Hoy, el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), anuló la decisión de clausurar el año escolar que pretendía imponer Áñez y su gabinete, obligándole a cumplir la Constitución Política del Estado para garantizar el derecho a la educación en un plazo de 10 días.
Miércoles 19 de agosto de 2020
Esta tarde, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia Departamental (TJD) de La Paz, dejó sin efecto la resolución ministerial Nº 050/2020, que clausuró el año escolar para la gestión 2020, decisión que pretendía imponer el Gobierno de Áñez, justificándose nuevamente en la pandemia del COVID-19.
"Se instruye a que el nivel central, a través del Ministerio de Educación, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, provea una política pública integral para garantizar por todos los medios el derecho a la educación de todos los ciudadanos en edad de escolarización tomando en cuenta a todos los actores participantes de la educación. Debiendo asumir su responsabilidad y no evadirla bajo ninguna circunstancia", según se describe en el dictamen de la Sala Constitucional.
Recordemos, que el pasado 2 de agosto, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, en tono triunfante, informó que el Gobierno “transitorio” habría decidido clausurar el año escolar debido a la "falta de condiciones" para que los estudiantes puedan continuar con su aprendizaje, dejando de lado la infinidad de alternativas de educación que existen, como ser las clases por radio, televisión o plataformas virtuales, que podrían reemplazar las clases presenciales.
Era evidente, y predecible, la inconstitucionalidad de la decisión gubernamental de clausurar el año escolar, toda vez, que dicho acto, también le pondría fin a la educación en nuestro país, por lo menos, durante el resto del año. Se necesitó un dictamen constitucional para obligar al Gobierno a garantizar el derecho a la educación, consagrado en el artículo 77 de la CPE, el cual determina que la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla.
En este sentido, podemos afirmar, que el derecho a la educación, debe ser garantizado por el Estado y de ninguna forma la crisis sanitaria puede convertirse en excusa para suprimir derechos constitucionales, ante la incapacidad e ineficiencia del Gobierno. Asimismo, esta situación dejó en claro, que el ejecutivo nos mintió todo el tiempo, puesto que el ministro de Educación descartó en varias oportunidades la posibilidad de la clausura escolar para esta gestión, argumentando que se estaría "trabajando" para ello. Sin embargo, la realidad se encargó de mostrarnos que no hicieron nada para garantizar este derecho.
Del mismo modo, con la clausura del año escolar miles de trabajadores de la educación se quedarían sin trabajo, toda vez que la tan cuestionada decisión gubernamental no contemplaba la situación laboral de las y los profesores del sector privado.
Ahora bien, la Sala Constitucional que dejó sin efecto la clausura del año escolar, también instruyó al Gobierno elaborar un plan junto a los principales actores del proceso educativo, como maestros, padres y madres de familia, para tener un programa educativo acorde a la realidad que vive el país por la emergencia sanitaria, dándole un plazo de 10 días para este fin.
Si bien el dictamen plantea que se debe elaborar un programa educativo acorde a la realidad del país, en medio de la pandemia, y con todos los actores involucrados, el problema es que no se discute con qué recursos esto será garantizado. El internet y los recursos para poder acceder a las plataformas de educación virtual sigue siendo un privilegio excluyendo a una gran mayoría de niños, niñas y adolescentes de las familias trabajadoras más humildes y precarizadas del campo y la ciudad. Si no se empieza a discutir medidas como la nacionalización de todas las telecomunicaciones para garantizar el acceso al internet gratuito ningún plan "integral" dará respuestas efectivas que apunten a democratizar y horizontalizar enserio el derecho básico a la educación. No solo esto, sino que además para garantizar que se generen las condiciones de bioseguridad y de aprovechamiento de diversas formas de utilizar internet, radios, televisión, entre otros, para la educación, los recursos -que sí existen- deben obtenerse a través de imponer impuestos a las grandes fortunas, así como de reducir drásticamente el financamiento a los aparatos represivos del Estado, y el no pago a la deuda externa entre otras medidas.
No debería sorprendernos el uso de alguna chicana jurídica por parte del nivel central, para evadir nuevamente este mandato constitucional, toda vez, que, hasta el momento, el Gobierno de Áñez, se ha destacado por vulnerar, suprimir y violar derechos elementales, como la salud, educación y el derecho a la protesta, propios de cualquier Estado que pretenda ser democrático. De igual forma, es importante mencionar que de esta tendencia cada vez más antipopular y pro-patronal de Áñez, la principal víctima, es siempre el pueblo trabajador, explotado y oprimido.
