Deuda Odiosa. Nuevo acuerdo con el Fondo: “desamor” y contrarreformas

El capítulo de la deuda continúa. El pasado miércoles el presidente Alberto Fernández se comunicó con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, horas después el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, dieron por comenzada la negociación formal de cara a un nuevo programa con el organismo, que reemplace el acuerdo stand by firmado por Mauricio Macri y extienda los plazos de repago.

En tanto, este viernes cerró la reestructuración externa. El lunes anunciarán los resultados. Según el Gobierno, obtuvo una aceptación superior al 90 %.

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La negociación con el FMI llevará meses y es probable que el año próximo se conozca el nuevo acuerdo. Un préstamo millonario que se destinó a financiar la campaña electoral de Macri, como lo reconoció el diputado Máximo Kirchner, el presidente y también el asesor de Trump, Mauricio Claver. Sin embargo, el Gobierno reconoce la deuda sin realizar ninguna investigación.

Un encargado de la negociación declaró “nosotros no nos vamos a enamorar de Kristalina ni le vamos a decir a nadie que se enamore de ella”, según publicó Alejandro Bercovich en BAE Negocios. ¿El desamor es suficiente para evitar otra historia de terror con el Fondo?

La carta firmada por Guzmán enviada al FMI señala “estamos determinados a recomenzar el proceso de implementación de un sendero fiscal consistente una vez que los efectos de la pandemia desaparezcan, reduciendo el déficit fiscal primario de un modo que sea compatible tanto con la sustentabilidad de la deuda pública, como con la recuperación económica”. Es decir, están dispuestos a reducir el gasto para garantizar que la deuda se pague, recortar.

El Gobierno repite que este año no habrá ajuste. Guzmán en entrevistas prometió que la ayuda del Estado seguirá presente “todo lo que sea necesario mientras dure la cuarentena”. Sin embargo, hay economistas que aseguran que el ajuste ya comenzó.

Un informe de Iaraf indicó que en julio el Gasto Primario avanzó un 59,2 % interanual, pero descontando la inflación creció un 11,5 % en términos reales. Según el documento, todos los principales componentes del gasto redujeron la velocidad a la cual venían creciendo.

El documento explica que las “prestaciones sociales que fue el componente que más creció, lo hizo a través de una combinación de una caída real en las erogaciones por jubilaciones con un aumento de pagos extraordinarios explicados por los programas IFE y ATP” y agrega que “el apartado de las Transferencias a provincias exhibió una moderación en términos nominales respecto a los montos girados en los últimos meses”. En tanto, los “subsidios económicos mantuvo el nivel de erogaciones que se observó en los meses anteriores, por lo que no creció interanualmente frente a los envíos de julio de 2019”. Hay que aclarar que IFE se percibe cada dos meses, no mensualmente, y aún no se sabe si tendrá continuidad.

El saqueo a los jubilados no se interrumpió durante la pandemia. El Gobierno suspendió la movilidad previsional a fin de año mediante la ley de Solidaridad y los haberes se actualizarán hasta fin de año por decreto.

Según una estimación de Iaraf, con esta decisión el Estado se “ahorra” $ 72.000 millones (0,25 % del PIB) entre diciembre 2019 y noviembre de 2020, en caso que no se entreguen bonos hasta fin de año. Una suma que representa alrededor de un 20 % de lo que se pagó de deuda hasta mediados de julio.

El Gobierno ya anunció que el 15 de septiembre girará el proyecto de ley de presupuesto 2021 al Congreso. Este será el presupuesto que evaluará el FMI. ¿Qué pasará con las partidas de educación, salud, vivienda? difícil que no se recorten.

¿Cómo será el nuevo acuerdo con el Fondo?

Pablo Nemiña, sociólogo e investigador del Conicet especializado en la relación del país con el FMI, sostuvo al sitio Chequeado que las posibilidades de alcanzar un nuevo acuerdo con el Fondo serian: un nuevo acuerdo Stand-By, el mismo que acordó Macri, o lo que se llama “un servicio ampliado del FMI” o el conocido acuerdo de facilidades extendidas. Los dos últimos incluyen las contrarreformas, es decir las clásicas recetas del organismo reforma laboral, tributaria y previsional.

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El Gobierno ya prepara la reforma tributaria. Clarín adelantó que se debate una suba en el monotributo y en Ganancias para los trabajadores, y exenciones a empresas aunque el oficialismo desmintió estos cambios. El sistema tributario es regresivo, ¿se revertirá? El proyecto a las grandes fortunas, que presentaría el oficialismo, solo afecta a las personas y no a las empresas.

Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, realizó un cálculo de cómo sería un nuevo esquema de devolución del préstamo (considerando los criterios alcanzados con los bonistas privados).

El informe señala que “una posibilidad es que la Argentina consiga un período de gracia de cuatro años para los pagos de capital, comenzando las cancelaciones en 2024 y con un plazo de devolución de diez años”.

En caso de llegar a este acuerdo “en 2021-23 el Estado argentino debería seguir afrontando pagos de U$S 1.600 millones por año solo de intereses (el mismo monto que en el 2020), y a partir del 2024 se empezaría a cancelar el capital. Luego, a partir de 2024 se pagarían intereses decrecientes sobre el capital que va amortizando, a la tasa del 3,96 % acordada en el Stand-By original”.

¿Se puede evitar el ajuste?

Lozano explica que en caso de lograr un acuerdo con el FMI y si el Gobierno logra un canje del 100 % de la deuda con legislación extranjera, y local “el horizonte financiero estaría despejado hasta 2023”. Pero advierte que “las cosas cambiarían de color si el objetivo tiende a conseguir los dólares para atender los servicios de deuda con superávit fiscal. Ello impondría una estrategia de ajuste sobre las cuentas públicas, que en el 2021 podría poner en riesgo los términos y los contenidos de la reactivación económica”.

Para el economista “a partir del 2024, las cosas empiezan a complicarse. A partir de ese año los servicios en moneda extranjera generan necesidades superiores a los U$S 10.000 millones, equivalentes a más del 2 % del PBI proyectado”.

Lozano alerta que no está muy claro cómo se pagarán los vencimientos hasta el 2023 y que a partir de 2025 los servicios de la deuda en moneda extranjera superarían el límite de sostenibilidad del 3 % del PBI establecido por el Fondo. Hay que aclarar que la sostenibilidad definida por el organismo no significa que se eviten los ajustes para garantizar los pagos de la deuda.

El director del Banco Nación señala la necesidad de una recuperación de la actividad, pero afirma que “esta idea entraría en contradicción con cualquier intento de ajuste de las cuentas públicas destinado a pagar la deuda”. ¿Cómo se logrará la recuperación cuando las exportaciones no aumentan y hay un desplome del salario real? ¿Cuál sería el motor que impulse la economía?

¿Por qué considera Lozano que esta vez el Gobierno no impondrá una estrategia de ajuste sobre las cuentas públicas? En la carta de Guzmán del FMI ya anticipa que ordenarán las cuentas públicas junto al recorte en las jubilaciones que ya se puso en marcha.

Como explica Esteban Mercatante en Salir del Fondo “la práctica de los Estados burgueses es pagar todo lo que se pueda apelando al ajuste, y cuando esto ya no resulta posible, reestructurar para seguir pagando. La reestructuración puede estar precedida por un default…”. Esto es lo que ya ocurrió en los últimos años y ahora Gobierno negocia la reestructuración para seguir pagando. “Lo que logra esta política, que tiene sentido solamente para los intereses de los capitalistas, es reducir hasta niveles tolerables el peso de la deuda, a cambio de perpetuarla en el tiempo”, agrega Mercatante.

Seguir en el negocio de la deuda sólo beneficia a los grandes empresarios que necesitan para sus negocios que el país continúe integrado en los circuitos financieros internacionales. Pero para el pueblo trabajador como ya sucedió en otros momentos sólo recaen los costos de seguir pagando. Por eso hay que terminar con esta expoliación y declarar el desconocimiento soberano de la deuda junto a un conjunto de medidas para reorganizar la economía a favor del pueblo pobre.

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