Durante la mañana de hoy, Carmen Gloria Quintana declara ante el ministro Mario Carroza, por las gestiones que se están realizado en el caso “quemados”.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Martes 4 de agosto de 2015
Un amplio revuelto han provocado las declaraciones del ex conscripto Fernando Guzmán, quién integraba una de las patrullas militares que el 2 de agosto de 1986 fue responsable de la detención de Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, quiénes fueron quemados vivos y lanzados a una zanja para que murieran.
Sin embargo Carmen Gloria sobrevivió y dio testimonio, en aquella época y después, de que habían sido quemados por los militares. Sin embargo, su caso se mantuvo en la más absoluta impunidad, como tantos otros de violaciones a los derechos humanos cometidos en la dictadura cívico-militar de Pinochet.
El juez Carroza, quién lleva el caso, ha procesado a 12 militares en retiro –algunos de ellos activos aún en el ejército- porque este caso, llevando adelante diversas gestiones como careos entre los acusados. De los detenidos, 11 de ellos están en calidad de autores de homicidio calificado consumado y frustrado y uno como cómplice.
Los reacomodos de la Nueva Mayoría
El caso ha estallado como un boomerang para el gobierno de Bachelet, en el contexto de una profunda crisis del régimen y sus partidos. Tanto Carmen Gloria como Verónica Denegri, la madre de Rodrigo Rojas, han sido críticas de las políticas que se llevaron adelante en la transición sobre derechos humanos, señalando que provocaron impunidad. La madre de Rodrigo ha planteado abiertamente que los gobiernos concertacionistas fueron cómplices de alguna manera de haber ocultado la verdad, sin exigir al ejército entregar los archivos, las pruebas y sin culpar a los responsables.
Carmen Gloria ha exigido un pronunciamiento del Congreso y que se demande a las fuerzas armadas a entregar información, o en caso contrario que su comandante en jefe renuncie.
Desde el gobierno de Bachelet, la misma cuyo gobierno defendió hace unos la criticada confidencialidad de los testimonios del informe Valech, ya que mantiene en el silencio los nombres de los responsables, se han intentado reacomodar y proponer que se presentará un proyecto para quitar la confidencialidad a estos archivos.
Por otro lado, un grupo de senadores propone también que se degrade a los militares implicados en los casos de violación a los derechos humanos. La ex senadora Carmen Frei planteó hoy en un programa de radio, que las fuerzas armadas e incluso los altos mandos, tienen información que deben entregar. Sería bueno que explique porque en el gobierno de Eduardo Frei se hizo poco y nada en material de derechos humanos. Es porque ello que tuvo que reconocer que faltó “voluntad” de los gobiernos postdictadura. Más que voluntad, fue parte de una política de Estado, tanto en la transición como posteriormente, de reconciliación y olvido.
Críticas a propuesta de Insulza de rebaja de penas
José Miguel Insulza, ex ministro de Lagos y ex secretario general de la OEA planteó que se rebajara penas por entregar información sobre casos de derechos humanos.
Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, su presidenta Alicia Lira rechazó esta propuesta de “verdad recompensada” señalando que es complicidad ofrecer rebajas y compensaciones a victimarios para que den información. También explicó que en su momento fueron profundamente críticas de la medida de Lagos de confidencialidad sobre los testimonios Valech, señalando además que no fueron escuchadas.
Sin duda el debate abierto sobre los derechos humanos muestra las políticas de reconciliación, justicia en la medida de lo posible y dar vuelta la hoja, que fue impulsada en conjunto entre la Concertación, la derecha y los militares.
