Brutalidad Policial. “Nos despertamos con los gritos de un pibe de Rappi hostigado por la Policía”

“Nos levantamos con los gritos del pibe. Estaba trabajando con su bicicleta para Rappi, lo paró la policía. Había tres policías, uno de ellos con una escopeta, que al vernos salir de los balcones le decía a la gente que se meta adentro con la escopeta en la mano. El pibe les repetía todo el tiempo que estaba laburando. Decía que era un trabajador, que tenía que pagar el alquiler, que tenía permiso, que se lo mostraba a la policía y barbijo, tenía que alimentar a su familia”.

Esto cuenta a este diario una vecina de Villa Crespo, que filmó a dos policías deteniendo a un trabajador de Rappi, hostigándolo para que mostrara “los permisos” para circular en la cuarentena obligatoria, y al mostrarlos, continuaron el hostigamiento.

“Le pegaron, y lo que el pibe decía es que si no entregaba el pedido le iban a suspender la cuenta, que era el primer pedido del día, que solo quería salir a laburar”.

Se repiten los casos estos en los que la policía, gendarmería u otras fuerzas de seguridad, persiguen y hostigan de forma brutal a pibes de los barrios populares y a trabajadores que, a pesar de la cuarentena obligatoria, tienen que salir a laburar porque sino sus familias se quedan sin comer.

Hace unos días fueron denunciados los gendarmes que hicieron “bailar” a pibes en la villa 1-11-14 de Flores, o los que hicieron cantar el himno mientras los obligaban a hacer flexiones en Isidro Casanova.

“Cuando vieron que salió la gente a la calle, se tranquilizaron y le empezaron a hablar bien. Al final le gritamos, yuta, te vamos a escrachar por golpear y abuso de poder. Cuando salió mucha gente se calmaron, el yuta hizo una llamada, cuando terminó hablaron con el pibe y se lo llevaron a la comisaria. Agarraron a uno de la calle para que este de testigo de la detención y el justo ese no había visto nada”.

La brutalidad policial y los abusos por parte de las Fuerzas de Seguridad se intensificaron en estos días de cuarentena obligatoria. Con la excusa de hacer cumplir los decretos de Necesidad y Urgencia 260-2020 y 297-2020 que, respectivamente, declararon la emergencia sanitaria y luego el aislamiento social preventivo obligatorio, el Gobierno nacional incrementó de forma exponencial la presencia policial y los controles en las calles, y el gobierno de Larreta en la Ciudad.

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El Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Sabina Frederic, informó ayer jueves que, entre el 21 de marzo y las 15 horas de ayer, a nivel nacional 6.191 personas fueron detenidas en el marco de los operativos montados por las fuerzas federales de seguridad. También se secuestraron 938 vehículos, se demoraron a 201.913 personas y se controlaron 206.716 vehículos.

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En la Ciudad de Buenos Aires, las personas detenidas o demoradas fueron 1.500 a una semana de iniciada la cuarentena. El Gobierno porteño informó que desde que se estableció la medida, el pasado viernes, se registraron 261 ciudadanos detenidos y 1.290 demorados.

Mientras tanto, muchos tienen que salir a trabajar igual, como los trabajadores y trabajadoras de Rappi: son trabajadores precarizados, que si no trabajan no comen.

La situación de aislamiento afecta de forma grave a los trabajadores como ellos, que son precarizados o trabajan en negro: changarines, trabajadoras de limpieza, cartoneros, todos los trabajadores no registrados o informales. Ellos representan casi el 40% de la población asalariada en todo el país, y afecta sobre todo a los jóvenes de hasta 24 años, quienes alcanzan una tasa que supera el 60%.

En la Ciudad de Buenos Aires el indicador de trabajo en negro llega hasta el 25,6%, mientras que en el conurbano bonaerense se ubica por encima con un 36,4%.

Los Gobiernos, tanto de Alberto Fernández como de Rodriguez Larreta, continúan poniendo plata para fortalecer los controles de las fuerzas de seguridad en la calle, que reproducen los abusos, hostigamientos y represiones, sobre todo en los barrios más vulnerables y a los trabajadores informales.

Por eso es urgente que este dinero pueda destinarse a entregar a las y los trabajadores informales un subsidio de 30 mil pesos, ya que los 10 mil que otorgará el Gobierno nacional en abril, no son suficientes. ¿Cómo harán estas familias para comer pagar el alquiler, la luz, el gas, y todos los servicios?

No sólo no pueden llegar a fin de mes sino que los persigue la policía. Brutal.