Las afores apuestan en las bolsas de valores los ahorros para el retiro de los trabajadores. Las pérdidas se aplican a las cuentas individuales de los fondos de pensión.
Miércoles 8 de junio de 2016
Según el reporte oficial de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) los fondos son 2 billones 656 mil 902 millones de pesos. Se registró una disminución de 329 millones de pesos respecto de los 2 billones 657 mil 231 millones reportados al mes de abril.
Este fue el segundo retroceso en el año sufrido por los recursos acumulados para la jubilación de los trabajadores mexicanos. El anterior se registró en marzo: la pérdida fue de 26 mil 396 millones de pesos, de acuerdo con la Consar.
Afores: una estafa contra los trabajadores
En la modalidad de las afores no hay una pensión mínima garantizada por el Estado. Salvo en el caso del Pensionissste, que se basaba en un sistema de reparto solidario y de beneficio definido sin importar los ingresos que se tuvieran a lo largo de la vida laboral. Pero con la reforma al Pensionissste, pretenden entregar los fondos de retiro de las y los trabajadores a la especulación financiera.
Las millonarias ganancias de la partida de las afores invertida en los negocios privados y de los bancos han sido sólo para los grandes capitalistas. Mientras tanto las pérdidas se socializan con los trabajadores formales e informales.
Este robo que se perpetra desde el surgimiento de las afores, se suma a la imposición del aumento en la edad de jubilación a 65 años y a 20 los años de servicio cotizados para tener derecho a una pensión de retiro que se dio en el ISSSTE, gracias a las reformas en materia de pensiones que han aprobado los partidos al servicio de los empresarios.
Desde que pasó en el ISSSTE, en otros sectores han intentado extender la edad jubilatoria: por ejemplo, Carlos Slim para los telefonistas, por el otro el nuevo convenio firmado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). Y en Pemex, también aplicará a partir de 2021.
Mientras tanto, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), más de 30 millones de trabajadoras y trabajadores en México que ni siquiera tendrán la opción de jubilarse.
Los funcionarios de gobierno, al contrario, tienen jubilaciones exorbitantes: un diputado, $77,000 por mes. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, $111,800; directivos de Pemex $250,000. Un agravio para todas y todos los trabajadores de a pie, que garantizan el funcionamiento de la economía.
Por pensiones y retiro dignos para todos
Las trabajadoras y los trabajadores del sector público y del sector privado deben contar con fondos de pensiones estén al servicio de satisfacer y proveer pensiones que brinden una buena calidad de vida para todos y todas las trabajadoras al final de la vida laboral.
Es necesario que las pensiones cubran por lo menos el costo de la canasta básica y se ajusten de acuerdo con la inflación. Que se abroguen todos los contratos y las leyes que imponen la jubilación a partir de los 65 años. Hay que terminar con los privilegios de los altos funcionarios que se enriquecen a costa de entregar los recursos del país al capital privado y de incrementar el ritmo de explotación sobre el pueblo trabajador. Que los jueces, diputados, directivos y todos los funcionarios cobren la misma pensión que una maestra.
Es imprescindible también eliminar el sistema de empleo a través de contratos por honorarios bajo los que laboran parte de los trabajadores del Estado, como numerosos profesionales y técnicos que laboran para la SEP.
Todas y todos los trabajadores que laboran en instituciones gubernamentales de los distintos niveles deben pasar a nómina y el Estado debe cotizar sus aportes al sistema de salud pública. Así aumentaría el número de cotizantes activos cuyos aportes puedan solventar las pensiones de aquellos que finalizan su vida laboral.
No se puede dejar la administración de los fondos de pensión en manos de asesores financieros al servicio de los grandes empresarios que especulan con nuestro dinero del retiro. Las y los trabajadores del ISSSTE y el IMSS, y los derechohabientes, organizados de manera democrática, en comités de base, son quienes pueden administrar los fondos de pensión en beneficio de las y los trabajadores y evitar que el capital financiero especule con los fondos de ahorro.
