Continúa política represiva del alcalde Felipe Alessandri, seis apoderados del Instituto Nacional fueron demandados por daños tras toma en Instituto Nacional.
Domingo 16 de julio de 2017
Continúa la política de “rompe paga” impulsado por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, quien frente a los daños y destrozos sufridos por el Instituto Nacional, tras 15 días hábiles que estuvo tomado por los estudiantes en el mes de junio, ingresó una demanda en el Poder Judicial en contra de seis apoderados y un alumno mayor de edad, señalándolos como responsables.
Las acusaciones son de “daños a la propiedad del establecimiento, robos, ataques incendiarios y demás destrozos” como señaló para el Mercurio Felipe Alessandri. Con esta medida, el edil espera se indemnice al municipio en $6.392.395 pesos, quien aseguró que este tipo de medidas son motivadas para “darle continuidad al servicio educativo”.
Además, enfatizó en que los dirigentes estudiantiles estaban en antecedente de esta política, recalcando que “conscientes de la posibilidad cierta de que se ocasionaran daños y perjuicios en la infraestructura del Instituto Nacional, insistieron en mantener y repetir cada una de estas denominadas tomas”.
La movilización comenzó en la madrugada del 8 de junio y fue zanjada con una votación de 2511 estudiantes, de los cuales 1451 aprobaron la ocupación del espacio con revaluación semanal.
Las demandas levantadas por los estudiantes abarcan cinco ejes: educación democrática (respeto por la organización de los estudiantes y sus posiciones, fin a la política represiva, intransigente y controladora de la administración municipal) administración financiera, (transparencia y regularización de fondos, aumento de dotación de insumos básicos) educación feminista e integral, infraestructura y demandas históricas (gratuidad universal, fin al Crédito con aval del Estado, NEM, ranking y PSU).
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Educación: ¿derecho o servicio?
El discurso del Municipio es que han estado abiertos al diálogo, sin embargo, la persistencia de estas demandas por parte de los estudiantes, dan cuenta de que esas instancias han sido estériles. Razón por la cual, estudiantes de base aseguran que ha sido necesario tomar los liceos.
En ese sentido, las declaraciones de Alessandri dan cuenta de un punto muerto en el diálogo. Para el alcalde se trata de darle continuidad a un servicio, mientras que para los jóvenes se trata de garantizar un derecho social.
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La respuesta recurrente por parte de las autoridades frente a este diálogo de sordos es la represión. No es la primera vez que aplica esta política de “rompe- paga”, ya en junio se había aplicado contra el Centro de Estudiantes del Liceo Teresa Prats, también por daños tras las tomas.
En ese sentido, el precandidato por el distrito 10, Dauno Tótoro, aseguró que “se trata de una política represiva de criminalización del movimiento estudiantil. Los estudiantes exigen que se garantice un derecho social, no un bien de consumo y la respuesta de la Derecha ha sido la represión. Frente a esto la Nueva Mayoría no ha dado una respuesta estructural, porque en Chile la educación aún no es un derecho”.
Pero las denuncias por destrozos provocados por los funcionarios de Carabineros de Chile, las denuncias de golpizas y abuso sexual en las detenciones, también son reiteradas, así lo manifestaron padres y apoderados en una concentración realizada el día 19 de junio en Plaza de Armas, donde se manifestaron en rechazo a esta política del Municipio de Santiago, que los padres observan como una forma de criminizalización de los estudiantes que ha permitido abusos contra los menores y anular las exigencias que levantan sus hijos.
Incluso, medios como La Nación consignaron que “los registros difundidos muestran el momento preciso en que la reja se desprende ante la presión del vehículo y posteriormente cae sobre algunos de los estudiantes, aunque afortunadamente la acción no pasó a mayores considerando que pudo haber terminado con heridos de gravedad”.
Finalmente, cabe destacar que la página de facebook Piensa Prensa difundió imágenes de funcionarios de la PDI portando armas de fuego para reprimir a los estudiantes del Instituto Nacional el día 27 de junio.
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