Neswletter. Novedades en la causa de Facundo Astudillo Castro: ¿qué pasará con los policías criminales?
Berni y Kicillof instalan la falsa idea de que “se puede caer” la causa por la desaparición y muerte del joven ocurrida en 2020. Para salvar a la Policía Bonaerense, quieren “anular” pruebas del expediente. “Embarran la cancha para que ese facho salga airoso, pero no van a lograrlo”, dice Cristina Castro. Fiscales en problemas y detalles del caso que jaqueó la retórica frentetodista de los “derechos humanos”. Nueva entrega de Antipoliciales, crimen y violencia con una mirada de otra clase.
Hola, ¿cómo va? Espero que bien. Recordarás que hace tres años, en medio de la cuarentena represiva con la excusa de la pandemia, el país estaba expectante por lo que pasaba en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Cristina Castro, laburante de la estación de servicio Shell de Pedro Luro, denunciaba desesperadamente que su hijo de 22 años estaba desaparecido desde el 30 de abril y que la última noticia que tenía de Facundo era que lo había detenido la Policía Bonaerense en la Ruta 3 cuando hacía dedo para ir a ver su exnovia a Bahía Blanca.
Más de cien días búsqueda. Rastrillajes infructuosos. Hallazgos de evidencias en comisarías y patrulleros. Maniobras distractivas de funcionarios (lo que incluyó la creación de una “testigo” que la misma Policía metió por la ventana). Mentirosas “primicias” propaladas desde medios adictos al poder. Y muchas marchas en reclamo de la aparición con vida del Kufa. Hasta que el 15 de agosto su cuerpo esqueletizado apareció tirado en un cangrejalen el que nadie puede “perderse”. Menos aún ahogarse.
“¡Se ahogó!”, dijeron desde el gobernador Kicillof y su ministro Sergio Berni hasta rasos militantes kirchneristas que, vaya a saberse por qué, reproducen relatos autocomplacientes en vez de dudar y buscar la verdad. Así, Cristina y su familia fueron revictimizadas. Hasta se dijo que buscaban plata en lugar de justicia.
En los párrafos que siguen ella misma cuenta qué pasó en estos tres años. E intentaremos explicar el estado actual de la causa judicial (mejor dicho, las causas) donde se investiga una desaparición forzada seguida de muerte y los mayores implicados son miembros de la Policía Bonaerense. El caso sigue abierto, pese a que Kicillof, Berni y sus escribas instalen la idea de que “se puede caer” si logran anular algunas pruebas del expediente. “Embarran la cancha para que ese facho de Berni salga airoso, pero no van a lograrlo”, le dice Cristina a este cronista.
Julio de 2020. Cristina en uno de los rastrillajes, con su uniforme laboral | Foto archivo Clarín
Tres juntas y revueltas
Si el caso de Facundo Astudillo Castro se redujera a un mero “accidente” fatal por pura imprudencia y sin intervención de policías, ¿por qué aún no hay un esclarecimiento que lleve tranquilidad a las maltrechas almas de sus seres queridos? Más aún, ¿por qué en el Poder Judicial se tramitan tres expedientes paralelos, plagados de pruebas y contaminados de triquiñuelas?
En el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca hay tres causas abiertas. A efectos prácticos les diremos Causa 1 (la principal), Causa 2 y Causa 3. A cargo de ese juzgado está el juez federal Walter López Da Silva y cada causa tiene fiscales diferentes. En la 1, el Ministerio Público puso un equipo conformado por Iara Silvestre, Horacio Azzolin y Alberto Gentili. En la 2 actúa Gabriel González Da Silva (medio apellido igual que el juez, sin parentesco aparente). En la 3 el fiscal federal es Ulpiano Martínez.
La Causa 1 se inició en julio de 2020, cuando el expediente judicial pasó del ámbito provincial al federal. Allí se investiga la desaparición de Facundo, los hechos que llevaron a su muerte y el hallazgo de su cadáver. Pese a las pruebas acumuladas en 37 cuerpos (al menos 7.400 fojas) la causa aún no tiene procesados. De mínima deberían estar en esa condición los policías Jana Curuhinca, Mario Sosa, Alberto González y Siomara Flores; quienes reconocieron haber parado a Facundo dos veces y hasta lo fotografiaron.
Policías Mario Sosa, Jana Curuhinca, Siomara Flores y Alberto González | Fotos de redes sociales
En esa causa las querellas son Cristina Castro, patrocinada por los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto, y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), a través de la abogada Margarita Jarque, en calidad de querella institucional.
Buena parte de la instrucción estuvo en el Juzgado Federal N° 2 bahiense, a cargo de María Gabriela Marrón, y quien “investigaba” era Ulpiano Martínez (si querés saber más de él entrá acá). Ambos terminaron fuera de la causa. En marzo de 2021 el fiscal dejó el caso acusando “violencia moral” de parte de las querellas, que lo habían denunciado ante la Procuración General de la Nación. Nueve meses después la Cámara Federal de Casación Penal apartó a la jueza, a quien los fiscales reemplazantes de Martínez habían recusado por jugar en favor de la Bonaerense.
La Causa 2 también se abrió en julio de 2020 y es un desprendimiento de la Causa 1. Los abogados de Cristina denunciaron a Ulpiano Martínez por encubrir a los policías en complicidad con funcionarios del Municipio de Villarino (en manos del massista Carlos Bevilacqua) y operadores mediáticos. El fiscal, en vez de apartarse de la causa abrió un una paralela y la mandó al otro juzgado federal, el de López Da Silva.
El juez ya tenía la Causa 2 cuando, tras el apartamiento de Marrón, la Causa 1 cayó en su juzgado. Decidió mantenerlas separadas. En la 1 ya trabajan los fiscales Silvestre, Azzolin y Gentili. Curiosamente, nunca pidieron unificarlas. Así, mientras ellos siguieron en la causa principal, la 2 quedó en manos de Gabriel González Da Silva, a cargo de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal de Bahía Blanca.
A la denuncia de los abogados de Cristina contra Ulpiano se sumó una de la Comisión Provincial por la Memoria. Pero a ambos el juez les negó ser querellantes, limitando la posibilidad de pedir medidas de prueba y aportar testigos.
Sobran razones para colocar la Causa 3 lejos de las otras dos. Pero es imposible no vincularlas. Porque se tramita en el mismo juzgado de López Da Silva. Porque trata sobre pericias hechas en la Causa 1. Y porque su fiscal a cargo es Ulpiano Martínez, corrido patéticamente de la causa principal y denunciado por encubridor en la Causa 2.
Ese tercer expediente se inició tras una denuncia del abogado Sebastián Martínez, apoderado legal del Municipio de Villarino y defensor de los policías Curuhuinca, Sosa, Flores y González. A principios de abril acusó al adiestrador canino Marcos Herrero de “plantar pruebas” durante la búsqueda de Facundo, donde actuó como perito de la familia. Los hallazgos de sus perros ayudaron a trazar parte del recorrido del joven tras su “encuentro” con la Policía.
En 2022 el abogado Martínez ya había pedido en la Causa 1 la “nulidad” de las pericias de Herrero, quien acababa de ser detenido por el Poder Judicial de Mendoza en el marco de una causa que nada tiene que ver con la de Facundo. El juez López Da Silva rechazó el planteo de Martínez, ya que las pericias de Herrero se hicieron con todas “las formalidades”, bajo custodia de Gendarmería, con “actas rubricadas por funcionarios y testigos” y bajo control del propio Ulpiano. El abogado no apeló el rechazo, pero sí arregló con su tocayo fiscal armar una causa paralela.
Jueza María Gabriela Marrón y fiscal Ulpiano Martínez
Los Martínez crearon la Causa 3 para boicotear la Causa 1. Quieren dar por cierto que, como Herrero fue condenado en marzo por “encubrimiento” en Mendoza (a mil kilómetros de Bahía Blanca), lo hecho en el caso de Facundo debe anularse. Pero aquella condena no sólo no está firme sino que probablemente caiga en instancias superiores (en otra entrega de Antipoliciales hicimos un análisis detallado de ese proceso). Sin embargo, Ulpiano pidió a López Da Silva que procese y detenga a Herrero. El juez aceptó sólo procesarlo.
Perdón por la ensalada de nombres y datos. Como diría un viejo profesor del colegio industrial, siempre preocupado por que no queden dudas, “cualquier cosa podés preguntar”.
“Toda esa locura la hizo la Bonaerense”
Hace unos días este cronista llamó a Cristina Castro. Desde hace tres años conversamos con frecuencia. Volvía de su jornada laboral en la estación de servicio. Con su voz serena y firme, habló de estos tres años y de aquel momento en el que, en plena y desesperada búsqueda, recibía el destrato y los engaños del Estado.
“Todavía me cuesta ver todo lo que hicimos en estos años, porque mi meta es llegar a la justicia y que los culpables vayan presos. Sí recuerdo como un logro importante haber conseguido que Berni y la Bonaerense dejaran de ‘investigarse’ a sí mismos”, dice sobre el traspaso en julio de 2020 de la causa provincial por averiguación de paradero” a la federal por “desaparición forzada” (Causa 1).
Recuerda que una noche, cuando volvía de Bahía Blanca a Pedro Luro con su abogado Luciano Peretto, a la altura de General Cerri la Policía estaba parando el tránsito. “Mostraban una foto y decían ‘es un delincuente peligroso, lo estamos buscando’. ¡Era la foto de Facu! Lo vi yo, no me lo contaron. La Policía Bonaerense llegó a hacer rastrillajes con perros sin darles nada de Facu. Usaron una almohada que él nunca había usado y ni dijeron de dónde la sacaron. Toda esa locura hizo la Bonaerense, pero era un escándalo pensado para tapar todo”, sentencia.
- ¿Alguien puede dudar de que en esos momentos Berni estaba al tanto de todo?
- Yo creo que no. Cuando me reuní con el secretario de Berni, un señor que casualmente después renunció, él estaba en Mayor Buratovich junto a los policías mencionados en la causa. Estaba a treinta kilómetros, no le costaba nada subirse a un vehículo y venir a Pedro Luro. No quiso. Y encima me dijo a través de los medios ‘señora, si usted quería que nos fuéramos, nos vamos’. No era lo que yo quería, era la Justicia la que se lo ordenaba.
Tarda en llegar
Para Cristina la causa principal no está estancada, pero reconoce que sin su pelea constante “para que vaya para adelante” la situación sería peor. “Hace poco hablé con la fiscal Iara Silvestre y me aseguró que están trabajando, que aunque no se vea todavía se está avanzando. Yo quiero creerle. Pero seguimos esperando algunas pericias que son muy importantes y algunas ni se completaron”, remarca.
Fiscales Horacio Azzolin, Iara Silvestre y Alberto Gentili
El equipo integrado por Silvestre, Azzolin y Gentili confiesa estar actuando. Pero la causa se extendió preocupantemente y aún no se procesó siquiera a Sosa, Curuhinca, Flores y González. Hace más de un mes los fiscales se reunieron con las querellas, pero al día de hoy Cristina sigue esperando que se dé ese paso fundamental. No hacerlo es perjudicial para la familia de la víctima. Mientras el tiempo pasa, los responsables políticos despliegan su campaña sucia, repitiendo que Facundo se murió por caminar a la deriva y quedar “atrapado” en el cangrejal.
Los fiscales dicen que están a la espera de un informe del entrecruzamiento de más de 80 líneas telefónicas de policías bonaerenses que actuaron al inicio del caso. En 2020, cuando el equipo estaba encabezado por Andrés Heim (entonces titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, reemplazado luego por Gentili), pidieron a Marrón esa medida, pero la jueza lo denegó. Recién comenzaron a hacerse luego de que la Cámara de Casación desplazó a Marrón.
Otra pericia pendiente fue solicitada hace tiempo por la Comisión por la Memoria. Se trata de un informe sobre las características de la ría del cangrejal. La idea es saber qué posibilidades hay de que alguien se ahogue allí. Ya hay testimonios de baqueanos y pescadores que dicen que es imposible. El informe científico será aporte sustancial para desarmar el relato oficial.
En la Causa 1 tampoco se analizó aún el teléfono de Jana Curuhinca, dado que se niega a dar la clave de desbloqueo. Parece chiste, pero no. Desde ese teléfono se fotografió a Facundo junto a un patrullero y a Mario Sosa. La foto, junto a otras del DNI (que nunca apareció) estaba en la bandeja de entrada del celular de Sosa, pero el teléfono que las sacó sigue sin ser peritado.
Y los fiscales tampoco investigan a la Testigo H, que apareció antes que el cuerpo de Facundo para sostener el relato policial. Es una productora rural, amiga de milicos, metida en la causa por Sosa y Flores. Su existencia fue “primicia” de periodistas cómplices, pero el fiscal Ulpiano Martínez durante días se la ocultó a la madre de Facundo.
E.“H”.R. (está penado decir su nombre completo) es testigo de identidad reservada, aunque no se explica qué riesgos corre para detentar esa categoría. En más de un despacho judicial la conocen y no pocos comentan sus vidriosos vínculos con rancios sectores del poder local. Tan celoso fue el fiscal Martínez con ella que hasta le negó a la familia de Facundo durante varios días conocer su testimonio, no exento de contradicciones. En la causa incurrió en la figura de “testigo reticente” (lindera con el “falso testimonio”).
Parece loco, pero mientras los 37 cuerpos de la Causa 1 están virtualmente inmóviles, en las causas 2 y 3 pasan cosas.
En la 2, donde las mismas querellas de la 1 denuncian a Ulpiano Martínez y otros por filtrar información secreta aún antes de que la tuvieran las partes, se analizan maniobras e irregularidades que incluyen la probable adulteración de documentos públicos, cometidas por funcionarios y policías.
El accionar de los denunciados iría de la provisión de “primicias” desde la Fiscalía de Martínez, el Juzgado de Marrón y despachos políticos a medios como La Brújula (segunda marca del multimedios La Nueva Provincia), hasta la creación de un relato salvador de la Policía puesto en boca de la Testigo E.”H”.R.; pasando por el apriete a testigos que aseguran haber visto a Facundo levantado por un patrullero en la ruta.
En esa Causa 2 uno de los denunciados es el operador Germán Sasso, escriba de La Brújula y autor del libro Operación Facundo, una suerte de novela promocionada por Berni y Kicillof con prólogo del abogado y asesor del ministro de Seguridad Miguel Ángel Pierri. El 13 de julio de 2020 el sagaz Sasso escribió en Twitter que estaba al caer una testigo “clave” que haría girar la causa. “Hoy podría declarar una mujer que el 30 de abril por la tarde transitó por la ruta 3. ¿Habrá visto algo?”, babeaba. Al día siguiente apareció la “Testigo H”, quien sin convicción dijo haber trasladado a Facundo hasta cerca de Bahía Blanca (alejándolo de la zona donde desapareció).
Sin grietas. La novela de Germán Sasso promocionada por Sergio Berni, Miguel Ángel Pierri, Victoria Tolosa Paz y Diego Santilli | Fotos Twitter Germán Sasso
A su vez, para ayudar en el encubrimiento desde el Municipio de Villarino aportaron informes de tránsito de aquel 30 de abril en la Ruta 3. Las lectoras de patentes del puesto de control fitosanitario cercano a Bahía Blanca no habrían registrado el paso de los testigos que vieron a Facundo en la ruta, pero sí el auto que E.”H”.R. dice haber manejado ese día. Pese a ello, los testigos tienen pruebas que certifican su paso por esa ruta el día y la hora en que, verosímilmente, pudieron ver a Castro. Por eso los informes municipales están sospechados y hoy se investiga si el Municipio cometió falsificación de documento público.
Pese al paso del tiempo, el fiscal Gabriel González Da Silva está haciendo movimientos en la Causa 2 que dan algo de esperanza a la familia de Facundo.
El 27 de abril le pidió a sus superiores de la Procuración General de la Nación un informe sobre tres legajos abiertos contra Ulpiano Martínez tras la denuncia que Cristina y sus abogados hicieron en 2020 ante el procurador Eduardo Casal. Denuncia que debería derivar en un jury de enjuiciamiento, aunque siempre es difícil que el chancho chifle.
Luego de que el procurador Casal conminara a los fiscales de las causas 1 y 2 a trabajar colaborativamente, el 31 de mayo González Da Silva les pidió a Silvestre, Azzolin y Gentili detalles de las denuncias contra Ulpiano en la causa principal. También les preguntó si ellos vieron un actuar irregular tanto de su colega como de las fuerzas federales que participaron de rastrillajes y pericias. Sobre la filtración de datos sensibles a “periodistas” como Sasso, el fiscal quiere saber si esas “primicias” frustraron o alteraron la obtención de pruebas reales.
Cristina Castro denunciaba en julio de 2020 la filtración de información desde sedes judiciales a medios adictos
El 15 de junio el fiscal amplió el pedido a sus colegas. Quiere saber si Ulpiano intentó interferir en la Causa 1 aún después de haberla dejado. Particularmente le interesa si allí denunció al perito Marcos Herrero, dado que pidió su procesamiento y detención en la paralela Causa 3. Oh, sorpresa, no lo hizo. También quiere saber si en el libro de Sasso hay información que haya violado el “secreto sumarial” y cómo llegaron a manos del novelista las fotografías que ilustran su obra (tomadas por policías y gendarmes).
González da Silva quiere saber cómo fluyó la información desde sedes judiciales a redes sociales en los momentos álgidos de la Causa 1, aún cuando esa información no había sido volcada formalmente al expediente. ¿Quién o quiénes son ese nexo secreto con los operadores mediáticos y con el Gobierno bonaerense? El fiscal se pregunta si hubo (y si hay) una copia de la causa principal en manos ajenas? Preguntas que, inexorablemente, se deben responder.
El funcionario también quiere saber quiénes concurrieron y de qué se habló en un asado clandestino (estaba prohibido reunirse en cuarentena) en el vivero municipal de Villarino, el viernes 7 de agosto de 2020, a una semana de que apareciera el cuerpo de Facundo. El evento lo organizó el intendente Bevilacqua y asistieron funcionarios, policías y periodistas amigos. Algunos detalles del encuentro los contamos oportunamente en una nota de La Izquierda Diario. Un testigo presencial del “asadito” ya declaró en la Causa 1 y confirmó varias cosas. Falta que otra testigo aporte el listado completo de participantes. Habría que llamar a Bevilacqua para que dé sus explicaciones. Por el momento, eso no estaría en los planes de González da Silva.
A mediados de junio Cristina Castro y Leandro Aparicio declararon como testigos en la Causa 2. Ratificaron su denuncia y dieron más detalles del accionar de los imputados. Próximamente declarará Cipriano García, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. Brindará más información, especialmente sobre las denuncias contra Marrón en el Consejo de la Magistratura y contra Ulpiano en la Procuración.
El 22 de junio Silvestre, Azzolin y Gentili le respondieron los escritos a su colega González Da Silva. Fue con una serie de generalidades que no despejan todas las dudas. Confirmaron que hubo denuncias en la Causa1 contra Ulpiano y que ellos mismos lo criticaron por su actuación en ese expediente. Sin emitir juicios de valor, dejaron muy mal parado a su colega.
Si González Da Silva sigue avanzando, probablemente la causa pegue un salto y en lugar de investigarse un “encubrimiento” se pase a investigar una “asociación ilícita”. Las pruebas indicarían que el primer fiscal federal de la causa actuó junto a sus cómplices para cambiar la percepción social sobre el crimen de Facundo. Llevada la lógica hasta el final, podrían ser considerados partícipes necesarios y secundarios, según cada caso, de la misma desaparición forzada seguida de muerte.
Tal vez por eso a Ulpiano Martínez se lo ve más nervioso que de costumbre. Imputado en la Causa 2, tomó una actitud beligerante hacia quien lo investiga. La ansiedad lo tiene a mal traer y ya presentó en la causa al menos cinco pedidos de “celeridad” (ésa de la que él adolece). Paralelamente, intenta destruir las pruebas halladas en la Causa 1 por Marcos Herrero.
Arriba: amuleto propiedad del hermano de Facundo. Abajo: réplica hallada en comisaría de T. Origone. Regalos de la abuela a Facundo y sus hermanos.
¿Quién gana la tarcera?
Cristina Castro tiene claro que en Bahía Blanca la campaña contra Herrero la empezó Ulpiano Martínez. Pero también que no es el único interesado en voltear las pruebas obtenidas por los canes. “Son varios los que usan este tema, buscando la forma de tirar abajo la causa de Facu. Pero tal vez no sepan que, con todas las pruebas que tenemos y recopilamos, estén o no las pericias de Marcos Herrero la causa no se va a caer. Marcos no hace a la causa. Todas las demás pruebas están ahí y no pueden ocultarlas”, aclara.
Pero además la madre de Facundo reitera que las pericias de Herrero “fueron aprobadas por jueza, fiscales, ratificada por la Cámara y en el momento en que los perros hacían sus rastreos había una supervisión directa de Gendarmería. A Herrero lo acusa Martínez, pero su propio secretario estuvo presente en esas pericias. Y hubo testigos en cada peritaje, que no conocemos. Quieren embarrar un poco la cancha para que Berni pueda salir airoso y sacarle las culpas que tiene, pero no lo van a lograr”, sintetiza Cristina.
Hace pocos días, el imputado Sasso escribió en La Brújula que “está archi demostrado que Herrero es un chanta que se ha dedicado sistemáticamente a embarrar causas judiciales en provecho propio y de terceros. Sus mentiras no solo han desviado investigaciones, sino que ha jugado con la libertad de gente inocente”. ¿En serio? ¿Dónde está “archidemostrado” eso? De las bravatas de Sasso y otros adictos al poder se trasluce un “plan” para avanzar hasta donde puedan.
En la Causa 3, iniciada por la floja denuncia del abogado de los policías, Ulpiano acusa a Herrero de “falso testimonio” y “falsa denuncia”. Para desautorizar sus técnicas de rastreo, se apoya en el testimonio de otro adiestrador, Mario Rosillo, quien paradójicamente actuó en otras causas (con condenas firmes) usando el mismo método de Herrero.
El perito es defendido por Leandro Aparicio. Coherentemente, apenas tomó el caso el abogado recusó al fiscal Martínez por su “conducta tendenciosa, parcial y conducente a obstaculizar” la Causa 1. Pero Ulpiano rechazó la recusación y Aparicio apeló ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.
Lo que no apeló el defensor es el procesamiento de Herrero pedido por Martínez y concedido por López Da Silva. No lo hizo porque aún esperan que el fiscal explique cuáles son los hechos de los que se acusa al perito. Algo lógico. Toda defensa debe basarse en la evaluación de las pruebas. Y de eso, en la causa no hay nada. Encima, el juez no cumplió con la obligación procesal de convocar a una audiencia donde las partes expongan sus argumentos.
El pasado jueves 13 de julio la Cámara le dio parte de la razón a Aparicio. Los camaristas Leandro Picado y Roberto Amabile ordenaron al juez López Da Silva que atienda los requerimientos de la defensa y convoque a esa audiencia adeudada. Cola de paja, Da Silva enseguida citó a indagatoria a Herrero para el 3 de agosto, algo que Aparicio ya había pedido pero el juez dilataba sin motivos. Luego, debería convocar a la audiencia, donde el abogado tiene previsto citar a una decena de testigos que ayudarían a desarmar esa causa.
La defensa de Herrero confía en que se desplazará al fiscal Ulpiano Martínez y que, si se recogen las pruebas y testimonios necesarios, el juez López Da Silva cerrará la causa y sobreseerá al perito. Cuentan con un aliciente: el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones que debe expedirse sobre el pedido de recusación contra Ulpiano es Horacio Azzolin, quien como parte del equipo fiscal de la Causa 1 ya cuestionó a su colega por su accionar en la instrucción. Sobran razones para pensar que a Martínez le queda poco también en la Causa 3.
Y hay que recordar algo importante. Sacando la causa armada en Mendoza, en ningún otro lugar Herrero fue condenado. Tampoco procesado, sacando esta causa armada por Ulpiano en Bahía Blanca. Hoy vive en Viedma y nada le impide seguir trabajando como siempre.
“En el caso de Facundo Castro están blindando a Berni y Kicillof, la campaña electoral lo demanda y son capaces de hacer cualquier cosa”, confiesa una alta fuente consultada para este informe. Cristina va un poco más allá. Después del momento más tenso del caso, en 2020, no se comunicaron más con ella ni desde el Gobierno de Kicillof ni del de Alberto Fernández. Ni siquiera para saber cómo está. “Yo sé que cada gobierno que pasa tiene sus muertos en el placard. Acá bancaron a Berni. Y bancar a Berni es bancar la dictadura, es bancar la muerte de los pibes, el armado de causas y todo lo demás”.
Agosto de 2022. Cristina Castro y sus abogados salen de reunirse con Kicillof en La Plata. El Gobernador nunca más se comunicó con ella | Foto Joaquín Díaz Reck - Enfoque Rojo
El cronista le pregunta cuál de todas las maniobras de encubrimiento y aprietes que debió soportar le parecieron más increíbles. “Los patrulleros rondando todo el tiempo en nuestros domicilios, la aparición de una bala en la puerta de la casa de una chica que venía desde Bahía Blanca a solidarizarse con nosotros, el dedo de plástico que dejaron el día del cumpleaños de mi hijo en el baño de la estación de servicio, justo en el horario en que yo debía entrar a limpiar”, enumera. En ese último episodio, ella había cambiado el turno y “no tuvieron el gusto de que fuera la que encontrara ese mensaje macabro”.
- ¿Qué pensás cuando hoy ves a Berni en funciones, como si nada, ocultando la violencia de la Policía en otros casos y encabezando una lista de senadores de Unión por la Patria?
- Que los fachos están queriendo volver a la época de la dictadura y lo hacen a través de tipos como él. Berni nunca hizo un mea culpa y dijo “sí, actuamos mal”. Nunca. Es como que tuviera las venas conectadas con Etchecolatz.
El viernes 30 de junio Cristina participó desde Pedro Luro en una audiencia pública realizada en la Legislatura Bonaerense sobre gatillo fácil y demás violencias del Estado, convocada por la diputada Laura Cano del PTS y las bancas del Frente de Izquierda. Allí intercambió con otras madres y referentes de lucha. “Se vienen tiempos más duros y hay que organizarse”, dice. Para ella “nadie gana las batallas solo, es todos juntos, porque gane quien gane en las elecciones van a seguir persiguiendo y matando a nuestros pibes”.
Agrega que “a nuestra hermosa y rica Argentina la han saqueado de punta a punta. Los que gobiernan son mediocres, nos han empobrecido y matan a nuestros jóvenes. Por eso este gobierno, para ‘cuidarnos’, ratifica a un facho como Berni”. Durante la charla telefónica recibe información desde Jujuy, de la misma gente reprimida por Gerardo Morales. “Me solidarizo con ellos, los atacan porque los quieren colonizar, les quieren extraer y robar. Tanta agresión como la que estamos viendo yo sólo creo que se vio en dictadura. Imponer cosas al pueblo sin que el pueblo esté de acuerdo. Pero no saben que la Patria somos nosotros”.
Gracias por la lectura atenta. Hasta dentro de quince días. Cuidate de la gorra. Y avisá si te enterás de algún nuevo capítulo del rati horror show. No seas botone.
Postdata 1- Esta semana el Poder Judicial de Jujuy liberó a las y los detenidos con causas armadas por haber participado de las protestas del 20 de junio en San Salvador. Como recordarás, ese día hubo masivas protestas frente a la Legislatura contra de la aprobación de la Reforma Constitucional impulsada por Gerardo Morales con acompañamiento del peronismo. Tras la sangrienta represión de la Policía hubo una cacería de activistas y referentes políticos y sociales. Todo lo que pasa en Jujuy podés verlo en la sección especial de La Izquierda Diario.
Postdata 2- Esta semana Valeria Jasper nos informa sobre el crimen de Sebastián “Nino” Largueri, secuestrado el 14 de agosto de 2015 por policías de la comisaría de Monte Caseros, Corrientes. Lo torturaron y quince días después su cuerpo apareció en el Río Miriñay. Tras un juicio anulado por “parcialidad”, ocho años después está en curso un nuevo proceso contra los oficiales. Anahí Andrade, hermana de Nino, cuenta las similitudes del caso con el de Luciano Arruga y cómo, que pese a las amenazas y persecuciones a la familia, no dejan de exigir justicia por él y todos los pibes víctimas de la violencia estatal.
Postdata 3- Pisando memoria. Entre risas de campaña, el gobernador Kicillof y su ministro Berni compartieron con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, la entrega de 90 patrulleros de la Bonaerense. Lo hicieron en el predio donde funcionaron en dictadura los chupaderos Puente 12 y El Banco. En el lugar todavía hay pruebas de interés para juicios de lesa humanidad. Donde había un crematorio clandestino ahora Berni estaciona las patrullas de la UTOI. El repudio no se hizo esperar y te lo cuento en esta nota.
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Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).
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