La empresa canadiense Great Panther Silver derramó desechos tóxicos al río Cata de Guanajuato. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sacó a la luz los hechos pero no ha emitido sanción alguna.
Axomalli Villanueva @1quiahuitl
Sábado 27 de junio de 2015
Hace unos días salió a la luz que la empresa canadiense “Great Panther Silver” -quien extrae oro y plata en Guanajuato- derramó químicos tóxicos nocivos para el entorno y la salud humana sobre el río Cata, cerca de su yacimiento “El Rosario”.
En el proceso de extracción se generan residuos llamados lodos o jales mineros. EL tubo de 20 centímetros que los contenía se reventó y se originó una fuga de los jales. Según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se derramaron 4,500 litros de desechos tóxicos que fueron a dar al río y a uno de los caminos que conduce a la mina.
"En lo que hacen el tratamiento de la recuperación de oro y plata se generan ciertos desechos y entonces existe un almacenamiento de los mismos y eso tiene que estar controlado y cuando esto se rebasa o surge alguna situación, entonces viene una contaminación importante", señaló José González, delegado de la Profepa.
“Los jales representan un riesgo para el equilibrio ecológico, el ambiente y la salud de la población”, señala la Norma Oficial Mexicana NOM-141-SEMARNAT-2003.
Pobladores de la zona aseguran que esta no es la primera vez que los desechos altamente tóxicos son vertidos al río, lo que ha causado enfermedades a los habitantes del lugar.
No obstante, casi nunca Profepa ha denunciado a las mineras. Ante esto, las autoridades sólo han iniciado una averiguación. En cuanto a la empresa responsable sólo recibiría una multa mínima pero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) apenas dice estar haciendo investigaciones para determinar si el agua está contaminada.
Éste no es el único desastre causado por la irresponsabilidad de las empresas mineras. En México, las concesiones mineras poseen una quinta parte del territorio mexicano y representan un gran negocio a nivel internacional en materia extractiva.
El gobierno mexicano otorga concesiones a empresas de distintos países. Las más numerosas son las otorgadas a empresas canadiendes. Ellas tienen sus millonarias ganancias en la Bolsa de Canadá, mientras que en México y América Latina instalan la infraestructura -que muchas veces pasa por áreas naturales y territorios de comunidades pobres- para extraer de los yacimientos metales y minerales.
Las supuestas multas son impuestas por las mismas instituciones que solapan esta explotación irracional de los recursos.
Semarnat y Profepa imponen multas mínimas que no se comparan con las ganancias multimillonarias de los capitalistas canadienses. Como en el caso de Sonora, para la compañía Great Panther Silver, la supuesta multa no reparará los daños causados al ecosistema, y mucho menos mermará en las multimillonarias ganancias de la misma.
México da entrada a empresas canadienses y estadounidenses haciendo del país un paraíso fiscal para los inversionistas, en gran medida gracias al Tratado de Libre Comercio. También les concede mano de obra barata a la que no tiene la responsabilidad legal de otorgarles derechos mínimos laborales. Los mineros reciben salarios de miseria y ven afectada su salud. Es decir, empresas como Great Panther Silver hacen una doble explotación: sobre los recursos naturales y sobre la clase trabajadora.
Bajo la lógica capitalista, la ganancia y el enriquecimiento ilimitado son los objetivos pero a costa del agotamiento de los recursos naturales, el deterioro ambiental y la explotación de los obreros. Esto se ha visto en el país con otros casos de derrames de sustancias toxicas en cuerpos de agua, (tal es el caso del provocado por el Grupo México, en Sonora).
Ningún organismo institucional penalizará a los responsables ni solucionará la catástrofe. Sólo los trabajadores mineros organizados desde las bases, de manera independiente, con el apoyo de los pobladores de los lugares donde están asentadas las mineras, podrán expropiar sin pago estas empresas. Y podrán ponerlas a funcionar bajo control obrero para realizar la extracción del mineral de manera racional, tratando de afectar lo menos posible el medio ambiente y empleando todas las medidas de seguridad industrial que requiere esta labor, para prevenir afectaciones a la salud de los mineros.
A su vez, los trabajadores, aliados con los habitantes de las comunidades donde operan las mineras podrán definir medidas preventivas para evitar accidentes industriales, y destinar las ganancias obtenidas por la venta del mineral a financiar viviendas, infraestructura urbana y rural, educación y salud de acuerdo con las necesidades de la comunidad.
