De acuerdo al Subcomité para la Prevención de la Tortura, el país estaría incumpliendo un protocolo facultativo contra la tortura. El gobierno tiene seis meses para responderle formalmente al organismo internacional.
Lunes 5 de septiembre de 2016
La ONU nuevamente emitió un informe donde se emplaza a Chile por temas de derechos humanos y represión hacia las personas. Esta vez tiene que ver con el incumplimiento de un protocolo facultativo contra la tortura, donde se estable que nuestro país está “sustancialmente atrasado” en prevención de tortura.
El Subcomité del organismo internacional determina que además de Chile hay otros países en esta misma situación: Argentina, Camboya, Libia, Nigeria y Congo, Panamá, Gabón, Benín, entre otros. ¿En qué consiste dicho protocolo? La propuesta implica la creación de una institución que tiene como objetivo “prevenir prácticas de vejámenes y proteger a las personas privadas de su libertad”, para evitar que estas pudieran sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes.
Cabe mencionar que las críticas en cuanto a la existencia de tortura policial, represión y violencia por parte de funcionarios de Carabineros, por ejemplo, es un tema que ya había sido denunciado en abril por la ONU. En esa ocasión, integrantes del organismo realizaron encuentros y entrevistas confidenciales con personas privadas de libertad, funcionarios policiales y profesionales de la Salud que trabajan en recintos penitenciarios.
El Subcomité informó a Chile respecto de una serie de observaciones en cuanto a esta materia, y dio un plazo de seis meses para que el gobierno entregue respuestas y resultados formales en cuanto a estas acusaciones. El plazo vence el 26 de diciembre.
Desde La Moneda expresaron “preocupación” por los resultados del informe, por lo que desde el Ejecutivo han intentado “acelerar” algunas propuestas relacionadas con la materia, por ejemplo, un proyecto que tipificaría la tortura. Además, la Cancillería creó un equipo de trabajo interministerial para elaborar las respuestas oficiales a la ONU.
Sin embargo, las acusaciones contra las autoridades y las fuerzas represivas, en relación a torturas, represión y violencia, han sido denunciadas desde hace años por organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas, y la respuesta siempre ha sido silencio y complicidad por parte de las autoridades.
Aún más, los distintos gobiernos han avalado estas prácticas e incluso han entregado más facultades a la policía, pese a reclamos de organismos internacionales, como fue con la aprobación del Control de Identidad Preventivo, cuestionado también por crear un terreno fértil para el abuso y la violencia policial.
Hace tan solo un año fue asesinado el trabajador minero Nelson Quichillao, en el contexto de las movilizaciones por el Acuerdo Marco, quien fue abatido por carabineros, desangrándose hasta morir, y sin obtener ayuda por parte de la policía.
Por otro lado, el caso de Manuel Gutiérrez, estudiante de 16 años asesinado en el 2011 por un funcionario policial que continúa libre, sigue totalmente en la impunidad. Y así con una serie de otros casos de asesinatos, torturas y violencia que permanecen sin juicio ni castigo, amparados en una justicia que solo beneficia a empresarios, políticos corruptos e instituciones represivas.
Es necesario que las organizaciones de Derechos Humanos, sociales, estudiantiles y políticas, continúen movilizándose contra la represión, tortura y violencia por parte de la policía y el Estado; denunciando el constante atropello que se comete día a día, sobre todo en las movilizaciones sociales que cuestionan al actual régimen político, y donde es más común que la policía cometa abusos de poder.
A 43 años del Golpe Militar, la impunidad, represión y criminalización del presente es otra de las grandes herencias de la dictadura con las que la juventud y los trabajadores deben acabar.
