El ex prisionero político de la dictadura, Pedro Flores Lagos, sufrió un ataque cardiaco en el contexto de las reuniones de la llamada Mesa de Alto Nivel, que lograron los ex presos políticos luego de semanas de huelga de hambre.
En otras noticias de derechos humanos, se dictó sentencia en dos casos.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Lunes 6 de julio de 2015
Mientras esperaban novedades de la reunión, Pedro Flores sufrió un problema cardiaco y tuvo que ser trasladado de urgencia, siendo finalmente operado en el hospital del tórax, donde aún se encuentra internado y donde sus compañeros de lucha solicitan apoyo económico para su hospitalización.
Como señala el facebook de los ex prisioneros “estos son los resultados del gobierno que no tienen ninguna sensibilidad con los ex- presos políticos, después de terminar la reunión e informar a los compañeros los malos ofrecimientos de este , como aumento de $5.000.000 pagadero en 10 años en cuotas siempre y cuando tenga 65 o más $3.500.000 de 55 a 64 años, $ 2.000.000 de 45 a54 años, $500.000 de 35 a 44 años y nada a los que tienen menos 34 años que son reconocidos Valech 43 menores, que ex- preso político puede soportar este ofrecimiento, es otra tortura mas, mientras los encargados de gobiernos gozan de muy buenos sueldos, la pelea seguirá hasta conseguir mejores pensiones, reparaciones, la unidad es primordial” (https://www.facebook.com/pages/Apoyo-a-Los-Expp-En-Hh-De-Rancagua-Y-a-Lo-Largo-Del-Pais/964936796873315?fref=ts).
Efectivamente, como señalan los ex prisioneros, después de una larga huelga de hambre, protagonizada en su mayoría por personas mayores de 65 años de edad, con altos riesgos para su salud, las exigencias mínimas que plantearon con su lucha, como el aumento de las pensiones, equiparación con el informe Rettig, indemnización, entre otras, no han sido escuchadas.
No puede esperarse otra cosa del gobierno de la Nueva Mayoría, como antes fue la derecha o la Concertación, que siguen siendo parte de las políticas de impunidad, olvido y reconciliación que se instalaron desde la transición pactada.
Mientras los parlamentarios cobran sueldos millonarios, además de recibir otro tanto de financiamiento de grandes empresas, como muestra el escándalo de Penta y Soquimich, los ex prisioneros políticos que lucharon contra la dictadura deben enfrentar una vejez en muchos casos de miseria y pobreza, con pensiones básicas y miserables.
Los ex presos señalan que seguirán luchando y esperan que las propuestas que serán presentadas en la mesa, por parte del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, mejoren. Recordemos que la mesa está compuesta por representantes del gobierno, algunos parlamentarios, Monseñor Goic, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y representantes de los ex presos políticos.
Por otro lado, la Unión de Ex Presos Políticos señaló que los huelguistas de hambre en Osorno tuvieron que bajar su huelga por la grave condición física en que se encontraban (http://www.unexpp.cl/home/).
Condena a violadores a los derechos humanos
El Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Hernán Crisosto condenó a 58 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) como responsables del secuestro calificado de Rodrigo Ugas Morales. Rodrigo fue detenido el 7 de febrero de 1975, tenía 22 años y era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, cuando fue detenido por la DINA, posteriormente fue trasladado a Villa Grimaldi, donde fue torturado y posteriormente desaparecido, a fines del mismo mes.
Su caso es parte del la Operación Colombo, montaje realizado por la dictadura como parte del Plan Cóndor, es decir en conjunto con las dictaduras de otros países de América Latina como Argentina, Brasil o Uruguay y también con la colaboración de los medios de comunicación, que reprodujeron la noticia inventada de que los militantes de izquierda se estaban asesinando entre ellos, cuando la realidad es que fueron asesinados por agentes de la dictadura cívico-militar. Entre otros, fueron condenados con 13 años Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito y Raúl Iturriaga Neumann.
También se condenó a 10 años y un día a Rolf Wenderoth Pozo, Basclay Zapata Reyes, Francisco Ferrer Lima, Fernando Lauriani Maturana, Gerardo Godoy García, Ricardo Lawrence Mires, Ciro Torré Sáez, Manuel Carevic Cubillos, Rosa Ramos Hernández, Teresa Osorio Navarro, José Mario Friz Esparza, Pedro Alfaro Fernández, José Abel Aravena Ruiz, Claudio Pacheco Fernández, José Ojeda Obando, Heriberto del Carmen Acevedo, Luis Torres Méndez, Rodolfo Concha Rodríguez, Hugo del Tránsito Hernández Valle, Juan Urbina Cáceres, Manuel Rivas Díaz, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Silvio Concha González, Héctor Briones Burgos, Carlos López Inostroza, José Fuentealba Saldías, Luis Videla Inzunza, Raúl Rodríguez Ponte, Palmira Almuna Guzmán, Osvaldo Pulgar Gallardo, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, Rafael Riveros Frost y Leonidas Emiliano Méndez Moreno, mientras que Samuel Enrique Fuenzalida Devia recibió 541 días con beneficio de remisión condicional. También fueron condenados a 4 años Eugenio Fieldhouse Chávez, José Jaime Mora Diocares, Delia Gajardo Cortés, Reinaldo Concha Orellana, Osvaldo Castillo Arellano, Víctor Manuel Molina Astete, Fernando Guerra Guajardo, Guido Jara Brevis, Hugo Clavería Leiva, Jorge Venegas Silva, Juan Carlos Escobar Valenzuela, Carlos Miranda Mesa, Víctor Manuel Alvarez Droguett, Raúl Soto Pérez, Moisés Paulino Campos Figueroa, Óscar Belarmino la Flor Flores, Miguel Ángel Yáñez Ugalde y Héctor Carlos Díaz Cabezas. Otros tantos agentes fueron absueltos.
En el caso de José Hernán Carrasco Vásquez también se dictó sentencia. José era un dirigente del MIR que fue detenido por la DINA en 1974, trasladado a Villa Grimaldi y torturado, obligado a participar de una declaración pública junto a otros dos militantes, donde llamaban a terminar con la lucha armada, siguió detenido en Villa Grimaldi, centro de detención, tortura y exterminio de la dictadura y Cuatro Álamos, hasta que fue liberado cerca de septiembre de 1975. El 20 de noviembre de ese año fue detenido nuevamente y llevado a Villa Grimaldi por tercera vez, donde nuevamente fue torturado y posteriormente ejecutado. Su cuerpo fue encontrado a inicios de diciembre cerca de Buin.
La dictadura intentó acusar al MIR de este caso, pero la justicia determinó que fue asesinado por la DINA. Según indica el poder judicial “en la resolución, el ministro Llanos responsabilizó por el delito de secuestro simple a los agentes de Dirección de Inteligencia Nacional (DINA): Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes. En tanto, los agentes Manuel Contreras Sepúlveda, Pedro Espinoza Bravo, Marcelo Moren Brito, Rolf Wenderoth Pozo, Raúl Iturriaga Neumann, Gerardo Urrich González, Adelina Ortega Sáez, María Alicia Uribe Gómez y Alicia Muñoz Gatica fueron acusados del delito de homicidio calificado”.
