Esta semana se dieron a conocer nuevos antecedentes del caso Milicogate en el cual se descubrieron cerca de 200 millones de dólares en facturas duplicadas.
Miércoles 11 de julio de 2018
Un reportaje del medio Radio Bío-Bío dio a conocer esta semana cómo a través de compras mediante la FAMAE (Fabricación y Maestranza del Ejército) se concretaba el fraude a los recursos de la Ley Reservada del Cobre.
Ante la noticia el Ministro de Defensa, Alberto Espina, declaró que el proceso estaba en investigación y que no se realizaran conclusiones apresuradas, asegurando que “Respecto de hechos de corrupción, de hechos que puedan constituir ilícitos existe tolerancia cero. Hay que esperar que esas investigaciones se lleven adelante, se agoten, se conozcan los resultados y ahí daremos la opinión definitiva y final”.
Sin embargo, escudándose en que aún son hechos en investigación declaró que “Este es un hecho que se está investigando hace tiempo. Pero no hagamos ni saquemos conclusiones anticipadas”.
Según el reportaje de Radio Bío-Bío la ministra en visita a cargo del caso, Romy Rutherford, identificó empresas de Chile, EEUU e Israel (como la empresa Rafael Advance Defense Systems) que estarían relacionadas a pagos irregulares y que tendrían, algunas de estas, como la chilena Capellán, vínculos con el caso Milicogate.
Según la indagatoria en curso se trataría de operaciones de ventas de armas y sistemas bélicos realizados mediante la maestranza castrense (FAMAE) y algunas empresas extranjeras, lo que implicaría un desfalco de cerca de los 200 millones de dólares los que habrían sido cometidos en el Ejército con la Ley Reservada del Cobre.
En este sentido se encontraron, al menos, según un informe de la Policía de Investigaciones, solamente en FAMAE, 44 facturas duplicadas por 83 millones de dólares. Además de antecedentes sobre la destrucción de información sensible al caso, en virtud de una ley aprobada en dictadura (1989) que permitía la destrucción de todo documento con más de 5 años de antigüedad.
Parlamentarios: más comisiones y más fiscalización
El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el demócrata cristiano Manuel Antonio Matta, indicó que citarán al Ministro de Defensa para que explique la situación debido a que “El sólo hecho de que esté vinculado a una empresa de Defensa me parece una situación particularmente grave, por no calificarla de gravísima”.
Por otro lado, su propuesta para resolver la falta de control sobre las empresas del Ejército apunta a “un cambio de gobierno corporativo de estas empresas, que finalmente, en el caso de FAMAE es virtualmente la única empresa que trabaja con el Ejército adjudicándose en un 80% o 90%” según declaró ante la prensa.
El diputado frenteamplista Jorge Brito, de Revolución Democrática, señaló que se conformará una comisión investigadora para citar “al comandante en Jefe del Ejército, al director de la FAMAE e invitaremos al ex comandante Fuente Alba, quien como indica la información, durante estos años habría abonado a su cuenta y la de su esposa del orden de 8 mil millones de pesos”.
“Esto nos avergüenza, una vez más tenemos que comunicar a la ciudadanía que mientras tenemos un país con tantas necesidades, hay algunas instituciones que no han tenido los estándares mínimos de probidad y transparencia” finalizó el parlamentario.
La Ley Reservada del Cobre, un fondo que nadie se atreve a tocar
Mientras siguen ampliándose las indagatorias por el Milicogate, abriendo cada vez mayores aristas, solamente se aclara el alcance del desfalco.
Sin embargo, con todas las investigaciones en curso ¿es factible que los responsables sean juzgados? Nadie se extraña que este caso de corrupción acabe como acaba de terminar el juicio contra los controladores de PENTA, los cuales recibieron la amable condena de clases de ética, multas y libertad vigilada.
Los parlamentarios proponen mayor control civil, pero esto no es suficiente para acabar con la red de corrupción que se esconde en el Ejército. Hay que ponerle fin a la Ley Reservada del Cobre, para hacer concreta la denuncia del diputando frenteamplista, y poner esos recursos al servicio de la población, para asegurar derechos como salud, educación, trabajo y vivienda.
Cabe preguntarse, entonces, ¿porqué nadie quiere tocar los fondos reservados?
