Sábado 13 de diciembre de 2014
En los últimos días, más de 40 agrupaciones cordobesas emitieron en común un documento contra el Código de Convivencia (que reemplazaría al de Faltas), que está cerca de ser tratado en la unicameral. Invitan a adherir tanto a agrupaciones como a particulares, y ya muchos profesionales y especialistas en el tema receptaron la invitación. Queremos abrir un debate sobre sus argumentos, y tomaremos de base el documento (ver aquí).
Para ello haremos un análisis párrafo por párrafo, siguiendo la estructura del documento, y sacaremos algunas conclusiones.
Empieza hablando como si las reformas del Código fueran producto de los saqueos. Califica al Código como un intento fallido de generar un código democrático y constitucional. Nos parece que sería más apropiado ver la génesis de la reforma en la lucha de las organizaciones vienen dando en la provincia. El gobernador, así como los radicales que lo aprobaron en 1994, nunca tuvieron en mente una ley respetuosa de los Derechos Humanos. Hubiera sido deseable que se reivindicaran hechos como las Marchas de la Gorra y la conformación de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil (Madres de las Gorras). Los avances que se dieron, y la respuesta que es esta reforma, son producto de una nueva relación de fuerzas y no de la mera intensión del Gobierno.
Además de fomentar prácticas policiales selectivas, arbitrarias, provocativas, abusivas, violentas y/o ilegales como bien dice el documento, también fomenta prácticas sexistas, racistas y clasistas.
Lo primero se ve claro por ejemplo en la figura del artículo 52, es el Estado defendiendo la moralidad heteronormativa. Las prácticas racistas del Código son reconocidas por todos, no hace falta justificarlas, pero sí incluirlas. Pero fundamentalmente, este Código es de clase. Está hecho por funcionarios millonarios, y aplicado tanto a los más desposeídos como a los que luchan por sus derechos.
El texto señala "el paradigma de seguridad provincial anclado en el autogobierno policial, la violencia institucional y la vulneración de derechos", pero no denuncia que además de autogobernarse, como casta, la policía es cómplice de los delitos organizados (trata, desarmaderos, narco) o "economías delictivas complejas", en palabras de Lucas Crisafulli, miembro del Observatorio de Prácticas de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdonba. Esta denuncia, que está basada en pruebas ampliamente conocidas y que ha dado lugar a renuncias de funcionarios e investigaciones judiciales (el "narcoescándalo") debe estar reiterada. Es la misma institución, no hubo cambios estructurales en ella, y es el mismo Gobierno provincial.
Pide derogar varias figuras y no el Código como un todo. Dice que en general habría que derogar las "viejas recetas represivas", y hace una enumeración que los abogados llamarían no taxativa. Al menos la técnica de redacción es mala, ya que si se derogaran todas las figuras "abiertas" o ambiguas, en general casi nada quedaría del Código. Más fácil es pedir derogación completa... No sólo para ser concreto, sino para dar respuesta a los barrios que piden eso.
Llama "insuficiente" al nuevo rol del Ministerio Público Fiscal, que pasará a juzgar. Esta actuación no es solo insuficiente, es de mínima inconstitucional (ilegal). Y es más que eso: es hasta un insulto en términos de progreso democrático. La reforma ni siquiera da el derecho a una llamada al imputado. Tampoco exige la participación obligatoria de un abogado, se limita a exigir que "se le informe que puede tener un abogado".
Propone la creación de un fuero contravencional que garantice la actuación en el proceso de defensa letrada, fiscales y jueces especializados. Si bien un mayor número de "jueces, fiscales y abogados" podría agilizar el trámite de las causas, el problema de fondo no se soluciona con ello.
No con funcionarios como los que tenemos ahora (jueces como Oyarbide, fiscales como Casanello, para nombrar dos mediáticos). El nudo del problema es la política del Gobierno provincial.
Concluye diciendo: "Lamentablemente, los cambios propuestos seguirán siendo cómplices de la vulneración de principios y derechos constitucionales. Queremos una gestión democrática de las instituciones de seguridad, donde se ejerza su control político, y se permita la participación ciudadana en el diseño, control y ejecución de las políticas de seguridad provinciales. Sin una fuerza de seguridad controlada, civil y políticamente, y un código de faltas respetuoso de los derechos, no hay democracia ni seguridad posible".
Se puede coincidir con lo anterior en términos generales, pero quedan algunas dudas por la ambigüedad de la redacción. ¿Cómo debería participar la ciudadanía? Porque entre estas líneas se puede leer desde comisarios electos directamente hasta milicias obreras, o policías municipales... No podemos ser tan abiertos como la ley que criticamos.
Algunas conclusiones
Nos parece muy positivo que las agrupaciones y personalidades especializadas y en lucha contra el Código se manifiesten en conjunto. Pero estas manifestaciones no pueden dejar de denunciar sin tapujos al gobierno de la provincia, que no hace otra cosa que competir con otras regulaciones punitivistas como el Código de Procedimiento Penal y los intentos de regular las protestas del kirchenismo a nivel nacional.
Y ellas deben reflejar lo que quieren sus bases, no intentar un documento amplio con mejoras parciales, pensado solo para satisfacer a los militantes de cada organismo. No es suficiente con derogar el merodeo y algunas prácticas discriminatorias. Hace falta una reforma de fondo sobre todo el aparato represivo, empezando por sus funcionarios (muchos en su cargo desde la dictadura), criticando hasta las cárceles y lugares de detención. Esta reforma no puede ser legal.
Los militantes sociales no debemos buscar reformas parciales, rédito político o aceptación popular, sino un cambio en la realidad.
Dejamos abierto el debate.
