Un operativo conjunto entre la Guàrdia Urbana, los Mossos y la policía portuaria mantiene vigilada la zona portuaria e impide que los vendedores ambulantes puedan exponer sus productos. Desde el Ayuntamiento dicen que el operativo se mantendrá hasta nueva orden.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Martes 10 de noviembre de 2015
Ayer lunes la zona portuaria de Barcelona amanecía con una fuerte presencia policial. A las siete de la mañana agentes de la Guàrdia Urbana de Barcelona junto a los Mossos d’Esquadra y la policía portuaria desplegaban un desmesurado operativo policial contra los trabajadores de “top manta”.
Se refuerza así la política del Ayuntamiento de ‘Barcelona en Comú’ de persecución hacia un colectivo que ejerce la venta ambulante como única opción de subsistencia. Por su parte el comisionado de Seguridad del Ayuntamiento Amadeu Recasens, confirmó que el dispositivo policial se mantendrá hasta nueva orden, sin desvelar si será cuestión de días o semanas.
La redada policial permanente que lleva por nombre Operación Colón, mantiene un dispositivo de vigilancia en las zonas donde últimamente los vendedores ambulantes estaban apostando sus “mantas”, es decir gran parte del litoral de la ciudad y con especial presencia policial en las zonas más céntricas como Portal de la Pau, Palau de Mar y el Moll de la fusta.
Al despliegue de unidades policiales destinadas a la vigilancia en los puntos más calientes de la ciudad, se le suma el constante desplazamiento de las furgonas policiales a lo largo de todo el perímetro restringido. Sin duda, una política vergonzosa de disuasión e intimidación hacia los vendedores ambulantes que pretenden acercarse a la zona.
Para mayor regocijo, desde la madrugada la policía portuaria riega con mangueras industriales el empedrado donde se sitúan habitualmente los “manteros” e imposibilitar así que puedan colocar sus productos.
A media mañana del lunes y tras consumarse los hechos, Recasens confirmó públicamente que llevaban tres semanas organizando el operativo. Y señaló que la autoridad portuaria llevaba meses reclamando ayuda a la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y al conceller d’interior de la Generalitat.
El operativo policial iniciado este lunes tiene como principal objetivo para BeC contrarrestar la campaña que desde los medios de comunicación burgueses apuntan a que el Ayuntamiento es incapaz de solucionar los problemas que causa a los negocios del “lobby turístico” las actividades de los vendedores ambulantes.
Ante esto, el Ayuntamiento de BeC opta por profundizar la política de intimidación y persecución hacia este colectivo a través de un operativo policial que se enmarca dentro de la Operación Victor Alfa. Lo que a su vez esto supone la reanudación de la campaña persecutoria contra los vendedores ambulantes que se inició durante el verano, solo que ahora de forma más “regularizada y sutil”. Todo ello, amparándose en la intervención en primera instancia de los Mossos d’Esquadra, un cuerpo policial tanto o más represivo que la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Por su parte, Recasens declaró en la mañana del lunes que el objetivo del operativo según el Ayuntamiento de ‘Barcelona en Comú’ es "controlar la venda ambulant irregular, garantir la convivència a l’espai urbà i preservar-lo de l’ús intensiu al qual ha estat sotmès fins ara amb aquesta activitat i assolir un ús lliure de l’espai públic".
Una política que se contradice, y mucho, a las declaraciones reiteradas de BeC de abordar el conflicto de los “manteros” desde una óptica socio-laboral, en lugar de enfocarlo como una cuestión de seguridad y orden público.
Coordinar “sobre el papel” mesas de diálogo con los sectores afectados en este conflicto y no iniciar en la práctica ninguna política de ayuda a los vendedores ambulantes, como está haciendo el Ayuntamiento, es insuficiente para resolver el problema.
Pero mucho más grave es plantear un estado de excepción encubierto, como se está poniendo en práctica estos días desde BeC. Acciones como esta dejan al desnudo no solo la incapacidad de ‘Barcelona en Comú’ de poner soluciones favorables a los colectivos más desprotegidos de la ciudad, sino su negativa a plantar cara a los intereses capitalistas de los sectores más ricos.
Frente a este nuevo endurecimiento de la campaña policial y persecutoria, es más urgente que nunca reforzar la solidaridad y la movilización popular para echar atrás la política del “sentit comú’ de BeC y conseguir una verdadera e inmediata solución para los vendedores ambulantes.
