Junto a los funcionarios de ayer y hoy, empiezan a aparecer en los expedientes los nombres de los empresarios involucrados. Los contratistas tendrán patria pero no tienen partido. Cómo terminar con la corrupción.
Lucho Aguilar @Lucho_Aguilar2
Martes 6 de junio de 2017 00:14
Que el escándalo Odebrecht haya entrado a la Argentina por las vías del ferrocarril Sarmiento es todo un símbolo. Esas mismas vías fueron el escenario de la masacre de Once, un crimen social que reveló hasta dónde podían llegar los negociados y la desidia de políticos y empresarios.
En estos días se ha convertido en el disparador de otro escándalo político: las coimas que habría pagado la constructora Odebrecht a funcionarios argentinos, como parte de los contratos por las obras de soterramiento del ferrocarril.
La conexión argentina
En el 2016 comenzó en Brasil la operación Lava-Jato, una megacausa abierta por la poderosa justicia brasileña por casos de corrupción. Allí quedó al descubierto la estructura de coimas que había organizado la mayor empresa contratista de Brasil, Odebrecht. Decenas de empresarios, pero también políticos, comenzaron a desfilar por cárceles y tribunales. Pero, como cuenta el dicho, si Brasil estornuda Argentina se resfría. Como era de esperar, la corrupción que beneficiaba a la transnacional brasileña tenía ramificaciones en otros países.
La conexión argentina comenzó a conocerse el día que directivos de la empresa brasileña reconocieran en Estados Unidos que entre el 2007 y 2014 pagaron 35 millones de dólares de coimas para ser beneficiados con obra pública.
La revelación fue tomando en las últimas semanas nombres y números concretos. Se trata de varias causas. La que investiga el soterramiento del Sarmiento involucra a ex funcionarios como Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte, pero también a la empresa italiana Ghella y a la constructora Iecsa, que pertenecía al primo de Macri Ángelo Calcaterra.
Otro de casos de sobornos, investigado por el juez Sebastián Casanello, es la construcción de planta potabalizadoras realizadas por Odebretch junto a Aysa. Y el juez Daniel Rafecas tiene una causa sobre la ampliación de un gasoducto en Córdoba en el que participó la empresa brasileña.
Además, uno de los "arrepentidos" declaró haber pagado 850 mil dólares al operador macrista Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuestión que investiga el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
Un lunes “negro”
Este lunes, el juez Martínez De Giorgi movió el tablero. Por la mañana, con la Policía Federal, ordenó el allanamiento de las oficinas de IECSA, Odebrecht y Ghella. Buscaba información sobre los contratos y documentos complementarios sobre la obra. Además de coimas, se cree que hubo una “modificación de costos” (sobreprecios) por $ 300 millones. También pidió a la AFIP un listado de los directivos de las cuatro empresas a cargo de las obras.
También fueron allanadas la firma Detall y la consultora Caesa, de Manuel Vázquez, el principal asesor del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
En otra de las causas, el fiscal federal Federico Delgado pidió informes sobre el crédito suscripto entre la empresa AySA y Odebrecht.
Los allanamientos y movimientos causaron un revuelo en varios despachos, empresarios y políticos.
“Conflictos de intereses”
IECSA es una empresa que perteneció históricamente a Franco Macri, quienes la convirtieron en una de las naves insignia de la patria contratista. Sus áreas de negocios incluyen la construcción de edificios de alta complejidad, puentes y autopistas, presas y obras de saneamiento, obras de infraestructura ferroviaria y portuaria, y un largo etcétera.
En 2007, casualmente cuando Mauricio estaba por asumir la jefatura de gobierno porteña, la empresa pasaría a manos de Ángelo Calcaterra. Intentaban así evitar cuestionamientos por las obras que beneficiarían “inevitablemente” a los negocios de la familia. Sólo por el detalle de que el nuevo dueño es uno de los sobrinos de Don Franco.
Sin embargo, en marzo de este año se conocería la venta de la empresa. Aunque esta vez Calcaterra prefería hablar de “conflicto de intereses”, en realidad había razones más amargas. Semanas antes, el diario brasileño O Estado, de San Pablo, había publicado una investigación por los sobornos de Odebrecht. Allí se identificaba cinco correos electrónicos en los que se acordaba el pago de 20 millones de dólares en coimas por el soterramiento.
El comprador sería Marcelo Mindlin, dueño de Edenor y otras empresas, y de excelente relación con la familia Macri.
La patria (contratista) somos todos
El año pasado habían sido los bolsos de José López. En un intento de compartir culpas, Cristina Kirchner había reconocido que “cuando alguien recibe dinero en la función pública, otro se lo dio desde la parte privada”. El “caso López” mostraba que durante la gestión kirchnerista no sólo se habían beneficiado los empresarios amigos (Lázaro Báez, Cristóbal López, Electroingeniería), sino que habían continuado haciendo negocios los peso pesados de la patria contratista.
Según una investigación de los periodistas Martín Schorr, Andrés Wainer y Alejandro Gaggero, el sector que más avanzó dentro de la cúpula empresaria durante el kirchnerismo estaba ligado a la construcción y a la energía. En la construcción destacan al grupo ODS (Calcaterra), Caputo (asesor de Mauricio Macri), IRSA, Electroingeniería, Indalo (Cristóbal López) y Cartellone. Son los “herederos” de los Macri, los Bulgheroni, los Rocca, los Pérez Companc.
Ahora “salta” el escándalo de Oderbrecht y sus conexiones locales. Una y otra vez, vuelve a saltar el sistema de corrupción que embarra a gobernantes y empresarios. Ayer, con un gobierno “nacional y popular”, y hoy con uno de sus hombres en el gobierno, se utilizaron los mismos mecanismos para beneficiarse de las obras y contrataciones del Estado: licitaciones millonarias, obras sub ejecutadas, sobreprecios y cartelización. Las coimas que hoy se conocen no más que uno de los tantos mecanismos del saqueo.
Parece que cuando hablamos de los negocios de la patria contratista, se acaba la famosa “grieta” de la que hablan macristas y kirchneristas.
Las únicas manos limpias
Quizás esta vez el escándalo Odebrecht tiene esta vez un condimento especial. Llega en el inicio de las campañas electorales. Por eso mientras se filtran algunos datos y se mueven los expedientes, se llena también de operaciones de prensa y negociaciones en los pasillos. Es que están todos embarrados.
El Frente de Izquierda, en cambio, no tiene compromisos con la patria contratistas y denuncia que todos los gobiernos de turno son sus socios.
Como planteaba en una columna para este diario Raúl Godoy, obrero de Zanon bajo gestión obrera y diputado del PTS-FIT, “el fin de la corrupción en la obra pública no va a venir de los mismos que hicieron y hacen negocios millonarios con el Estado. Los trabajadores somos quienes podemos hacernos cargo de un verdadero plan de obras públicas, que en lugar de quedar en manos de funcionarios corruptos sea gestionado por los propios trabajadores.
Para ello es necesario terminar con la “patria contratista” que durante décadas se robó millones con los negociados de la obra pública, comenzando por la eliminación del secreto bancario, la apertura de los libros de contabilidad de todas las empresas vinculadas a la obra pública, y la nacionalización bajo administración de sus trabajadores las grandes cementeras y las grandes empresas constructoras. También hay que atacar los privilegios de la casta política: que todos los funcionarios ganen como una maestra y sean revocables”.
Lucho Aguilar
Nacido en Entre Ríos en 1975. Es periodista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001. Editor general de la sección Mundo Obrero de La Izquierda Diario.
