Sin duda, la inclusión de los trabajadores que emiten boletas de honorarios al mercado de las AFP posee como telón de fondo la necesidad de los empresarios del sistema de pensiones de aumentar sus ganancias, como si las cifras de miles de millones de dolares que mueven al mes no les pareciera suficiente para sus objetivos financieros y comerciales.
Martes 2 de abril de 2019
Si bien, la cotización obligatoria no es este año para todo el universo de trabajadores bajo este régimen contractual, ya que partirá con aquellas mujeres menores de 50 años y hombres menores de 55 que declaren anualmente un monto igual o mayor al millón cuatrocientos cuarenta mil pesos, el proyecto del oficialismo contempla que a partir del año 2028 será obligatorio cotizar para todos los “independientes”.
Así el gobierno y la derecha, aunque contaron con el apoyo de la ex NM y el silencio del FA y el PC, se ven obligados descomprimir un posible foco de tensión que se les podía abrir, si es que el cambio hubiese sido generalizado.
No se trata de un interés de “mejorar” las condiciones de vida de las y los trabajadores, garantizándoles acceso al sistema de salud, si no ¿por qué el derecho a tener una cobertura de salud tiene que estar obligatoriamente asociado a la cotización en el sistema de AFP?, esto es algo que más de una vez cualquiera se ha preguntado y que por lo general queda sin respuesta, pero si vemos bien, este cambio en la ley busca mejorar y ampliar las vetas de ganancia de los capitalistas que figuran como accionistas de dichos conglomerados.
Ahora bien, otro nudo de conflicto tiene que ver con que, bajo esta nueva normativa, el gobierno impone una agenda en materia previsional que solo reconoce las obligaciones de los y las trabajadoras a honorarios, pero ninguna libertad democrática como el derecho a asociarse y negociar colectivamente, ya que siguen siendo reconocidos ante la ley como “trabajadores independientes”.
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Pero qué pasa con todos y todas aquellas que trabajan para el Estado en distintos servicios públicos externalizados, por ejemplo sub contratados por el Estado, que poseen condiciones de subordinación y dependencia, cumplimiento de horario en un lugar de trabajo etc. y que por años han boleteado, por supuesto, no hay duda, son “trabajadores y trabajadoras independientes” por tanto, ante los ojos de los distintos gobiernos y del Estado, no tienen derecho ni asociarse ni a negociar.
Por eso a la vez que urge con cada vez más fuerza salir a la calle y llevar adelante un plan de lucha que termine con los paros domingueros y avance hacia un paro nacional efectivo, convocado por la CUT y los principales gremios y federaciones del país en alianza con el Movimiento de Mujeres y el movimiento estudiantil para ponerle fin al mercado y a los empresarios del sistema de pensiones (AFP), y que también que todos los y las trabajadoras pasan a planta, y obtengan de una vez por todas contratos indefinidos, que el Estado como “empleador” los reconozcan como trabajadores y no como lo es hasta hoy “prestadores de servicios externalizados”.