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Precarización Laboral. Ola de desempleo se cierne sobre el INAH

El gobierno busca profundizar la política de austeridad como salida a la crisis sanitaria generada por la pandemia del SARS-Cov-2 y desatada por la ruina de los servicios de salud pública. El rasero de esta política recae en diferentes sectores, como ahora los trabajadores precarizados en el INAH, donde está en marcha una oleada de despidos, impagos y recortes.

Jueves 7 de mayo de 2020

Integrantes del movimiento #YaPágameINAH han denunciado que a varios de sus compañeros y compañeras contratados bajo el Capítulo 3000 (Prestación de Servicios Profesionales), no se les ha pagado desde diciembre.

Este tipo de contratación está contemplada en la Ley de Adquisiciones y supone que las personas que brindan dicho servicio no tienen una relación laboral, por tanto están exentas de cumplir con un horario, lugar de trabajo o relación de subordinación.

Sin embargo, esta modalidad es una más de las simulaciones contractuales creadas para violar los derechos laborales de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que realizan funciones de base dentro de las instituciones públicas.

Estas son algunas de las dependencias donde los impagos se presentan:

Impagos:

  •  Dirección de Etnología y Antropología Social (DEAS)
  •  Dirección de Salvamento Arqueológico (DSA)
  •  Subdirección de Arqueología Subacuática (SAS)
  •  Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC)
  •  Dirección de Medios de Comunicación
  •  Centro INAH Chiapas
  •  Coordinación Nacional de Museos y exposiciones

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    Los trabajadores de capítulo 3000 –nos dicen– “firman contratos pequeños para no generar antigüedad”. Los contratos varían, pueden ser por 2, 3 o hasta 5 meses pare evadir ante la ley el reconocimiento a la relación laboral, que se otorgaría con un contrato mayor a 6 meses y un día de trabajo.

    A otros de sus compañeros, igual de capítulo 3000, en el Centro INAH Oaxaca, su contrato terminaba en febrero, los descasaban 15 días y los recontrataban en marzo; esta vez no ocurrió así, ya no les reactivaron el contrato, fueron despedidos.

    Para las autoridades, por supuesto, no hay despidos, simplemente el contrato se terminó, tal como lo maneja el director del INAH, Diego Prieto.

    Así como con los trabajadores de Oaxaca, a la mayoría se les avisa en marzo sobre su recontratación. Sin embargo, a varios de estos compañeros no se les reactivó el contrato en esta ocasión. La lista de las dependencias donde está ocurriendo esto es la siguiente:

    Recontrataciones congeladas:

  •  Dirección de Etnología y Antropología Social (DEAS)
  •  Dirección de Salvamento Arqueológico (DSA)
  •  Centro INAH Oaxaca
  •  Departamento de salvamento arqueológico de Teotihuacán
  •  Proyecto Tlalocan
  •  Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec

    Desde abril, se habían anunciado recortes por parte de Diego Prieto, ante la solicitud que le hizo la Secretaría de la Función Pública. Tal como se comportaría un hombre de negocios, sacó la calculadora y verificó que una parte del presupuesto que se le asigna al Instituto se destina para el pago de derechos laborales, cuestión despreciable para el Director que intentó, en algunas áreas a su cargo, realizar recortes de prestaciones a las y los trabajadores basificados pero se encontró con la resistencia y oposición de la base sindicalizada.

    Pero las y los trabajadores de capítulo 3000 carecen por completo de derechos laborales, por tanto de estabilidad laboral, y son carne de cañón que puede ser, y está siendo, sacrificada para cubrir con los recortes que pide la austeridad republicana.

    Ante esa ola de impagos, despidos y recortes, existe incertidumbre entre los trabajadores de capítulo 3000, pues no saben si serán recontratados una vez que termine su plazo, para algunos en el mes de septiembre o diciembre, como es el caso de la Coordinación Nacional de Conservación y Patrimonio Cultural.

    Mientras ese temor se mantiene, algunos tienen que asumir la cuarentena en completo desamparo, sin ningún ingreso que les permita cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias.

    La política de austeridad contra las y los trabajadores se agudiza, so pretexto de “resolver” la ruina de los servicios de salud desnudada por la crisis sanitaria generada por el SARS-Cov-2.

    Con la justificación de obtener recursos para enfrentar la pandemia, se está volviendo a pasar el rasero de esta política a las y los trabajadores precarizados, como ahora en el INAH, donde ya está en marcha una oleada de despidos, impagos y más recortes.

    Por un lado, mientras el cinturón no solo aprieta sino asfixia a miles de trabajadoras y trabajadores, por el otro, se mantienen intactos el presupuesto destinado al pago de la deuda externa. El gobierno se niega además a imponer mayores impuestos a fortunas como las de Salinas Pliego, que con su oposición a cerrar los centros de trabajo ha provocado contagios y muertes por Covid-19 entre sus trabajadores.

    Posicionamiento desafortunado

    Algunos investigadores del Centro INAH Sonora, elaboraron un posicionamiento fechado el 6 de mayo ante esta problemática. En él señalan que:

    “Nos guste o no, no hay suficiente dinero en el gobierno y la única manera para que permanezcan íntegros nuestros presupuestos de investigación, y el de otros muchos centros de investigación y docencia, sólo es posible a partir de generar un endeudamiento con el FMI, promotor principal del neoliberalismo mundial.”

    En el comunicado se percibe una política de derrota, cuya consecuencia será que no se afectará a los grandes capitalistas, al señalar, por ejemplo, que la única forma de obtener recursos es mediante el endeudamiento (¡con el FMI!), lo que implica renunciar por completo a poder arrancarlos de la cancelación del pago de la deuda pública. Esto, cuando casi la mitad de la riqueza nacional está comprometida con el capital financiero parasitario; o de imponer un impuesto a las grandes fortunas que acaparan mucho más riqueza que más de la mitad de la población.

    Por supuesto, no es nuevo este tipo de posicionamientos, que proponen el realismo político como la única alternativa posible. Este realismo consiste en asumir una realidad contradictoria, en la que “la razón fundamental de dicho recorte se encuentra en el planteamiento del gobierno federal de ‘cero contratación de deuda’ ante los disminuidos ingresos que generan las maquiladoras y la industria petrolera, consecuencia directa del impacto de la pandemia de COVID-19”.

    Al respecto, hay que recordar que los principales capitalistas mexicanos (esos que "apuestan" a la industria maquiladora nacional) sumaron la expatriación de 76 mil millones de dólares a cuentas de Estados Unidos. Esos son sus “disminuidos” ingresos.

    Por lo que, ante la crisis del capital, ajustarnos a la política de lo (supuestamente) "posible", es profundizar el régimen de desigualdad y superexplotación que ha ocasionado este tipo de contrataciones, de violación sistemática de derechos laborales y de desigualdad salarial.

    A contracorriente de estas desafortunadas posiciones, las y los profesores precarizados de la UACM hicieron un llamado a construir un Frente Nacional contra la Precarización Laboral, el cual plantea una lucha frontal contra las pésimas condiciones laborales que experimentamos la mayoría de las y los trabajadores mexicanos y que desde la Campaña Queremos Trabajo Digno suscribimos.

    Aquí puedes consultar este llamado: Pronunciamento por un Frente Nacional contra la Precarizacion Laboral