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Red Internacional
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VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE. Obras y negocios capitalistas en una ciudad insostenible

Nuevas obras públicas y privadas que enfrentan el descontento de la población en la Delegación Benito Juárez. Un nuevo capítulo de una larga historia de negocios.

Óscar Fernández

Óscar Fernández @OscarFdz94

Sábado 9 de abril de 2016

Foto obtenida de: http://www.libreenelsur.mx/

Por las redes sociales ha circulado un video titulado “Mixcoac en peligro” que relata cómo la primera sección del barrio de Mixcoac, barrio histórico y protegido en la Delegación Benito Juárez, se encuentra amenazado por la actividad de las constructoras Inmoca y Conidesa.

Éstas pretenden construir tres torres de departamentos en los predios de las calles Patriotismo 883 y Goya 29 y 13, lo cual es ilegal según el mismo Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, ya que la altura máxima que está permitida para construir sería de seis pisos (una medida tomada tras los sismos de 1985 para evitar la caída de edificios en una zona vulnerable a los movimientos telúricos).

La narradora del video alega que estas constructoras no avisaron a los vecinos sobre la obra ni verificaron que no fueran afectados por la misma. Sin embargo, no es la única afectación que ocurre en esta zona de la ciudad.

Ya habíamos relatado en este diario que precisamente en Mixcoac se había llevado a cabo un ecocidio cuando los árboles que estaban situados en el camellón del Circuito Bicentenario – Río Mixcoac habían sido talados.

Hoy no queda prácticamente nada de ese camellón; la tala no solamente continuó, sino que el polémico proyecto del megatúnel que se estaba previsto llevar a cabo a esa altura de la vialidad se ha concretado.

La excavación profunda ha afectado el tránsito de esa zona, causando congestionamientos periódicamente en el Circuito y en la Av. de los Insurgentes, empeorando el problema de contaminación que se ha padecido en el Valle de México.

No sólo eso, sino que además la obra tiene el riesgo de poner en peligro las construcciones aledañas, como lo señaló el ingeniero Jacinto Ruiz en entrevista a Libre en el Sur. Vecinos de la Av. Barranca del Muerto fueron agredidos por gente afín a grupo Indi, la constructora concesionada del Megatúnel, al manifestarse en contra de la construcción del mismo.

Gobernando al servicio de los empresarios

La Delegación Benito Juárez ha sido históricamente una zona habitada por sectores medios. Desde el año 2000, cuando se sustituyó la figura del delegado (designado por el entonces regente) por la de jefe delegacional (elegido por medio del voto popular), el Partido Acción Nacional ha gobernado ininterrumpidamente la demarcación. Sus gobiernos se han caracterizado por poner primero las necesidades de las compañías inmobiliarias, desoyendo las demandas de los vecinos de la delegación, siendo Mixcoac el caso más reciente.

Tal fue el caso del jefe delegacional anterior, Jorge Romero, quien compró un penthouse ubicado en la Av. Gabriel Mancera, el cual habría sido comprado por una suma inferior a lo que puede pensarse cuesta en esa zona de la ciudad: dos millones de pesos. Este departamento habría sido propiedad del grupo Rouz, quienes han tenido varios permisos de construcción en la delegación Benito Juárez.

Otra de los casos polémicos fue el del predio ubicado en la calle de Millet 72, el cual está dentro del Parque Hundido (y por ende no tenía permiso para construirse), uno de los principales pulmones de la delegación.

Dicha obra estaba a cargo precisamente del grupo Rouz, que pretendía construir departamentos de lujo, pero que fue bloqueado gracias a la movilización de los habitantes de la zona.

Pero este es un problema que afecta a toda la delegación. Uno solamente tendrá que fijarse muy bien en las colonias “estrella” que se quieren promocionar (en particular las zonas de Mixcoac, la Del Valle, la Nápoles y la Narvarte) para comprobar que muchas de esas construcciones de edificios departamentales llevan varios meses (e incluso años) sin venderse, ya que es poca la gente que puede pagarlos.

Aunado a eso, la creciente sobrepoblación requiere de más recursos para abastecerla; colonias como la Del Valle solían tener grandes casas donde habitaba una familia, pero muchas están dando paso a edificios de varios pisos de altura que necesitarán de mucha más agua para abastecer sus departamentos y que deberá ser traída de zonas populares, como fue el caso de San Bartolo Ameyalco, donde el manantial del pueblo pretendía ser usado para abastecer la zona de Santa Fe.

Asimismo, muchos de los departamentos en estos edificios parecen estar más acordes al concepto de los “room mates”, ya que ni siquiera tienen el suficiente espacio para alojar a una familia promedio.

¿Que respuesta ante esta situación?

El problema entonces es mucho más estructural de lo que se cree: los políticos al servicio de los empresarios, hacen sus negocios con las inmobiliarias a espaldas de los habitantes para construir sus departamentos de lujo y obras públicas. Si los habitantes se atreven a reclamar sus derechos, envían a la policía o a algún grupo de golpeadores para evitar que su inconformidad se exprese. Sin oposición, estos edificios se construyen mientras se quita el agua a los pueblos aledaños del Valle de México, habitados por trabajadores y sectores populares, para que vayan a parar a departamentos construidos para ser adquiridos por sectores medios con alto nivel de ingresos a los que por otra parte el agua tampoco llega correctamente.

Christian Von Roerich, actual jefe delegacional, parece que pretende seguir el camino de su antecesor al permitir obras que sólo benefician a los empresarios de las constructoras. La especulación inmobiliaria es rampante en la delegación, y es una de las causas de que tantos edificios colapsaran en el terremoto de 1985.

Sergio Moissen, aspirante a candidato independiente a la Asamblea Constituyente planteó a este respecto: “frente a los negocios que solo benefician a los políticos al servicio de los empresarios y las grandes empresas inmobiliarias, que van en detrimento de la población, nosotros proponemos un plan de vivienda publica, donde se tome en cuenta en primer lugar los intereses y las aspiraciones de los habitantes, que mediante un censo de las viviendas disponibles, garantice el acceso a las mismas de toda la población, así como rentas baratas”.


Óscar Fernández

Politólogo - Universidad Iberoamericana

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