Así lo determinó el titular del Juzgado Federal N°3 Ernesto Kreplak contra los represores Carlos Ernesto Castillo, Juan José Pomares y Antonio Agustín Jesús por los crímenes cometidos contra 11 víctimas- 9 de ellas asesinadas- y sus familias en la ciudad de La Plata. También fueron embargados por un monto que ronda entre 1 y 2 millones de pesos.
Jueves 5 de agosto de 2021 20:53
Carlos “El Indio” Castillo, Juan José “Pipi” Pomares y Antonio Agustín “Tony” Jesús, miembros de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), organización parapolicial de la derecha peronista que asesinó a decenas de militantes obreros y estudiantes en las ciudades de La Plata y Mar del Plata entre 1974 y 1976, fueron procesados por los homicidios calificados por haberse cometido con alevosía y con el concurso de dos o más personas, en perjuicio de José Ruda, Ricardo Rave, Alcides Méndez Paz, Daniel Rayson, Graciela Martini, Néstor Dinotto, Horacio Urrera, Carlos Sathicq y Leonardo Miceli.
También les imputó el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas simulando autoridad pública u orden de autoridad pública respecto de Ruda, Rave, Méndez Paz, Rayson, Urrera, Miceli y Sathicq. Otra imputación fue por la violación del domicilio de las familias Ruda-Pizarro, Rave-Rivas, Méndez Paz, Fallioca, Rayson-Midon, Martini-Zanata, Urrera-Escuderi, Sathicq y Miceli-Bossio, y los robos agravados por el uso de armas perpetrados contra los familiares de Rave, Méndez Paz, Rayson, Martíne, Urrera, Satichq y Miceli; y por los daños ocasionados a la propiedad de la familia de Graciela Martini.
Asimismo, el magistrado embargó los bienes de Jesús, Pomares y Castillo hasta cubrir las sumas de 1 millón, 1,5 millones y 2 millones de pesos respectivamente “para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso”, y su inhibición general de bienes, al tiempo que dispuso la prisión preventiva, a través de prisión domiciliaria monitoreada respecto de Pomares y Jesús, decisión apelada por la fiscalía.
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Castillo es el único que se encuentra cumpliendo condena en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Jesús y Pomares gozan del beneficio de arresto domiciliario. Sobre Pomares, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó al TOF 1 de La Plata revisar el criterio por el cual fue absuelto por el beneficio de la duda en el juicio previo que se realizó en 2017.
Los fundamentos
En el procesamiento, Kreplak señaló que “Pomares, Castillo y Jesús mantuvieron, junto con otros miembros de CNU no identificados hasta el momento, un señorío global sobre los acontecimientos investigados, a raíz de la cooperación recíproca prestada para desarrollar cabalmente el plan criminal propuesto. Los tres coincidieron en la preparación de los operativos y realizaron aportes sustanciales en su ejecución, adoptando diversos roles para dar cumplimiento al proyecto común tendiente a eliminar a las víctimas en razón de su militancias política o gremial".
El magistrado consideró que los hechos cometidos “deben ser considerados a la luz del Derecho Internacional Público como crímenes de lesa humanidad”. Kreplak indicó que fueron delitos “cometidos en el contexto del plan sistemático de represión ilegal desplegado durante la última dictadura cívico militar, una de cuyas principales aristas consistió en el ocultamiento y destrucción de pruebas, y en la comisión de hechos ilícitos amparados en la clandestinidad”.
Las víctimas de la CNU
Jorge Ruda tenía 24 años cuando fue secuestrado el 8 de diciembre de 1975, trabajaba en el Registro de las personas. Su cuerpo apareció en Arana. Ricardo Rave, “Patulo”, era militante de la Unión de Estudiantes Secundarios. Fue secuestrado el 24 de diciembre de 1975 y asesinado en el camino a Arana. Alcides Mendez Paz estudiaba Ingeniería en la UTN a la vez que trabajaba en el Astilleros Río Santiago.
Daniel Rayson Midon era delegado en Propulsora Siderúrgica y también estudiaba Ingeniería. Ambos fueron secuestrados el 19 de febrero de 1976. Sus cuerpos fueron encontrados a la vera de la ruta provincial 215 en Brandsen.
Néstor Dinotto y Graciela Martini, junto a Daniel Pastorino y Úrsula Barón fueron secuestrados el 4 de abril de 1976. Luego de ser brutalmente torturados a la pareja Pastorino- Barón los liberaron. Dinotto y Martini fueron asesinados.
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Leonardo Miceli y Carlos Sathiq eran trabajadores de una empresa de limpieza en Propulsora. Horacio Urrera, de 23 años, estudiaba Abogacía y trabajaba en el Registro de la Propiedad y era delegado gremial. En el mismo lugar trabajaban integrantes de la banda parapolicial como el Pipi Pomares. Entre el 19 y 20 de abril de 1976 los tres hombres fueron acribillados a balazos y sus cuerpos fueron arrojados en el arroyo Santo Domingo en Sarandí, partido de Avellaneda.
Bandas como la CNU o la Triple A actuaron con el aval del Estado, con el golpe de Estado se diluyeron en las distintas fuerzas represivas. Muchos de ellos se reubicaron con la llegada de la democracia como es el caso de “Pipi” Pomares, que brindó sus “servicios” tanto al cafierismo de los 80, como al menemismo y duhaldismo de los 90 y al kirchnerismo de los 2000. Por eso es clave y continuamos pidiendo la apertura de todos los archivos de las fuerzas y los servicios de inteligencia.
