Fue aprobada en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, una indicación que permite a terceros oponerse al cambio de nombre de personas trans; convirtiéndose en una nueva arremetida contra las libertades sexuales.
Viernes 14 de abril de 2017
Vemos continuamente cómo el Estado no se hace cargo de las problemáticas a las que están expuestas las personas trans. No hay instrumentos de medición de población, registros de denuncias, de homicidios por transfobia, de atención de salud, entre otros.
Lo anterior demuestra la nula intervención del Estado en políticas públicas de esta materia. Con el próximo Censo 2017 se confirma esta indiferencia, pues no se considera a la población trans en ninguna pregunta.
Además, en el ámbito de la educación, las personas trans son especialmente violentadas, se les relega en sus necesidades, en cosas tan sencillas como la falta de baños, de lenguaje, de uniformes que permitan su desarrollo personal según el género con el se identifican, entre otros aspectos. Esto deriva en que la población trans sea una de las más precarizadas y vulnerables de nuestra sociedad, sufriendo discriminaciones de todo tipo: laborales, físicas, psicológicas, en sus relaciones afectivas, quedando excluidos/as de la vida social, con condiciones laborales precarias, o la prostitución como su última opción.
Desde el año 2013 se ha estado tramitando el proyecto de ley que busca reconocer y dar protección al derecho a la identidad de género. Este miércoles 12, se aprobó una de sus indicaciones, número 38, que permite a terceros como padres/madres, hijos/as, cónyuges y convivientes civiles, oponerse a cambio de nombre y sexo registral.
Esto expresa, más bien, que no hay “avances” por parte de las autoridades. Esta indicación fue propuesta por Andrés Allamand, quien no forma parte de la Comisión, y aprobada con los votos de Van Rysselberghe, Manuel Ossandón, Manuel Matta y Pedro Araya. Lo chocante y contradictorio es que más de alguno de estos políticos, como el caso de Van Rysselberghe, es abiertamente católico y opositor a los derechos de la diversidad sexual.
Ya es sabido que cualquier tipo de iniciativa que apunte, aunque sea de manera insuficiente, a avanzar en materia de derechos de la diversidad sexual se ve trabada por la derecha, hoy Chile Vamos, y los sectores conservadores de la Nueva Mayoría, como es el caso de la Democracia Cristiana, donde hay sectores que incluso se oponen a la ley de aborto en tres causales.
Esta indicación además de ser un ataque a la comunidad trans, no se sustenta desde el punto de vista legal. Hoy si cualquier persona quiere cambiar su nombre debe iniciar un proceso voluntario y no contencioso, en donde no están facultados los ascendientes y descendientes consanguíneos de primer grado, ni cónyuges o convivientes civiles para oponerse.
Sin embargo, en este proyecto de ley se integra una limitación única para las y los trans que quieran ejercer su derecho a cambiar de nombre. Con la indicación mencionada, sería un procedimiento contencioso en caso de que los terceros facultados por la ley se opongan, y sería conocido por el juez de familia competente. No obstante, ningún interés eventual debería ser tan importante como el derecho fundamental de la población trans al reconocimiento de una identidad acorde al género con el que se identifican.
Hoy no podemos permitir que la derecha continúe decidiendo por nosotros/as, modificando una ley ya deficiente según sus intereses y que sigue sin dar respuesta a las necesidades de las personas trans que son mayores de edad, ya que de plano, no considera las/los menores de edad.
Exigimos una Ley de Identidad de Género que garantice la posibilidad de acceder a derechos mínimos, como el cambio de nombre; y no una al servicio de la moral de la Iglesia ni de la derecha, que no representan a los sectores más explotados y oprimidos de nuestra sociedad.
La precarización tiene "rostro trans", es por esto que debemos entre todos y todas organizarnos en nuestro lugares de estudio y de trabajo, para que en conjunto podamos avanzar en la obtención de los derechos de las personas LGBTI. Más aún, debemos organizarnos para que entre todas y todos terminemos de una vez con este sistema que nos oprime y explota.
