VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO. Nuevo escándalo de ocultamiento y corrupción sacude a Peña Nieto

Apenas unas horas antes del cierre de esta edición, la agencia Reuters divulgó, en exclusiva, una noticia que apunta directamente al principal ocupante de la residencia oficial de Los Pinos, y amenaza sacudir a la presidencia a una semana de las elecciones intermedias.

Una nueva “casita blanca”…

Según Reuters, Enrique Peña Nieto habría dado información incorrecta respecto a una de sus propiedades, ubicada en Valle de Bravo, Estado de México. En el 2013, la primera ocasión que Peña presentó públicamente su declaración de bienes -lo cual fue se inscribió en sus llamados a la transparencia- dicha propiedad apareció como un “obsequio” de su padre.

Sin embargo, la agencia informativa afirma contar con datos de primera mano -obtenida mediante una solicitud de información pública- donde se apreciaría, por una parte, que Peña Nieto adquirió en 1988 la propiedad a un tercero por 11,2 millones de pesos de ese entonces. Y, por otro lado, según el periodista Simón Gardner, la tasación de la propiedad estaría muy por debajo de esa cifra, en 11,200 pesos. De confirmarse, un verdadero escándalo de ocultamiento financiero, con miras a no divulgar la fuente de los recursos económicos. La noticia presentada por Reuters fue desmentida por el vocero presidencial, Eduardo Sanchez Hernández.

Ya en meses pasados Peña Nieto había sido fuertemente salpicado por las repercusiones de la investigación que un equipo periodístico hizo en torno a lo que se llamó la Casita Blanca, que tuvo repercusiones internacionales. Su esposa, Angélica Rivera adquirió una casa por un valor multimillonario, a través de una cadena de relaciones que llevaba directamente a un empresario contratista del gobierno. La periodista Carmen Aristegui y su equipo descubrieron el oscuro entramado y llamaron la atención sobre los cuantiosos recursos utilizados para esa compra, los cuales nunca fueron comprobados.

Y, sin perder el aliento de los escándalos gubernamentales, recientemente se divulgaron grabaciones donde se evidencia que -bajo su administración en el Estado de México y la actual de Eruviel Ávila-, la constructora española OHL realizó el sobrecosto y el consiguiente aumento descomunal de tarifas en el Viaducto Bicentenario. Esto, claro está, con la complicidad de funcionarios del más alto nivel de la administración del Estado de México, que involucra no sólo al Secretario de Comunicaciones, sino también a altos magistrados y, presumiblemente, al actual gobernador.

Nuevamente, la denuncia de Reuters echa luz sobre el enriquecimiento de una clase política que acapara escandalosamente propiedades y riquezas mientras las grandes mayorías sobreviven con salarios miserables y sin acceso a vivienda digna.

Representantes políticos de los grandes empresarios y las trasnacionales, con los cuales están asociados y coludidos para otorgarles las mejores concesiones y negocios, y que a cambio de eso acceden a grandes “premios” e “incentivos”, mientras por su propia cuenta meten la mano en el presupuesto estatal. Una clase política que se aprovecha, por igual y sin distinción de partidos -porque lo mismo tocan al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que, por ejemplo, al Partido Acción Nacional (PAN), al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y al Partido Verde-, de que México se haya transformado en el reino de las transnacionales imperialistas y sus socios nativos.

La información divulgada por Reuters podría representar un duro golpe para la figura presidencial, que arrastra una profunda crisis de legitimidad a partir de las movilizaciones por Ayotzinapa. Y que espera que las próximas elecciones le permitan al PRI recuperar el terreno perdido.

La hipocresía de los ladrones de guante blanco

Para conjurar el peligro de tanto escándalo y darle mayor prestigio al gobierno es que el pasado miércoles, Peña Nieto anunció el Sistema Nacional Anticorrupción, con varias medidas incluyendo que los responsables de la Secretaria de la Función Pública deben ser ratificados por el Senado, y que instituirán distintas instancias de “vigilancia”.

Fue tal el fuerte impulso mediático de este anuncio, que incluyó la publicación de una columna firmada por el presidente, en la sección de Opinión del periódico opositor La Jornada. Un hecho inédito, del cual dimos cuenta desde La Izquierda Diario.

Allí criticábamos la decisión de La Jornada, un símbolo del periodismo crítico en México, de darle voz al responsable de Atenco y bajo cuyo gobierno se perpetró la desaparición de los 43 normalistas.

Decíamos que era lamentable que, en los tiempos donde el gobierno intenta silenciar toda voz crítica -como la de Carmen Aristégui-, La Jornada le diera un espacio -poco importa si pago o no- para publicitar su nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que puede resumirse en la idea de que los ladrones de guante blanco van a investigarse a sí mismos.
El análisis y la crítica informativa que realizamos desde este periódico de izquierda e independiente se muestra como correcto. El anuncio de Peña Nieto es una cortina de humo para ocultar los escándalos que lo sacuden (y al que ahora se sumaría Valle de Bravo) y darle a su administración un barniz de transparencia y un hipócrita discurso “anticorrupción”.

Como dijimos en La Izquierda Diario, la creciente corrupción y el enriquecimiento de la clase política es una muestra de la degradación cada vez más creciente de esta democracia asesina y al servicio de los poderosos. Un régimen político cruzado por la penetración de las trasnacionales imperialistas de la cual son sirvientes los distintos niveles de gobierno. Es parte inseparable de un sistema que mientras tiene para las grandes mayorías explotación, opresión y miseria, guarda para sus políticos y funcionarios sus prebendas y sus privilegios.

Toca a los trabajadores y a la juventud combativa dar una salida que ponga fin a la decadencia capitalista.

Con información de Reuters