Cada nueva revelación en el caso de las coimas repartidas por la constructora brasileña preocupa tanto a macristas como a kirchneristas. La “gobernabilidad” en manos de tránsfugas y mercenarios.
Daniel Satur @saturnetroc
Martes 30 de mayo de 2017
En Argentina, cada novedad en el caso judicial que tiene a la constructora brasileña Odebrecht como protagonista exaspera los nervios de muchas personas. Especialmente de gerentes de empresas, de exfuncionarios kirchneristas y de miembros del actual Gobierno nacional.
En el estado actual de la causa, la mayor duda que recorre los despachos, las oficinas, las redacciones y los estudios de televisión es, por un lado, si la sangre finalmente llegará al río; y por otro, quién sufrirá las heridas más dolorosas. Sea como sea, nadie que tenga un poco de información y un poco más de capacidad de análisis se anima a arriesgar ningún pronóstico.
Es que la caja de Pandora que se abrió con las “confesiones” de los dueños de la empresa y varios de sus empleados deja al descubierto lo que en rigor de verdad no debería sorprender a nadie: la estrecha, espuria e interesada relación entre capitalistas de la obra pública y funcionarios que, con sus firmas y medidas de gobierno, son esenciales para la concreción de negocios multimillonarios.
Todas y todos
Este jueves, según los plazos legales, estaría habilitada la posibilidad de que toda la información volcada en el expediente “Lava jato” que se tramita en Brasil deje de ser secreta y por lo tanto pueda conocerse en Argentina y otros países.
Lo que se discute hoy es si los fiscales de esa megacausa brasileña entregarán o no todo lo acumulado al Estado argentino y si, de hacerlo, lo harán solamente a su par nacional Alejandra Gils Carbó o también a los jueces que tramitan las tres causas en las que las coimas de Odebrecht tienen alto significado.
Pero sin que se haya “liberado” aún la masa de información que posee el Poder Judicial brasileño, el nivel de enchastre que ya generaron los pocos datos conocidos alcanza y sobra para llenar la agenda política y mediática desde hace semanas. De hecho ya existen implicados directos que salpican tanto al Frente para la Victoria-PJ como a Cambiemos. Y éstos podrían ser los primeros de una larga lista.
Del lado del gobierno anterior el foco está puesto en altísimos funcionarios kirchneristas como Julio De Vido, José “el bolsero” López y Ricardo Jaime. Todos ligados a la obra pública, concentrada durante la década pasada en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Del lado de la gestión actual, los primeros mencionados son nada menos que el amigo personal y el primo del Presidente Mauricio Macri. Tanto el jefe de la AFI Gustavo Arribas (quien antes de dirigir a los espías de la ex SIDE vivía en Brasil y compraba y vendía jugadores, entre otras changas) como el empresario Angelo Calcaterra (dueño hasta hace poquito de la empresa argentina integrante del consorcio que ganó la licitación para soterrar el tren Sarmiento), están en el ojo de la tormenta y ya provocaron una crisis en el oficialismo.
Los botones de muestra de una causa sobre la que, supuestamente, aún no se sabe lo más importante sirven para demostrar que cuando de negociados entre corporaciones y estados se trata, no hay más grietas que las que se abren a golpes de excavadoras y máquinas cementeras.
Buscando un símbolo de paz
El periodista Hugo Alconada Mon (quien hace meses dio la primicia de que el “cuevero” Leonardo Meireles le transfirió no menos de US$ 850 mil
a Gustavo Arribas por no se sabe aún qué contraprestación) escribió este domingo en La Nación que, para obtener contratos de varias obras en Argentina, Odebrecht se asoció con empresas locales como BTU de Carlos Mundin (de estrecha relación con De Vido), Iecsa de Calcaterra y Esuco, propiedad de quien presidiera la Cámara Argentina de la Construcción durante el kirchnerismo, Carlos Wagner.
Como lo demuestra la serie de notas que publica Alconada Mon, cierta información incontenible no puede ser obviada por los grandes medios. Sin embargo los editorialistas de los diarios más influyentes, como Clarín y La Nación, que a su vez se proponen ser garantes intelectuales de “gobernabilidad”, se vienen preguntando hace rato cómo hará el Gobierno para salir airoso de este berenjenal.
Obviamente la “ayuda” que pueden aportar esas corporaciones periodísticas pasa por hacer foco en lo hecho por Cristina, De Vido y el resto de funcionarios de la anterior gestión y por la “inacción” de la procuradora Alejandra Gils Carbó alrededor del caso. Pero no pueden hacerse los distraídos y por eso se rasgan las vestiduras cuestionando los zigzagueos y hasta los pasos en falso que se dan desde los despachos del poder político.
El fin de semana ambos diarios “casualmente” depositaron expectativas en lo que vayan a resolver este martes dos comisiones de la Cámara de Diputados respecto a modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.
En esencia, se espera que desde el Parlamento se le dé herramientas legales al Gobierno para encarar una negociación formal con los directivos de Odebrecht a fin de poder acceder a la más preciada información a cambio de una moderada sangría. O, dicho en palabras de Joaquín Morales Solá, “el Ministerio de Justicia trabaja ahora en la incorporación de un artículo a la ley (…) para que incluya beneficios a las empresas que aporten información sobre corrupción y asuman el compromiso de reparar el daño que hicieron”.
La idea de los voceros de la burguesía es que el régimen político haga todos los esfuerzos para salir lo menos agujereado posible de este escándalo “importado” desde Brasil. En función de ese objetivo, que Odebrecht haya “ofrecido” pagar una multa equivalente al monto que la misma empresa dice haber pagado en coimas (U$S 35 millones) era poco menos que una burla. Y encima proponían abiertamente dar información sobre esos pagos millonarios a cambio de impunidad.
En este contexto, que Elisa Carrió haya decidido salir a hablar mal de sus aliados puede entenderse como parte del juego propio tolerable sin romper las alianzas estratégicas. Desde hace días insiste en que Julio De Vido está teniendo una de sus mejores coberturas por parte de sectores del propio Gobierno que ella misma integra. Y entonces decidió dar un mensaje de cierta autonomía presentándose ayer ante el fiscal Federico Delgado para pedirle que investigue directamente si el exministro De Vido recibió coimas de Odebrecht.
Pero los efectos transparentistas de la diputada, en este caso pueden tener un alcance menor incluso que su vocación democrática al defender el 2x1 para los genocidas.
Para quienes gestionan el Estado capitalista la idea de que la sangre de unos y otros (embarrada con el mismo lodo) no llegue al río se transforma cada vez más en una necesidad. Habrá que ver hasta dónde aguantan las represas que se buscan construir desde el Congreso, desde la cartera de Germán Garavano y, sobre todo, desde los Tribunales.
Porque si algo queda claro en estos tiempos de confesiones y delaciones, es que empresarios como los de Odebrecht saben tanto de soterrar ferrocarriles como de destruir castillos.
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).
