Los empresarios firmarán un acuerdo por el que confirman la financiación ilegal del PP valenciano a cambio de una rebaja de la condena. Todo ello en el marco de la trama Gürtel, el paradigma de la corrupción institucionalizada.
Jueves 9 de febrero de 2017
Foto: EFE
"Voy a hablar con la dignidad de los valencianos, sobre todo con la dignidad y el orgullo de ser valenciano y representar a cinco millones de personas que han visto a lo largo de estos años de mi presidencia un aumento de prosperidad, de proyección y de fuerza como nunca habíamos vivido.” Así, con estas embellecedoras e “inocentes” palabras empezaba el discurso en el que Francisco Camps anunciaba su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana allá por 2011.
Camps dimitía por el caso de “los trajes” en el marco de una de las tantas piezas de la rama valenciana de la trama Gürtel. Algo que, sin duda, sirvió como decía el propio expresident para el aumento de la prosperidad y la proyección de los grandes empresarios y la clase política capitalista del levante español.
Pero la Gürtel es mucho, muchisimo más que trajes y relojes. Seis años después de inicarse la fase de instrucción, algunas piezas de la trama están entrando en fase de resolución.
Este jueves la Cadena Ser hacía público un acuerdo entre la Fiscalía Anticorrupción y seis empresarios por el que declararán estar implicados en la presunta financiación ilegal del Partido Popular valenciano en el marco de una de las piezas del caso Gürtel. Todo ello, claro está, a cambio de una reducción de la condena.
De esta forma, el grueso de los empresarios imputados por esta causa declararán los pagos en dinero negro para financiar las campañas electorales de las municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008. Los seis que hoy firmarán el pacto con la Fiscalía se suman a Enrique Ortíz, Alejandro Pons y José Francisco Beviá, que previamente ya habían rubricado un acuerdo similar.
En concreto, la Fiscalía acusa a los nueve industriales de abonar un valor total de 1,2 millones de euros a la sociedad mercantil Orange Market, propiedad ni más ni menos que de Francisco Correa, el principal inculpado de la trama Gürtel. El mismo también que organizaba los actos electorales del PP valenciano bajo la presidencia de Camps. Por su parte, el partido entregó 2,2 millones a la empresa de Correa. Pagos que como señala la investigación no se reflejaban ni en facturación ni en contabilidad.
El juicio para esta pieza de la financiación ilegal del PP valenciano relacionada con la Gürtel está previsto que empiece el próximo lunes 13 de marzo. Por la sala de la Audiencia Nacional desfilará toda la cúpula del PP valenciano desde el exvicepresidente hasta el secretario general, pasando por el mismo expresidente Camps o el expresidente de Les Corts Juan Cotino, entre otros muchos. Correa y el “Bigotes”, Álvaro Pérez, también se sentarán en el banquillo.
Como deciamos, el caso Gürtel en toda su dimensión es una de las mayores tramas encubiertas durante años. Más allá de dinero y regalos es, sin duda, uno de los grandes paradigmas de la corrupción institucionalizada, esa que es parte del ADN del Régimen del ’78.
