Con la noticia de que trabajadores portuarios y la alcaldía de Valparaiso realizarán un estudio para proponer un nuevo modelo de la gestión portuaria, vuelve a ponerse sobre la mesa el problema de la privatización de los puertos. ¿Qué hacer con estos? ¿Basta con proponer un nuevo modelo de gestión o debemos ir al fondo del asunto y cuestionar las concesiones? Es necesario abrir este debate.
Antonio Paez Dirigente Sindicato Starbucks Coffe Chile
Lunes 4 de febrero de 2019
El propósito de esta columna no es hacer un repaso histórico sobre la privatización de los puertos de Chile realizada por los gobiernos concertacionistas, pero si creo que debemos iniciar entendiendo que la privatización expresó lo mas alto de la lógica neoliberal sobre el tratamiento de los recursos estratégicos del país.
Cuando en los 90 se licitaron los terminales portuarios para que privados pudieran invertir y modernizar las instalaciones, no se hizo solo con la lógica de renovar la infraestructura del país, sino que se relacionaba directamente con una creencia ya casi religiosa de que lo administrado por privados "funciona mejor".
A la par de que se modernizaron los puertos y aumentaron las ganancias para quienes administraron las concesiones, los trabajadores portuarios vieron precarizado su trabajo y reducidas las plazas de trabajo.
El trabajo eventual, un modelo donde cada trabajar es contratado por un turno (con su contrato y finiquito al inicio y el término de la jornada) es el máximo ejemplo de la precariedad e inestabilidad laboral.
Los sindicatos fueron transformados en bolsas de trabajo y el dirigente sindical comenzó a parecerse cada vez más a un "minipatron". La burocracia sindical, cómoda en esta posición, utilizó su posición para afianzar su poder y disciplinar a uno de los sectores más combativos de la clase trabajadora chilena.
Valparaiso, la ciudad donde se rompió una larga tradición.
Después de más de 30 días de paralización, las y los trabajadores eventuales, dieron un ejemplo de lucha y movilización. Enfrentados a una de las patronales más despiadadas del empresariado nacional, lograron ganar una enorme simpatía en su lucha contra la familia Von Appen.
Las más de 400 familias que se vieron involucradas en el conflicto obligaron al gobierno a dar solución parcial a sus demandas y a la par lograron sacarse a la burocracia que por años había dominado su sindicato.
Pero Valparaiso es también la ciudad donde le Frente Amplio ha conquistado un enorme peso político, poseyendo la administración municipal a través del alcalde Jorge Sharp, dos diputaciones (Camila Rojas y Jorge Brito), un senador (Juan Ignacio Latorre) y dos CORE (Nataly Campusano y Tania Valenzuela). Además de dirigir varias organizaciones sindicales y estudiantiles, esto le ha obligado a construir de forma acelerada su proyecto de ciudad y país que quieren proponer.
De esta forma el debate sobre el problema portuario ha estado como un objetivo prioritario para el Frente Amplio.
La instalación de la tributación especial para las ciudades donde estén instalados los puertos, es la gran batalla que puso adelante el alcalde Sharp.
Hasta ahora Sharp ha logrado reunir un apoyo transversal a su política explicando que un aumento en la tributación de las empresas portuarias y que dicho impuesto vaya directamente a las arcas municipales para utilización exclusivas del gasto social, serviría para solucionar varias de las problemáticas locales como falta de consultorios, resolver el déficit habitacional o acabar con el desfinanciamiento educacional de los sectores más pobres, pareciera ser una solución realista y plausible en los marcos de la política actual.
Pero tras la propuesta frenteamplista se esconde un problema estratégico que se debe resolver: deben existir o no la privatización de los recursos estratégicos del país.
Pareciera ser que para Sharp y el Frente Amplio el hecho de que tengamos puertos en manos de privados y no del Estado, es algo que se puede resolver en la medida que estos privados aporten los recursos suficientes para resolver los problemas sociales mas urgentes de las ciudades donde están instalados.
De la misma forma podría cuestionarse el hecho de que la minería (otro de los sectores estratégicos de la economía) deba administrarse desde el Estado. Para la lógica del FA cual es la diferencia entre que una empresa privada explote un recurso estratégico como el litio si esta paga impuestos nacionales y locales que ayudan al desarrollo de los lugares donde se instalen.
El acomodo a la lógica de lo posible, lleva al FA a no cuestionar que tras el modelo de la privatización está la ideología neoliberal de que el Estado no debe meter sus manos donde empresarios nacionales o internacionales pueden hacer negocios.
Si el Frente Amplio quiere ir hasta el final por una alternativa al neoliberalismo debería tener una política activa para desnaturalizar la privatización de los recursos naturales y estratégicos de la economía nacional.
Posiblemente Von Appen feliz estaría dispuesto a pagar un impuesto que apenas toca sus ganancias para mantener el enorme negocio del puerto en Valparaiso y sabiendo además de que posiblemente parte de ese costo lo traspasará a través de la precarización laboral de cientos de trabajadores eventuales.
