La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la petición de evaluar la responsabilidad del Estado mexicano en la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos en 2006.
Sábado 5 de mayo de 2018
La petición fue presentada por las familias de los mineros en 2010, en la cual acusan al gobierno federal por su inefectividad en las inspecciones laborales de la mina, por demora injustificada y falta de debida diligencia para esclarecer y sancionar los hechos.
Además, los familiares acusan al Estado de obstaculizar el proceso de recuperación de cuerpos y exigen sanción contra los funcionarios que omitieron garantizar la seguridad de la mina.
En el Análisis de los Hechos Alegados la CIDH hace varias precisiones al Estado mexicano, recordando que la calidad de víctima se determina con base en la normatividad del Sistema Interamericano y no de las instancias internas del Estado, es decir que aunque en Estado mexicano no reconozca a las víctimas como tal, la CIDH puede hacerlo.
Los alegatos que el Estado mexicano presentó frente a la CIDH, aseguró que se había demostrado la eficacia del sistema de justicia en materia penal, laboral y administrativa e incluso que se pagaron indemnizaciones.
Sin embargo, la CIDH ha decidido desechar estos alegatos de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, dando paso a la apertura de un expediente.
La petición ante la CIDH fue firmada por 48 familiares directos y decenas más de la familia extendida de los mineros, juntando 582 firmas.
“Esta admisión del caso ante la CIDH, ahora, debe enviar el mensaje y dejar claro que los Estados no deben ni pueden querer proteger a una empresa por encima de la protección a los ciudadanos” aseguró Cristina Auerbach Benavides, defensora de derechos humanos laborales, en entrevista con Proceso.
Los actores detrás del caso Pasta de Conchos
El fallo toma relevancia cuando se piensa en los actores detrás del caso Pasta de Conchos, sobre todo cuando esta la coyuntura electoral como telón de fondo.
El homicidio industrial en Pasta de Conchos sucedió durante el sexenio de Vicente Fox, hoy impulsor de la candidatura de José Antonio Meade. Posterior a Fox, el entonces presidente Felipe Calderón (cuya esposa, Margarita Zavala, va como candidata “independiente” a la presidencia) y Javier Lozano Alarcón, al frente de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (vocero de la candidatura de “Pepe” Meade) insistieron en el cierre de la mina para evitar la investigación.
Como dueño de la empresa aparece el magnate de minería mexicana Germán Larrea Mota Velasco. Éste en recientes semanas volvió a aparecer en la escena política nacional por el “cruce” que tuvo con Andrés Manuel López Obrador, quien tiene como plurinominal a la senaduría al secretario general del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia.
Este último cruce fue por las declaraciones de AMLO que ubica a Larrea como parte de la mafia del poder y de quienes históricamente han robado. Larrea y un núcleo de empresarios importantes sostienen una línea dura contra la candidatura de AMLO.
Sin embargo, el propio AMLO se ha limitado a hacer denuncias tibias sobre el magnate Larrea, pero sin la denuncia concreta sobre el homicidio industrial de Germán Larrea, que no fue por corrupción o “sed” de poder, sino por las duras condiciones laborales y nula seguridad que impone a miles de mineros que viven bajo la precariedad laboral.
El último personaje es el propio secretario general del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, exiliado por los gobiernos panistas y priistas en complicidad con Grupo México.
Gómez Urrutia, según los propios familiares de los mineros, tras una denuncia llevada adelante por el Sindicato Minero, aceptó una reparación del daño que dejó impunes a funcionarios menores de la STPS y a mandos medios de la empresa.
Denuncian que se trató de negociaciones ilegítimas, además de que 35 de los 65 mineros no estaban sindicalizados y carecían de derechos laborales fundamentales, una política de la cual sigue cojeando el sindicato minero frente a los trabajadores no sindicalizados.
Un fallo que puede clarificar rumbo a las elecciones
El fallo que vuelve a poner a la vista un caso barbárico como el homicidio industrial de Pasta de Conchos, tiene que ser un recordatorio para todos los trabajadores.
Lejos de los actores panistas y priistas, el conjunto del Estado mexicano cerró filas para proteger al magnate Larrea y con esto hizo un guiño fundamental para el conjunto de las trasnacionales: en este país hay salarios bajos, precariedad laboral y sobre todo, paz social (impuesta a punta de rifle) e impunidad para los empresarios.
La “alternativa” que encabeza AMLO, parece quedarse corta desde que dice que su gobierno no es de venganzas sino de justicias, ¿puede haber justicia para 65 mineros sin tocar un solo centavo de las ganancias de Grupo México? ¿Se puede promulgar justicia sin enjuiciar a los responsables que hacer que todos nuestros compañeros sigan bajo tierra? Nos parece que no.
El propio secretario general del Sindicato Minero juega con fuego y se pone a disposición de una fórmula presidencial que de llegar a Los Pinos lo hace de la mano de expriistas y expanistas, junto a empresarios y con un proyecto de nación que promete continuidad a la explotación rapaz de la mega minería canadiense que ha desplazado pueblos originarios y causa ecocidios en distintas partes del país.
El propio fallo de la CIDH es una pequeña trampa en la que la propia CIDH ha declarado que espera una solución “amistosa” entre los asesinos de 65 mineros y sus familias, para lo cual dieron un plazo de cuatro meses para ver si los familiares aceptan dicha solución.
De lo contrario se comenzaría un proceso para “enjuiciar” al Estado mexicano en el que se desconoce el tiempo que se pueda llevar a cabo.
Esto plantea la necesidad de una salida concreta para todos los trabajadores que verdaderamente sufren las penurias de la minería a diario.
Es fundamental la plena independencia política de las organizaciones obreras frente al Estado, al servicio de los empresarios.
En segundo lugar, los trabajadores deben de ver que muchas veces la “justicia” bajo un gobierno de los empresarios (o junto a ellos como plantea AMLO) depende fundamentalmente de la correlación de fuerzas que haya entre empresarios y trabajadores. Es decir, sólo con la movilización combativa de los trabajadores, podremos aspirar a ver un verdadero castigo a los culpables del homicidio industrial de Pasta de Conchos.
