Los científicos que asesoran al primer ministro Boris Johnson advirtieron que Reino Unido podría llegar a 50.000 contagios diarios a mediados de octubre y encendieron las alarmas.
Martes 22 de septiembre de 2020 11:15
El primer ministro británico, Boris Johnson, advirtió este martes de que el Reino Unido está en un momento "peligroso" de la pandemia, durante una intervención para informar de nuevas medidas restrictivas para contener la COVID-19.
En una declaración en la Cámara de los Comunes, Johnson informó de que será obligatorio el uso de mascarillas en bares, restaurantes y tiendas minoristas, mientras que se reforzarán las multas para quienes no cumplan con las medidas de seguridad.
Las medidas llegan después de que los asesores científicos del Gobierno hayan alertado de que el Reino Unido puede alcanzar 50.000 contagios diarios de COVID-19 a mediados de octubre si no se dan pasos concretos para frenar las infecciones.
Las restricciones ante un nuevo rebrote, como los que atraviesan varios países europeos, podrían extenderse hasta por seis meses y endurecerse aún más en las próximas semanas.
El anuncio incluye un toque de queda a partir de las 10 de la noche para pubs y restaurantes, que podría permanecer vigente durante seis meses.
Los trabajadores de bares y comercios, y los pasajeros de los taxis deberán llevar tapabocas, también se establece un límite de 15 personas para asistir a bodas y recepciones, y se prohíben los deportes de interior en los que participen más de seis personas, como como fútbol de salón. Los clientes en comercios deberán cubrirse la cara excepto cuando estén sentados para comer o beber.
Johnson canceló los planes para permitir que los aficionados regresen a los principales eventos deportivos y reabrir conferencias y exhibiciones a partir del 1 de octubre.
También pidió a los británicos que teletrabajen, pero que pueden acudir a sus puestos si resulta imprescindible.
Estas disposiciones corresponden a Inglaterra -en su mayoría obligatorias a partir de la próxima semana- dado que las otras naciones -Escocia, Gales e Irlanda del Norte- tomarán las suyas propias.
Como nueva medida, el Gobierno impondrá una multa de 200 libras (216 euros) a quienes no lleven mascarillas donde sea requerido.
Estas disposiciones, añadió el primer ministro, tienen como objetivo reducir la R o número reproductivo de la enfermedad -que indica cuánta gente puede contagiar una persona infectada-, que actualmente está en todo el Reino Unido entre 1,1 y 1,4.
Ante el avance de los contagios, el Gobierno ha elevado el grado de alerta desde el tercer nivel hasta el cuarto, en una escala de cinco, lo que refleja un "alto riesgo de transmisión" y la necesidad de medidas de "distancia social".
Boris Johnson también anunció que habrá apoyo militar disponible si la policía está demasiado ocupada para asegurarse de que las personas sigan las reglas. Es decir una suerte de militarización de la cuarentena para hacer cumplir las restricciones que buscan mantener abierta la economía a costa de la salud de las y los trabajadores.
Johnson, que tuvo una posición negacionista al principio de la pandemia dio luego un giro hacia una cuarentena flexible durante el primer brote del virus. Al igual que el resto de los gobiernos europeos, el Reino Unido no tomó medidas en estos siete meses para evitar este rebrote.
Esto se podría haber logrado fortaleciendo el sistema de salud, el reclutamiento de nuevos trabajadores esenciales para las unidades de terapia intensiva, el aumento significativo de respiradores en los hospitales, el desarrollo de un sistema masivo y rápido de testeos y seguimiento de contagios. Pero esto incluía tocar los intereses de las grandes empresas del sector de la salud y los laboratorios, centralizando todo el sistema en manos del estado y bajo el control de sus trabajadores. Por el contrario, tanto Johnson como el resto de los gobiernos desembolsaron multimillonarios paquetes de rescate para las grandes empresas, farmacéuticas, bancos y el sistema financiero, destinando solo una pequeña porción para la asistencia social, pero sin buscar revertir ni siquiera parcialmente el desfinanciamiento de décadas que sufre el sistema de salud.
La forma en que los gobiernos administraron la crisis del coronavirus es la principal responsable de que hoy se esté iniciando un segundo rebrote, y que las condiciones para las y los trabajadores y los sectores populares sea aún más peligrosa que antes.
Como ya lo demuestra Madrid con ,un confinamiento selectivo sobre los barrios obreros, garantizado con las fuerzas represivas en las calles, los trabajadores sufrirán la persecución en los lugares donde viven y el riesgo de contagio, y muerte, cuando viajen a sus empleos.
Con el nuevo rebrote en Europa ya ni siquiera quedaron rastros del demagógico discurso de elegir entre la salud y la economía. La gestión capitalista de la crisis no solo no garantizó las condiciones sanitarias en todos estos meses, sino que ahora la única opción es mantener la economía abierta a cualquier precio, incluyendo la vida de las y los trabajadores. Las protestas en el sur de Madrid, y de trabajadores de laboratorios y educación en Francia, muestran sin embargo, que las y los trabajadores no piensan aceptar estas condiciones tan fácilmente.
