Editorial. Nos quieren devolver al siglo XV: el hambre no es delito

En un cerrar y abrir de ojos, entre tanta interna en los partidos tradicionales, los planetas se empezaron a alinear entre todos sus integrantes en dos cuestiones fundamentales: el acuerdo con el FMI, y la persecución y represión a la protesta social.

Entonces resulta que el planeta Milei, que inició el pedido de una “brigada antipiquete”, se alineó al planeta Bullrich, que exige la quita de la ayuda a social a quien se manifieste y al poco tiempo tuvo el eco del plantea Larreta, y sobre la misma órbita finalmente se ubicó el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, quien acusó de extorsionadores a los integrantes de las organizaciones sociales que luchan y ratificó el congelamiento de nuevos planes.

Pero entre todos los planetas hay uno que ganó la pulseada con la mano derecha y pasó de las palabras a los hechos. Y este no podía ser otro que el planeta Morales. El gobernador de Jujuy volvió a dar la nota haciendo de la provincia un laboratorio de la represión y la persecución sobre los que pasan hambre, con las detenciones de dos dirigentes sociales Juan Chorolque (MTR-12 de abril) y Sebastián Copello (Polo Obrero) el miércoles pasado.

Con estas detenciones Morales redobló la apuesta, ya a principio de marzo, la policía provincial había reprimido a manifestantes y detenido a siete, entre ellas tres mujeres (una embarazada). Esta semana en una entrevista el Gobernador volvió a cargar contra los dirigentes detenidos acusándolos de “delincuentes”, tal como hizo en la apertura de sesiones en la Legislatura el pasado 1 de abril.

Pero además para Morales las mujeres pobres que se movilizan con sus hijos también son “delincuentes”. Pero, ¿acaso el Gobernador desconoce que son las mujeres las que más sufren el desempleo y quienes conforman la mayoría de las receptoras de la ayuda social?

En todo el país las mujeres son el 57,4 % de las y los más de 2,8 millones de personas registradas en la denominada “Economía Popular”. Estas mujeres no pueden pagar guarderías para dejar a sus hijos cuando se movilizan, si no al contrario, se movilizan porque no llegan a fin de mes. Pero pedirle que se haga eco de esto a Morales, es demasiado, su posición de clase le tapa el bosque.

En Jujuy hay 105.628 personas que reciben ayuda social del Estado y realizan todo tipo de tareas por 19.470 pesos (Plan Potenciar Trabajo, a cobrar en mayo) cuando la línea de indigencia está en 29.928 pesos (febrero 2022). Tareas como, “Construcción e Infraestructura Social y mejora ambiental” (13%), “Comercio Popular y Trabajo en Espacios Públicos” (17%) o “Servicios Personales y otros oficios” (27%).

El problema social es muy profundo, en una provincia donde justamente los trabajadores de la Economía Popular, representan casi el 40 % de la población en edad de trabajar (PEA), un sector que sobrevive trabajando todo el día con changas, venta ambulante y en ferias porque con “el plan” no alcanza. Mientras a la par, otro sector de la clase trabajadora, el 27,8 % que tiene un empleo sale a buscar otro empleoporque tampoco llega a fin de mes. Con esta división ganan los grandes empresarios y el Estado, obteniendo trabajo barato y ultra flexible.

Pero ante esta realidad es más fácil hablar y hablar del cambio de la matriz productiva, una y otra vez, y enviar la Policía a los que manifiestan contra el hambre que realmente solucionarlo. Más aún por parte de un gobierno que prometió “pobreza cero” con Macri y desde 2016 hasta 2021 hay un 45 % más de pobres en la provincia. Una realidad que bajo las órdenes del FMI no tiene como cambiar para mejor, más aún con la inflación que no da respiro.

Cuenta Marx en El Capital que a los expulsados por la expropiación violenta de sus tierras en el siglo XV en Inglaterra, campesinos obligados así a buscar empleo como asalariados, no podían ser absorbidos por la industria con el mismo ritmo en que eran arrojados al mundo. De ahí que forzados por las circunstancias se transformaron masivamente en mendigos y la respuesta del régimen fue implacable. Proliferó una legislación sanguinaria que los trataba como “delincuentes voluntarios”, buscando disciplinar al conjunto de la clase trabajadora.

Salvando las distancias, la expulsión de miles con las privatizaciones en los 90’, seguido por las crisis y recesiones que destruyen empleo, el estancamiento de la inversión frente al crecimiento poblacional, la misma pandemia, arrojan a miles al desempleo, aunque durante estos años por su lucha logran arrancarle ayuda al Estado. Pero si protestan y luchan ante la miseria son nuevamente calificados de “delincuentes”, aunque estemos en pleno siglo XXI.

Es entonces que la salida represiva es propia del manual al servicio de los empresarios y gobiernos, los responsables de la desocupación y la informalidad laboral.

Por eso la defensa del derecho a la protesta necesita redoblar la apuesta por la unidad de ocupados y desocupados, peleando una agenda común por el aumento de planes, el salario, y medidas de fondo como el reparto de las horas de trabajo y la reducción de la jornada laboral, sin afectar el salario, porque necesitamos un cambio de raíz de esta sociedadhecha a la medida de unos pocos, construyendo una salida propia de todas y todos aquellos que día a día con nuestro trabajo hacemos girar al planeta tierra.