La fiscal general de Michigan anunció el procesamiento de activistas propalestinos del campamento de la Universidad de Michigan. Hay que poner fin a esta escalada represiva contra el movimiento.
Martes 17 de septiembre 23:53
El 12 de septiembre, la fiscal general del estado de Michigan, Dana Nessel, anunció que iba a llevar a juicio a varios participantes en manifestaciones pro palestinas, siete de ellos por delitos graves. Esto es el resultado de un esfuerzo de la fiscalía por centralizar todos los juicios de este tipo en Michigan. Según el comunicado de prensa, la fiscal general se ofreció a hacerse cargo de los casos contra manifestantes que estaban en las fiscalías locales de los condados de Wayne, Washtenaw y Macomb (los más poblados del estado). Sólo el condado de Washtenaw, sede de la Universidad de Michigan (UM), optó por aceptar la oferta.
Un precedente escalofriante contra los derechos democráticos
Nessel tiene muy claro que está enviando un mensaje al movimiento de solidaridad con Palestina en la UM y en los campus universitarios de todo el estado. De forma cínica y ofensiva, la fiscal general intenta tapar esta avanzada represiva bajo la máscara del respeto a la Primera Enmienda de la constitución estadounidense, que garantiza el derecho a expresión y la libertad de culto, entre otras cosas. Según su comunicado de prensa, Nessel cree que la libertad de expresión y de reunión son derechos fundamentales que el movimiento de solidaridad con Palestina no debe tener debido a su comportamiento delictivo en los campus universitarios. Intenta enviar un mensaje a todo el mundo de que cualquier cosa que las administraciones universitarias y los fiscales estatales consideren criminal e ilegal no está protegida por la Primera Enmienda.
¿Y cuál es la actividad delictiva e ilegal en la que participó el movimiento? Ocupar un espacio en una universidad pública para luchar por el fin de una ofensiva militar genocida contra el pueblo palestino, ofensiva que ha causado más de 40.000 muertos palestinos desde el pasado octubre. En contra de las acusaciones, el acampe no era un peligro para la comunidad. En todo caso, era en sí mismo una comunidad que invitaba a personas procedentes de todo tipo de entornos diferentes que querían el fin de la mortífera ofensiva militar de Israel en Gaza.
Por el delito de luchar por los derechos de los palestinos, siete personas se enfrentan a cargos por delitos graves, y varias otras se enfrentan a cargos por delitos menores.
Una vez más, el Partido Demócrata traiciona a sus bases
Este es otro golpe en una creciente lista de experiencias recientes que dejan claro por qué el Partido Demócrata no es un vehículo para el cambio o el progreso de la clase obrera y los oprimidos, y por qué la clase obrera tiene que confiar en su propio poder colectivo y en líderes que representen sus intereses.
A la cabeza del ataque se encuentran los llamados fiscales progresistas respaldados por toda una serie de organizaciones reformistas del país. El fiscal del condado de Washtenaw, Eli Savit, hizo su campaña hablando de reformar la policía durante la última oleada del Black Lives Matters, es el único que respondió a la oferta de Nessel de poner la bota del Estado en el cuello del movimiento en solidaridad con Palestina. La propia Nessel es una demócrata de izquierda y la primera fiscal general de Michigan abiertamente gay.
Una campaña continua contra la represión estatal
Además de las acusaciones legales, hay una nueva ola de represión en los campus de todo el país. El sitio de noticias Mother Jones publicó un artículo que incluye una lista de facultades y universidades que han aplicado nuevas normas y restricciones a las protestas. Algunas incluso han adoptado nuevas políticas que restringen el lenguaje que se puede utilizar en carteles, especialmente durante protestas o manifestaciones. Esto se suma a la oleada de suspensiones de estudiantes y profesores activistas propalestinos que tuvieron lugar el semestre pasado y durante el verano.
En Michigan, los organizadores tienen un fondo de defensa legal que forma parte de su campaña de defensa contra la represión. Su lucha contra la represión debe ser asumida por el movimiento nacional e internacional en solidaridad con Palestina, pero también por las organizaciones de izquierda. Los sindicatos, especialmente los que, como UAW y SEIU, han pedido el alto el fuego y el embargo de armas al Estado de Israel, tienen un papel clave que desempeñar en una campaña a largo plazo contra la represión. Aprovechando la posición estratégica de los trabajadores, los sindicatos podrían emprender acciones en el lugar de trabajo y huelgas contra la represión. Esto no sólo pondría al movimiento en una posición más fuerte para derrotar a la represión universitaria y estatal, sino que es la forma de movilizar el poder colectivo de la clase trabajadora para detener el genocidio en Gaza.
