Una vez emanado el texto final desde el consejo constitucional, sólo queda el plebiscito a realizarse el 17 de diciembre para votar "a favor" o "en contra" de la propuesta. Atrás ha quedado (o al menos ha sido el intento de la élite) la discusión sobre las aspiraciones de las grandes mayorías y mucho más atrás también, la participación ciudadana, sobre todo de quienes fueron la chispa que encendió la revuelta con el salto de torniquetes: niños niñas y adolescentes que cuestionaron la privatización de nuestros derechos y la represión policial
Sábado 18 de noviembre de 2023
A poco más de un mes para el plebiscito donde se aprobará o rechazará la nueva propuesta constituyente, se vuelve a abrir el debate político respecto a la "carta fundamental" en Chile. Se presenta a la constitución, como garante de los derechos sociales o garante de quienes puedan pagarlos según quién hable en los medios tradicionales de comunicación.
Poco y nada se aborda sobre el proceso de rebelión abierto el año 2019 y la apuesta de la clase dominante Chilena por cerrarla rápidamente, no sin muertos, personas injustamente (e ilegalmente) encarceladas por movilizarse, torturas entre otros sucesos.
Las posturas "a favor" y "en contra" defendidas principalmente por los partidos con representación en el Congreso, quienes hace un año se posicionaban en las veredas del "rechazo" y el "apruebo", se centran casi totalmente en el debate electoral de una constitución espuria [1], nacida bajo bases antidemocráticas, algo que fué muy gráfico en el Acuerdo por Chile, pero que en su antecesor el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución (2019) se pintó de más participativa por la derecha la ex concertación y el Frente Amplio, para salvar el pellejo del régimen heredado de la dictadura (con Piñera como su símbolo de gobernabilidad y máximo protegido) más que para resolver nuestras necesidades.
Uno de los ejemplos más claros de ésta situación -aparte de que las condiciones y reglas del proceso fueron en todo momento creadas y vigiladas de cerca por el Congreso, negando la posibilidad a las grandes mayorías de elegir el reglamento del "nuevo proceso" y sus delegados constituyentes de manera directa y democrática- fué que se dejó fuera a uno de los actores más notables de la revuelta popular del año 2019: Estudiantes secundarios, adolescentes en su mayoría que jugaron un rol político importantísimo para lo que vino después.
Tanto en el Acuerdo por la paz, como en el Acuerdo por Chile la votación de constituyentes/consejeros y la votación en el plebiscito de salida es desde los 18 años en adelante, dejando fuera a estudiantes secundarios, niñxs y adolescentes que mostraron una determinación y mirada crítica al sistema del que son parte sin poseer (aún) la categoría de ciudadanos.
Y es que no solamente en las evasiones masivas se demostró la conciencia de los jóvenes, sino que en su presencia y combatividad en las calles durante las masivas movilizaciones.
Es preciso mencionar, que esto no empezó ni terminó el año de la revuelta. Antes y después tenemos muestras continuas de su participación política por fuera de los márgenes de la institucionalidad heredada de la dictadura. Es cosa de ver los reclamos y movilizaciónes secundarias contra las condiciones precarias de estudio como de estudiantes y trabajadores en Til Til frente al cierre de varios colegios municipales.
También podemos ver desde el año 2006 en adelante una tendencia a la discusión política, a las propuestas frente a la mercantilización de la educación y organización en distintos organismos que articulan a estudiantes de diferentes colegios y universidades.
Pero el rostro adultocentrista y castigador del régimen Chileno no oculta sus facciones. Jóvenes, adolescentes y niñxs no pueden votar pero sí pueden ser sujetos de persecusion política en sus lugares de estudio (con leyes aberrantes con esta función como Aula Segura), también sus casas pueden ser allanadas como en el territorio mapuche militarizado. Es cosa de ver el ingreso de Carabineros al liceo de aplicación la semana pasada, reteniendo en el patio, a unos 100 estudiantes y revisando sus mochilas, cual redada policial. Dejaron en claro que estudiante y delincuente para los agentes del Estado no son categorías entre las cuales hay que distinguir.
En conclusión, la exclusión política de jóvenes, adolescentes y niños en este proceso constituyente, ha sido expresión de un fraude antidemocrático que excluye a su vez, de su constitución, funcionamiento y discusión, los intereses de las grandes mayorías, las personas trabajadoras de éste país, ven su calidad de ciudadanas degradadas, no solo en cuanto a derechos laborales sino políticos, dos aspectos de un problema social (la de resolver nuestras necesidades) que la élite no puede, ni quiere, resolver.
Para dar un paso adelante en cuanto a derechos en nuestra sociedad, debemos reconocer que jóvenes, adolescentes y niños son sujetos políticos, con opiniones igualmente válidas que una persona adulta. Esto incluye porsupuesto, el derecho a voto desde los 14 años. En definitiva, son sujetos a incluir en las discusiones democráticas y no seres imputables para incluir en el sistema penitenciario.
[1] Que es falso, ilegítimo, no auténtico o fingido. Siguiendo el uso del historiador Sergio Grez en textos como "Asamblea Constituyente", 2015.
