Ante el creciente movimiento democrático catalán, el ministro de Interior del primer gobierno de Mariano Rajoy, habría dirigido personalmente a la “policía patriótica” para espiar al independentismo catalán y filtrar información a medios de comunicación y abrir procesos judiciales contra estos partidos.
Miércoles 22 de junio de 2022
Jorge Fernández Díaz ha sido el último salpicado por los audios de las cloacas del Estado filtrados por el excomisario José Manuel Villarejo. Según una grabación a la que han tenido acceso varios medios de comunicación, el exministro de Interior comandó la operación de espionaje al independentismo, el conocido como “Catalangate”, para sacar “trapos sucios” de los dirigentes catalanes y apagar así el anhelo independentista en Catalunya.
Durante la legislatura 2012-2016 se habría puesto en marcha una operación por la que la denominada “policía patriótica” habría iniciado una campaña de persecución política con la excusa de denunciar por corrupción a los dirigentes independentistas y acabar así con el “desafío rupturista”, como recogen estos medios.
La grabación filtrada corresponde a una reunión celebrada en el ministerio del Interior el 16 de diciembre de 2012, entre el exministro, Eugenio Pino (número uno de la Policía) y el excomisario Villarejo, en la que se habría hablado de buscar “trapos sucios” de los dirigentes políticos para filtrarlos a los medios de comunicación y judicializarlos con denuncias a los tribunales.
Sin embargo, Fernández Díaz declaró ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que apenas cruzó “dos palabras, gracias a Dios” con Villarejo, indicando que durante su mandato no gestionó ningún asunto con el excomisario; algo que ha quedado en entredicho con el audio filtrado.
La reunión grabada dura unos 15 minutos y tanto Pino como Villarejo acordaron con el ministro presentar varias denuncias en la Audiencia Nacional contra dirigentes independentistas como Jordi Pujol o Artur Mas en base a los testimonios de antiguos amigos de los implicados, que habrían acordado con Villarejo testificar a cambio de dinero.
Un nuevo ejemplo de cómo los partidos del Régimen utilizan la justicia para sus propios intereses.
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Entre los descubrimientos producidos por el espionaje y los testimonios, se encuentran las declaraciones de Victoria Álvarez, que según contó a Villarejo, en un viaje con Jordi Pujol vio como este llevaba grandes cantidades de dinero en billetes de 500.
Además, la denominada policía patriótica, habría filtrado, con la complicidad del jefe de Gabinete del ministerio de Interior, un informe anónimo con datos falsos contra miembros del Govern. Todo mientras el ministro de Interior había pedido "discreción" y silencio en torno a las reuniones con el excomisario.
Un ejemplo de falsedad documental fue el cometido en las acusaciones contra el expresidente Artur Mas, del que nunca se acreditó que tuviera cuentas en el extranjero, ni siquiera a través de testaferros, pese a que la policía patriótica filtró informes que así lo aseguraban.
El ministro habría esgrimido como justificación para las denuncias y espionajes que la "unidad de España" era una cuestión de seguridad de Estado, demostrando así que la rancia defensa de la unidad nacional está por encima del derecho a la no difamación y de la decencia humana. Algo que ha demostrado muchas veces el PP, pero también gobiernos supuestamente progresistas como el actual, bajo cuyo mandato ha seguido habiendo espionaje a partidos mediante la aplicación Pegasus.
Estos nuevos audios, que conociendo el afán mediático del excomisario seguro no serán los últimos, muestran claramente dos cosas. La primera, comentada anteriormente, el uso partidario de las fuerzas de seguridad e inteligencia del Estado para espiar, perseguir y criminalizar cualquier movimiento que atente contra su pilar sagrado de unidad nacional.
Y por otro lado que la burguesía catalana, en absoluta conveniencia política y económica con Madrid, ha usado su posición de poder e influencia en las instituciones catalanas para hacer negocios privados de todo tipo, y al calor de los testimonios, más bien de dudosa legalidad.
Este uso de las administraciones públicas por parte de la burguesía para realizar negocios privados no sorprende a nadie. Los audios filtrados del excomisario solo son una prueba más.
Esperar que la misma Ley que protege y permite estas prácticas ahora las juzgue, es una quimera. Las cloacas (y sus mecanismos) son usados por todos los agentes del Régimen para su propio beneficio y que son los últimos interesados, por lo tanto, en desmontarlas.
