El ministro de trabajo asumió en 2015 y este año fue reafirmado en su cargo por el gobernador Gerardo Morales. Esta denuncia se suma a la que a principios de mes realizaron un colectivo de trabajadores y trabajadoras contra cuatro funcionarias por violencia en noviembre.
Andrea Gutiérrez Concejala (MC) del PTS-FIT en San Salvador de Jujuy
Lunes 30 de diciembre de 2019 20:00
Este lunes se confirmó la denuncia por "coacción con el propósito de abuso sexual" contra el actual ministro de Trabajo de la provincia de Jujuy, Jorge Cabana Fusz. Aunque no se trata de la primera denuncia y habría pruebas contundentes, el gobierno de Gerardo Morales sigue llamándose al silencio.
La denuncia no es la primera. En noviembre, un grupo de trabajadores y trabajadoras habían presentado una denuncia colectiva contra Agustina Mulqui (nuera del Ministro Cabana Fuzs), Gabriela Aletti, Lucía Mulqui y María José Chara (esposa del Concejal Giubergia), funcionarias de la Subsecretaría de Fiscalización Buenas prácticas y Relaciones con la Sociedad Civil por violencia laboral.
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En una extensa declaración, la denunciante relató como el ministro Cabana Fusz se apoyaba en la condición de precariedad en la que ella trabajaba para acosarla sexualmente.
Su situación laboral era inestable, como la mayoría de los y las trabajadoras del Ministerio de Trabajo, donde de 150 empleados y empleadas, sólo 50 están registrados. Ella en particular fue contratada como monotributista, aunque sus tareas son como la de cualquier otro/a compañera "en blanco"; está actualmente afectada a cumplir con su trabajo en la Dirección de Buenas Prácticas Laborales y Violencia Laboral, que hasta hace días estaba a cargo de Ana Echenique, quien fue separada de su cargo junto a Alejandro Marenco por tomar y denunciar los acosos sexuales y laborales a los que era sometido el personal.
La denunciante señaló además que eran cuatro empleadas las que sufrían estos acosos por parte de Cabana Fusz. Y como sucede con todas las mujeres que queremos enfrentar la violencia que sufrimos en nuestros hogares o en nuestros lugares de trabajo, para poder radicar la denuncia primero tuvo que recorrer, sin respuestas, las oficinas estatales (incluida la Secretaría de Paridad de Género). Su situación es una muestra más de la impunidad con la que se manejan funcionarios y funcionarias, cuando en nuestros lugares de trabajo no existen protocolos, o herramientas a las que podamos apelar, la precarización laboral se transforma en un elemento más para ser objeto de maltratos y abusos.
La impunidad, un privilegio de la casta
El gobernador de Jujuy fue informado de esta situación en la presentación colectiva que realizaron trabajadores dependientes de Cabana Fusz, dónde repudiaban y pedían respuestas frente a los “malos tratos, gritos, humillaciones, amenazas de despidos, persecución, hostigamiento, despidos sin causa, condiciones laborales de precariedad, abuso de autoridad, agresiones verbales y físicas. Acoso sexual”. Las y los denunciantes enviaron notas dirigidas al Gobernador y no tuvieron respuesta, ni se iniciaron actuaciones administrativas.
El Fiscal especializado en Violencia Familiar, de Género y de Delitos contra la Integridad Sexual, Alejandro Bosatti sería el responsable de responder ante estas denuncias, pero aún no hay respuesta.
Frente a este grave hecho el silencio de las y los referentes de los partidos tradicionales, tampoco se hizo escuchar, y tampoco se pronunció el gobernador Gerardo Morales. Y cabe destacar que alrededor de la misoginia y de la impunidad de las y los funcionarios involucrados, la Justicia y los partidos mayoritarios siempre respondieron de la misma manera: silencio. Ese tipo de silencio que garantiza la impunidad.
Al mismo tiempo, las mujeres que nos organizamos por nuestros derechos en Jujuy sabemos que, si de respuestas se trata, poco puede venir de quién avaló a su ministro de Salud, Gustavo Bohuid, cuando obligó a una niña a parir.
Desde el Frente de Izquierda sabemos que es necesario garantizar la protección de las víctimas de la violencia machista, conquistar protocolos en todos los lugares de trabajo y estudio, como hemos exigido incansablemente en los Concejos y en la Legislatura provincial, así como en el Congreso y en las calles; pero que no alcanza con la existencia de estos, sino que es necesario reforzar la organización independiente de las mujeres, en nuestros lugares de trabajo y estudio, para así garantizar la aplicación de los protocolos y licencias; y para terminar con la impunidad, rompiendo las ataduras que impone el interés de los gobiernos de turno, de los funcionarios políticos, de los poderosos, de los amigos y de los hijos del poder.
Las mujeres que llenamos las calles al grito de Ni Una Menos, Aborto Legal, y Separación de la Iglesia del Estado, tenemos que buscar en los trabajadores a nuestros aliados, así tendremos la fuerza para terminar con la doble moral del poder político, dónde los mismos que nos hablan de defender “la vida” y la igualdad son los garantes de la precariedad, la violencia y el avasallamiento de nuestros derechos.
