Otro caso de suicidio de una trabajadora de la salud, esta vez en el Hospital de Rancagua, producto del agobio laboral y el acoso por parte de las jefaturas. Los verdaderos responsables son la dirección del hospital que hace oídos sordos a estas problemáticas, como también el gobierno que sostiene la precarización laboral de las y los trabajadores de la salud tanto pública o como el caso de Janin en la Clínica Santa María, del sector privado.
Martes 21 de junio de 2022
La historia se repite, esta vez en el Hospital de Rancagua, con el suicidio de Jennifer Peña, joven TENS de 27 años, que al igual que Janin Gerdes en la Clínica Santa María hace unos meses puso fin a su vida, el mismo factor, el agobio laboral y el acoso por parte de las jefaturas.
Según testimonios de cercanos a Jennifer, venía arrastrando, hace ya un tiempo, varias situaciones de agobio y acoso laboral por parte de las jefaturas, así como discriminación por su orientación sexual.
Estas prácticas son más comunes de lo que uno puede imaginar, sobre todo en un sector como la salud, donde los contratos inestables (honorarios, suplencias, contrata) están a la orden del día; y muchas veces por miedo a perder el trabajo no se saca la voz frente a estas situaciones de acoso laboral, se genera competencia por un mejor salario y puesto laboral, haciendo el ambiente laboral más estresante. Por otro lado, la sobrecarga laboral impuesta, con turnos extras donde el déficit de personal implica un alto grado de responsabilidad impuesta por las carencias estructurales y la nula incidencia en la organización de los ritmos o turnos de trabajo, de los recursos y el mismo proceso asistencial de las y los usuarios.
Todo lo anterior, sumado a sueldos que rondan la línea de la pobreza, que no alcanzan para llegar a fin de mes, es otro factor que empuja al estrés, trastornos de sueño, del ánimo y diversos problemas de salud mental. Empujando a las trabajadoras como Jennifer o Janin a realizar horas extras o simple y llanamente, una segunda fuente de ingresos.
Una situación preocupante es lo que acarrean los trabajadores de la salud donde el 30% refiere tener síntomas depresivos y más de 55% presenta trastornos emocionales producto del estrés, posicionando hace un año a Chile como el segundo país en el mundo donde más ha aumentado el deterioro de la salud mental en pandemia.
El caso de Jennifer no es aislado, es parte de toda la precarización que se vive en la salud, donde hay responsables concretos como la dirección del Servicio de Salud, del hospital y sus jefaturas, que bajo estas condiciones estructurales aprovechan la verticalidad de las jerarquías e inciden recurrentemente en episodios de violencia laboral, afectando la salud mental de las/os trabajadores “bajo su mando”.
Por otro lado este y los gobiernos de los 30 años, así como la Convención constitucional, tienen una responsabilidad muy concreta al mantener el desmantelamiento de la salud pública (lo que condiciona el ambiente laboral), manteniendo el subsidio a los dueños de clínicas e Isapres, conservando la salud como un negocio, afectando no solo a los usuarios sino también a sus trabajadores con bajos sueldos y sobrecarga laboral.
Por otra parte, es inaceptable la convivencia pasiva de las y los principales dirigentes de las Federaciones de la Salud que suelen sentarse a negociar con las direcciones del hospital o el MINSAL, pero ante estos casos donde incluso está en peligro la vida de sus trabajadores no dedica sus tiempos y recursos para organizarse contra todas las precariedades a las que estamos sometidos las y los trabajadores de las salud pública o privada.
Como agrupación de trabajadores de la salud Abran Paso damos nuestras más sentidas condolencias a su familia y círculo cercano, no queremos más trabajadoras muertas por las condiciones laborales y el acoso que se vive en los centros de salud. Hoy más que nunca urge acabar con la precarización laboral, basta de contratos inestables, por el paso a planta de todas y todos, además de la contratación de más personal, para acabar con el agobio, la competencia y la sobrecarga física y psicosocial.
Necesitamos confiar en nuestra organización y la toma de decisiones de forma democrática, impulsemos Comités de Higiene y Seguridad en cada lugar de trabajo, donde sean las y los trabajadores quienes discutan las condiciones y la organización del trabajo y cómo mejorarlas; por más estabilidad y mejores sueldos que no obliguen a redoblar turnos, además de enfrentar estos casos de acoso, sin confianza en la dirección del hospital ni las jefaturas que hacen oídos sordos antes de llegar a estas catástrofes.
Avancemos a luchar por un sistema de salud único gestionado por trabajadores/as y la comunidad de usuarios/as; con financiamiento estatal integral (sin subsidio a privados) y en base a los impuestos progresivos a las ganancias que se generan con los recursos naturales; que garantice salud mental para sus trabajador@s y usuari@s. Sólo la organización y movilización nos abrirán el camino a conquistar nuestros derechos y condiciones dignas, pues la Nueva Constitución el programa de Apruebo Dignidad y Boric mantiene el negocio en la salud y no ha concretado avances sustanciales en lo que a salud mental se refiere.
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