Hace casi una semana se realizó el desalojo de la toma Marichiweu ubicada en el sector Meseta del Gallo, en Miraflores Alto por parte de la policía junto con funcionarios municipales. Una medida que significa dejar a decenas de familias en la calle.
Miércoles 14 de junio de 2023
Considerando que el derecho a una vivienda digna en Chile concentra una larga discusión sobre las políticas estatales, al menos en lo que refiere a un espacio para el desarrollo familiar y social de las familias, el enfoque de la política actual, dista bastante de lo que pobladores y dirigentes sociales han venido proclamando por años y años de lucha.
Nos encontramos dentro de un sistema que habla de un modelo lineal de subsidio/ahorro/crédito que no da abasto con la necesidad real de el grueso de las familias trabajadoras de Chile, promoviendo la inserción del empresariado inmobiliario que no sensibiliza más que sobre sus propios bolsillos. El imperante negociado sobre un derecho humano básico, que a vista y paciencia durante varias décadas, ha quedado en el tintero de las soluciones parche, al no ser considerado como un derecho universal, que vaya a la par con el desarrollo social de las urbes y no de la marginalización poblacional a las periferias citadinas.
Es en este contexto, que una de las respuestas que vienen desde la organización popular, son precisamente las tomas de terrenos privados o fiscales en donde se promueve la auto edificación y así habitar los espacios, que si bien no están aptos en lo que a urbanización se refiere, dan un alivio provisorio y en otros casos convertidos en poblaciones y luchas ganadas desde la defensa del derecho a vivienda.
Hace algunos días atrás, dentro del margen de mejoramiento social y dentro también de la construcción de un SAR en el sector de Miraflores alto cuyo terreno fue transferido por el SERVIU a la Municipalidad viñamarina, contando con recursos de $2,500 millones aportados por el ministerio de salud y por el cual se rifan distintos aspectos en lo social y en lo político.
Como siempre la pelota va y viene para buscar responsabilidades políticas de las gestiones de la otrora alcaldesa Reginato (UDI) acusada de corrupción por malversación de fondos públicos y de la actual administración encabezada por Macarena Ripamonti (RD) la cual hace defensa de las actuales políticas públicas tanto en salud como en vivienda, haciendo apología de un sistema subsidiario, que no da la talla para las necesidades de una ciudad con el índice más alto en tomas de terreno y en poblaciones perimetrales.
El desalojo de viviendas planificado entre el municipio viñamarino junto a Carabineros, como fue el caso de la toma Marichiweu, no es más que una medida represiva y criminalizadora, que no resuelve una problemática urbana y social, y que ha formado parte de del desarrollo de las políticas de vivienda y urbanización de los territorios hasta el día de hoy.
Creemos que la salida a este conflicto, está por sobre la rivalización política que afronta en este instante. Es necesario dar una respuesta obrera y popular por el derecho a la vivienda digna, un derecho universal que debe ser garantizado por el Estado, junto acabar con la especulación inmobiliaria, en un contexto en que el precio de una casa propia se encuentra por las nubes, y se hace cada vez más difícil costear un arriendo mes a mes.
