"Familiares de presos políticos". Nueva ofensiva por la impunidad para los genocidas

Foto Mauricio Zina, Brecha

La organización autodenominada "Familiares de presos políticos" que nuclea a familiares y allegados de los (pocos) torturadores y genocidas presos en Domingo Arena fue recibida el 8 de febrero por el propio presidente de la república.

Como lo dijo en su momento uno de los voceros de la organización, aunque Lacalle no se comprometió a cosas concretas, “ nos atendió el Estado, nos atendió la República, la democracia que encarna el presidente de la República. Nos escuchó atentamente, se mostró comprensivo, entendió”.

Sin duda el recibimiento presidencial es una señal y un aval político a los que reclaman la libertad de los autores de delitos aberrantes, procesados y juzgados con todas las garantías de la ley.

No se trata de una acción aislada, sino que es parte de las iniciativas que promueven sectores que reivindican el terrorismo de estado, y que desarrollan todas las estrategias posibles para asegurar la impunidad para los crímenes de la dictadura.

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El proyecto de prisión domiciliaria de Cabildo Abierto

La creación de este grupo que defiende a los genocidas, se dio en los últimos meses de 2021 y coincide con la presentación de la propuesta de Cabildo Abierto que pretende la prisión domiciliaria para los presos mayores de 65 años, propuesta que fue ampliamente repudiada en las calles y que sin embargo insisten en presentar.

Detrás de la excusa de las razones humanitarias, los líderes de Cabildo Abierto no esconden que su verdadero fin es liberar a los pocos genocidas presos, en condiciones de privilegio en cárcel VIP, y dar una señal a la sociedad para frenar los tibios intentos existentes actualmente para investigar delitos acaecidos durante la dictadura.

No podía esperarse otra cosa de un partido que, aunque no lo hace de manera explícita porque no es políticamente correcto, es innegable que reivindica el terrorismo de Estado, y defiende el accionar de la dictadura cívico militar.

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Para su objetivo de consolidar la impunidad no están solos, en mayor o menor medida sus socios de la coalición avalan estas propuestas y se han comprometido a estudiar el proyecto de ley de prisión domiciliaria, e incluso la posibilidad de reinstalar la ley de Caducidad. El recibimiento de Lacalle a los familiares de los genocidas también va en esta dirección.

Por detrás de todas estas iniciativas sobrevuela la "teoría de los dos demonios". Como evidentemente no pueden negar las violaciones de los derechos humanos de la dictadura, intentan presentarlas como una guerra entre bandos donde ambos sectores cometieron "excesos". Los homenajes a los policías e integrantes de las Fuerzas Armadas "caídos en el cumplimiento del deber" forman parte de esta estrategia que busca por todos los medios impedir que se avance en juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

Mientras Lacalle se niega a recibir a Crysol que reclama acciones concretas frente a los dictámenes internacionales que exigen a Uruguay que avance en la búsqueda de responsables de asesinatos y desapariciones, avala con su recibimiento a aquellos como los "familiares de presos políticos" que son parte de los sectores que defienden y buscan activamente la impunidad.

Desde la transición democrática al presente hemos visto todo tipo de iniciativas para preservar la impunidad y legitimar el accionar de las fuerzas represivas. El Pacto del Club Naval y la ley de caducidad de Sanguinetti, el desconocimiento de compromisos internacionales, la presión a la justicia (el traslado de la jueza Motta hace unos años pero también la campaña reciente de Cabildo Abierto contra algunos fiscales y la propia fiscalia de delitos de lesa humanidad), hasta los intentos actuales de prisión domiciliaria o por derogar la ley Nº 18.831 para restaurar los efectos de la ley de caducidad son solo algunas de esas estrategias.

El régimen busca a toda costa preservar intactas a las fuerzas represivas para volver a utilizarlas cuando sea necesario, ya sea para reprimir la pobreza o acallar la protesta.

Dictadura: un plan sistemático de represión

Más de 300000 uruguayxs forzadxs al exilio (un 10% de su población), alrededor de 25000 presxs políticxs (un record mundial en relación a la cantidad de habitantes), miles de torturadxs, cerca de 200 desaparecidxs (en territorio uruguayo y en el Cono Sur como consecuencia de la coordinación represiva del Plan Cóndor) y alrededor de 200 asesinados, dan cuenta de que la dictadura fue un plan sistemático de represión, un plan orquestado desde las clases dominantes para cortar de raíz el profundo proceso de lucha que recorría nuestro país y el resto de América Latina.

La dictadura fue un genocidio de clase y tuvo como objetivo disciplinar, centralmente, a la clase trabajadora y a toda una vanguardia organizada, e impedir que se profundice el ascenso obrero que se daba desde los años 60.

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Quienes desde el régimen político defienden hoy a los torturadores y genocidas, en realidad están actuando como voceros de estas clases dominantes, no solo defendiendo el accionar de la pasada dictadura sino también dando un mensaje para el presente y para el futuro contra todos los intentos de cuestionamiento profundo de la sociedad capitalista.

Las políticas represivas no son cosa del pasado. En estos últimos años fuimos testigos de múltiples iniciativas que van en el mismo sentido; desde el fortalecimiento del aparato represivo hasta artículos de la LUC que legitiman la represión a la protesta social, el gatillo fácil y la criminalización de la pobreza; , el régimen político de conjunto se da las herramientas necesarias para asegurar su continuidad.
La política de la Coalición, profundización lo que ya había hecho antes el Frente Amplio en sus periodos de gobierno, mantiene a las fuerzas represivas como uno de los pilares del régimen.

No es de extrañar la actitud de Lacalle cuando recibe a los familiares de los genocidas, es el mismo respaldo que proponen desde el gobierno para los policías y las fuerzas represivas a través de varios artículos de la LUC y de múltiples declaraciones públicas en las que avalan el accionar represor.

La ley de Urgente Consideración es la herramienta jurídica con que hoy el gobierno multicolor intenta legitimar y avalar la respuesta punitiva y securitaria; por eso la lucha por su derogación se hace una prioridad para los sectores populares.

Continuar la lucha contra la impunidad

El reclamo de impunidad para los delitos de la dictadura y sus responsables intenta preservar al aparato represivo.

No se trata de un tema del pasado sino que es el mismo aparato represivo que hoy se expresa en casos de gatillo fácil o megaoperativos, y siempre está dispuesto a actuar cuando es necesario reprimir la pobreza y la protesta social.

Solo con la movilización popular se puede terminar con la impunidad y avanzar en el juicio y castigo de los delitos de la dictadura y a la vez frenar los embates represivos actuales.