada por las acusaciones sobre el plagio de su tesis de licenciatura y a Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, ministro que se presume es cercano a la oposición de derecha quien obtuvo los 5 votos restantes.
Miércoles 4 de enero de 2023
Como pocas veces en la historia de nuestro país la vida interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado protagonismo en la medida en que, por su debilidad en las cámaras y la fortaleza presidencial, la oposición de derecha busca dirimir en los tribunales muchas de las políticas de López Obrador. De ahí que la reciente votación sobre la presidencia de la Corte ganó un lugar privilegiado en la agenda pública.
De cara a la votación la oposición de derecha y la mayoría de los grandes medios comunicación centraron sus esfuerzos en las acusaciones de plagio que caen sobre Yasmín Esquivel y por otro lado en señalar la "necesidad de independencia" del poder judicial y su rol como contrapeso al ejecutivo.
Con la designación de la ministra Piña las principales figuras del PRI y el PAN manifestaron su aprobación, resaltaron la llegada por primera vez de una mujer a ese puesto así como su perfil "imparcial". Minutos después de conocerse el resultado Alito Moreno y Claudia Ruiz Massieu por el PRI; Marco Cortés, Lili Téllez y Santiago Creel del PAN y Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y otras figuras de la casta política dedicaron tweets, columnas de opinión y seguramente el tema seguirá en la agenda de los grandes medios durante algunas semanas intentando mostrar una importante derrota para el presidente y su gobierno.
A estas reacciones se sumaron las declaraciones de López Obrador durante la mañanera del 3 de enero, quien dijo que con ese resultado "Nadie puede decir que hay subordinación, como era antes, de los poderes al Ejecutivo” y señaló también como un hecho histórico que la presidencia esté en manos de una mujer. En el mismo tono se pronunciaron Citlalli Hernández y Mario Delgado por la dirección nacional de Morena.
Por el contrario, figuras que simpatizan con la 4T como el politólogo Abraham Mendieta o Ignacio Rodríguez (El Chapucero) acusan de la llegada de "la ultra derecha" a la corte, o Julio Astillero para quien la caída de Yasmín Esquivel es, en efecto, un duro golpe para el gobierno.
Recordemos que la presidencia de Arturo Zaldívar fue constantemente acusada de colaborar con la agenda del ejecutivo, no solo por sus votaciones sino por la agenda y los temas a los que se les dio jerarquía en la corte. Contrario a ello se ha señalado que Norma Piña se encuentra en el polo opuesto.
En el periodo 2029-2022, de 18 temas que votó la corte sobre las políticas del gobierno, la hoy presidenta de la corte sólo votó a favor de 3, siendo la ministra que menor apoyo mostró a la 4T. Entre esas votaciones resalta la inconstitucionalidad de las leyes en materia energética, la prisión preventiva oficiosa o la llamada Ley Zaldívar que permitió al ministro ampliar su periodo al frente de la SCJN. Algunos de ellos, temas clave para el gobierno que la oposición de derecha enfrentó con amparos y acciones de inconstitucionalidad, en la mayoría de los casos jugando como cabilderos de intereses empresariales.
Las pugnas entre el oficialismo y la oposición de derecha se desarrollarán con mayor fuerza en la medida en que se acerquen las elecciones presidenciales y cada uno de los bandos buscará mejorar sus posiciones rumbo al enfrentamiento electoral, lo que incluye el control del INE, las Cortes y los Tribunales
La nueva presidenta de la corte, cuyo perfil presume estar “por la defensa de los DDHH y los derechos de las mujeres”, dijo que su actuar y la forma en que expresó su voto siempre fue acorde a la constitución y con lo que ella consideraba correcto, pero más allá de este ardid argumentativo y con cierta independencia del signo político del gobierno. La realidad es que, por su mismo carácter, la corte y sus resoluciones representan la justicia para los ricos y poderosos, mientras que los derechos de los trabajadores y los sectores populares, pese a estar muchas veces en la constitución y en las leyes, solo se “defienden” en el papel pero en los hechos son pisoteados permanentemente.
La pelea por el control de la SCJN y la pretendida “búsqueda de imparcialidad” del poder judicial se ha convertido en una cortina de humo que oculta el verdadero carácter y la podredumbre de la justicia y la legalidad burguesas, en la que prima la defensa incondicional de los intereses de transnacionales y grandes empresarios, mientras las necesidades sociales de las mayoría se dejan de lado.
Precisamente aquellos que son las víctimas más recurrentes de la “justicia” de los ricos, los trabajadores, el campesinado pobre y los pueblos originarios, deben de ponerse de pie y prepararse para imponer ─con su lucha y organización unificada e independiente de los actores políticos del régimen que nos somete─ un nuevo orden de justicia que ponga por delante sus propios intereses y no los de los grandes empresarios nacionales y extranjeros.
