Dos jóvenes de iniciales B.J.M y G habrían denunciado a sus cuidadores de golpes reiterados y agresiones psicológicas.
Antonio Paez Dirigente Sindicato Starbucks Coffe Chile
Miércoles 16 de agosto de 2017
Como ya se ha hecho costumbre, nuevamente un centro de internación del SENAME es denunciado por mantener funcionarios que agreden constantemente a los jóvenes que viven dentro de sus instalaciones.
Esta vez fue el turno del recinto ubicado en Playa Ancha, mismo lugar que hace unos días vivió la fuga y posterior captura de dos jóvenes que están siendo parte de una investigación por delitos menores.
El CREAD de Playa Ancha acumula ya un sin número de denuncias realizadas por los jóvenes internos, denuncias que mantienen a 13 funcionarios de la institución bajo sumario interno y otros judiciales.
En esta oportunidad uno de los jóvenes denunció haber sido golpeado en reiteradas ocasiones con un palo en sus piernas mientras otros dos funcionarios de la institución lo observaban, mientras la otra joven presentaba varios moretones en sus brazos y un derrame en uno de sus ojos, cuestión que fue constatada médicamente.
Hipocresía y represión
La problemática del SEMANE ha estado durante todo el año en la palestra pública debido más a los escándalos políticos que se relacionan con la institución que a los reales problemas que se viven dentro de ella.
La derecha, la misma que reclama tanto por el problema del aborto, trata a estos centros como cárceles para jóvenes menores de edad. Centros que se llenan con niños y jóvenes de sectores populares y que, al parecer para la UDI, RN y sus socios, deben ser reeducados con hierro caliente para que encajen como mano de obra barata en esta sociedad capitalista.
Pero la Nueva Mayoría tampoco es tan diferente. Hasta ahora el SENAME se ha vuelto una institución donde lucrar (como la familia Walker-DC) o donde pasar para hacer carrera política (Javiera Blanco). En más de 20 años de gobiernos de la Concertación muy poco se hizo para resolver el problema de la marginalidad en la infancia.
Hasta ahora los políticos empresariales han visto a este sector de la juventud marginada como inadaptados que deben ser castigados y perseguidos. Por eso aprobaron rebajar la edad punible a 16 años, los contratos de primer empleo o franquicias tributarias para que empresas puedan contratar a jóvenes pero atados a contratos precarios y salarios de hambres.
