CÓRDOBA: REFORMA LEY ELECTORAL. Nuevas excusas como licencia para defender los negocios de la provincia

El oficialismo pretende reformar el Código electoral provincial (Ley n°9571) amparándose en la realización de algunas modificaciones técnicas a la Boleta Única de Sufragio, la unificación de padrones por “sexo”, la vigencia de tal o cual versión del DNI válido para la emisión del voto. Pero lo que realmente importa, para oficialismo y la mayoría de la oposición burguesa, es la posibilidad de ampliar el financiamiento de las campañas electorales con los aportes del sector privado, algo que hoy se encuentra medianamente limitado por la Ley 9571.

Actualmente, dicha ley estipula que el Estado provincial debe solventar parte de las campañas electorales con fondos públicos, para garantizar cierta equidad y acceso “democrático” al conjunto de los partidos a través de la contratación de espacios publicitarios en la TV y radio. A su vez, la ley prevé que los aportes privados no pueden superar el equivalente al monto que el Estado dispone para tal fin.

Acorde a la ley, el Estado debe destinar de manera anual un monto igual al 2 por mil del salario mínimo vital y móvil por cada lector votante de la última elección. En función de esta disposición, para el año 2015 (dejando de lado que los aportes correspondientes a los años previos no se hicieron) esto requiriría una suma de alrededor de 23 millones de pesos a repartirse entre todas las fuerzas habilitadas para participar. Este monto se debería distribuir de la siguiente manera: un 30% en partes iguales entre todas las fuerzas y 70% de acuerdo a los votos obtenidos en la última elección por cada uno de los partidos o alianzas participantes en ésta.

Bajo el paraguas de que la provincia ha insumido un gran cantidad de recursos del presupuesto en la asistencia a las víctimas de las inundaciones, el delasotismo anticipó que lo que el Estado prevé para cumplimentar la ley en este punto, no es ni siquiera el monto previsto para el corriente año sino la suma mucho menor de 15 millones de pesos.

El lector pensará que no es incorrecto el planteo de exigencia de los aportes para campaña electoral, en función de que las prioridades están puestas en quienes fueron víctimas del crimen social del cual este gobierno es el principal responsable político; sin embargo, los montos destinados a darle publicidad a las propuestas de candidatos y partidos que defienden los intereses capitalistas para la próxima compulsa electoral lejos estarán de ser “austeros” y acordes a la situación provincial.

Lo que el oficialismo pretende es quintuplicar los aportes de los empresarios, tal como queda claro en los dichos ante diversos medios del jefe de la bancada de Unión por Córdoba: “Lo más probable es que lo elevemos (al tope) hasta 5 veces. En 2011, como la ley quedó suspendida, fue ilimitada la participación de los privados. Ahora, si bien se aumenta, le vamos a poner un tope. Lo ideal sería que todo el financiamiento sea público, pero en el marco de estrechez financiera que vive la Provincia hoy es imposible”.

La maniobra es clara: buscan liberar la posibilidad de aportes de los empresarios amigos a los que devolverán con creces la ayuda de campaña recibida. Es claro que los partidos patronales después toman decisiones de gobierno, hacen leyes, sacan resoluciones, para garantizar acceso privilegiado a licitaciones o contratos con el estado, o eximir impositivamente, por dar sólo algunos ejemplos, a esos mismos empresarios que les hicieron “el favor” de aportar sumas para sus gastos de campañas. Las excenciones impositivas a las automotrices, al agronegocios, a los emprendimientos inmobiliarios, dan cuenta de que la política de los partidos tradicionales es gobernar para los capitalistas.

Así, muy lejos de lo que cínicamente afirma el legislador Busso sobre lo “ideal” del aporte total del Estado, quieren llevar a quintuplicar de manera permanente (a través de la modificación de la ley) el aporte de los privados.

El Frente de Izquierda rechaza esta maniobra por una elemental razón democrática: todas las listas deberían contar con los mismos recursos para hacer campaña y el Estado garantizar el acceso igualitario a los medios de comunicación masivos. Esto no sólo implica la publicidad en radio y Tv sino también la publicidad callejera, donde desde hace meses vemos el ilimitado gasto en cartelerías de los candidatos patronales.

Pero además, si ya de por sí la ley contiene un desequilibrio en aportar la mayor parte de los montos estipulados por ley, favoreciendo en la distribución del 70% del presupuesto destinado a los que ya cuentan y contaron con cuantiosos aportes patronales (frente al 30% que se divide por partes iguales), ahora buscan que los partidos ya beneficiados por el sistema electoral tengan canilla casi libre para el aporte de los empresarios amigos.

El oficialismo cordobés cuenta con un recurso adicional que significa la enorme maquinaria estatal en publicidad contando las “bondades” de la gestión de Unión por Córdoba-PJ. La variante kirchnerista del peronismo cuenta con un enorme flujo de dinero del gobierno nacional que multiplicó sus inauguraciones en la provincia y manda a todos sus presidenciables semanalmente a acompañar a su candidato Acastello. La UCR tiene una larga tradición y amistad entre los empresarios, el PRO demostró hace pocas semanas su capacidad recaudatoria entre los patrones con la cena en la Rural donde recaudo 120 millones de pesos.

Córdoba tiene un enorme potencial de “aportantes” capitalistas todos los partidos se desviven por caerles bien y demostrarle los planes de gobernabilidad que incluyen los beneficios a sojeros, automotrices, desarrollistas inmobiliarios, etc.

El Frente de Izquierda propone la prohibición de aportes privados a las campañas electorales y que las campañas sean solventadas por el Estado.

Pero además, en tanto se pone en discusión el Código electoral provincial, creemos que debería servir para avanzar en incorporar el derecho a votar de los mayores de 16 años y de los inmigrantes, entre otras cuestiones cuestionables de una ley que surgió para “reparar” el desprestigio al sistema electoral que provocó el fraude de 2007. No es esta la voluntad de oficialistas ni opositores, sino sostenerse como una casta política al servicio de las patronales con las que se dispensan mutuos favores a costa de las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo.