Rita Frau Rio de Janeiro
Martes 21 de octubre de 2014
En la última semana, la prensa brasileña divulgó la mayor operación policial contra una banda que mantenía siete clínicas clandestinas en el municipio de Rio de Janeiro. Fueron encarceladas 57 personas y se emitieron pedidos de prisión en varios municipios del estado.
Entre los detenidos, hay policías militares, médicos, un sargento del Cuerpo de Bomberos, un militar del ejército, policías civiles y enfermeros. De acuerdo con la investigación, esta banda administraba y actuaba en las siete clínicas esparcidas por toda la ciudad de Río de Janeiro.
Una verdadera industria de mujeres muertas
En estas clínicas se realizaban abortos, incluyendo a adolescentes de 13 años y mujeres que interrumpían embarazos de hasta 7 meses, procedimientos de alto riesgo para las gestantes que, en su desesperación por no llevar adelante el embarazo, se sometían a situaciones como ésta, a un costo de 7500 reales. Uno de los médicos, Aloisio Soares Guimarães, que vive en Leblon, barrio rico de la zona sur carioca, está acusado de realizar abortos clandestinos desde 1960. Tenía una cuenta en Suiza con 5 millones de dólares y solo en su casa fueron encontrados 532 millones de reales.
A pesar de que Sidnei Ferreira, presidente del Consejo Regional de Medicina de Rio de Janeiro (CRIMERJ), haya defendido la despenalización y legalización del aborto, la institución premió al doctor evangélico Pinto da Silva Pereira, uno de los acusados en la operación, en el 50 aniversario de su carrera, aún habiendo pasado ya ocho veces por la policía por el "crimen" de aborto. Ahora se encuentra fugado, fuera del país.
El monto de dinero encontrado en la casa del doctor y las cuentas en bancos en el exterior muestra la gran industria que genera muchas ganancias para los involucrados en esta mafia, en detrimento de la vida de centenares de mujeres. Cada aborto costaba entre 3 mil y 7500 reales y eran practicados en condiciones insalubres, donde la mujeres eran humilladas y expulsadas velozmente de las camillas para que se pudiesen realizar la mayor cantidad de procedimientos posible.
Sin duda la mayor parte de estos médicos y enfermeros no son los que defienden e impulsan una campaña entre sus pares por la legalización del aborto, pues sería contradictorio con la continuidad del negocio que alimenta sus ganancias y privilegios.
El estado de Rio de Janeiro en 2013 superó el récord de 67 mil abortos según una investigación realizada por Mario Giani, del Instituto de Medicina Social de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro. Si consideramos que todos fueron hechos en la clandestinidad, a un valor promedio de entre 3 y 5 mil reales, habría un rendimiento de 201 millones de reales solo en Río de Janeiro. Si consideramos la cantidad de abortos clandestinos en el país en 800 mil al año según estimaciones existentes, ese valor sería de 2400 millones de reales. Una facturación que supera la del narcotráfico, que en 2010 alcanzó los 1400 millones de reales.
La hipocresía y el involucramiento de las instituciones del Estado
El nombre de la operación policial, Herodes (que hace referencia al rey bíblico que mandó a matar a todos los recién nacidos por miedo a que el Mesías por nacer viniera a arrebatarle su trono) intenta presentarse como una operación contra criminales con desviaciones psicológicas que matan a mujeres y niños, justamente como forma de desviar lo que está por detrás de esta verdadera industria de mutilación y asesinatos de mujeres.
Esta operación solo reafirma lo que quedó demostrado en el caso de Jandira (asesinada en un aborto clandestino que tomó estado público recientemente en todo el país) y que ocurre en tantos otros casos de muertes en clínicas clandestinas: el involucramiento y fomento de estas mafias por parte del mismo Estado. Es tan escandaloso que no es posible tapar el sol con la mano.
Las clínicas clandestinas de aborto en Brasil son una fuente rentable de dinero para doctores, enfermeros, policías y sargentos del Cuerpo de Bomberos, que alcanza también a políticos y empresarios.
A la vez que se vanagloria de la "mayor operación ya realizada contra el crimen del aborto", el Estado continuará alimentando esta industria. No fueron pocas las veces que esos médicos y policías fueron presos y liberados y siguen lucrando con este negocio.
El discurso del Estado de que están combatiendo un crimen que mata a mujeres pone de manifiesto su hipocresía, ya que en realidad también criminaliza a las mujeres que realizan abortos clandestinos, tomando a víctimas por criminales, que en la mayoría de las veces son pobres, trabajadoras y negras como ocurrió recientemente con una bancaria de São Gonçalo que fue llevada a la comisaría y obligada a pagar una fianza de 250 reales al haberle confesado a la médica que había tomado un remedio abortivo. Está procesando a 35 mujeres que en vez de recibir cuidados médicos y psicolgógicos y un procedimiento de aborto seguro y legal, serán tratadas como criminales como los mismos médicos y policías.
La respuesta del Estado también es una forma de desviar la atención que los propios medios tuvieron que dar, con posicionamientos progresistas ante los casos de Jandira y Elisângela, que por haber tenido tanta repercusión nacional plantearon la necesidad de la sociedad de combatir la hipocresía y retomar el debate sobre el derecho a la legalización del aborto.
Es tiempo de legalizar el aborto garantizado por el Estado
La operación Herodes se vanagloria de ser la "mayor operación" contra el crimen de los "carniceros" de las clínicas clandestinas, pero hace silencio frente a la ausencia del derecho a decidir de las mujeres, la falta de condiciones básicas para que las mujeres ejerzan la maternidad y tengan acceso a un sistema de salud público y de calidad, incluso a la dificultad que tienen las mujeres para realizar el procedimiento aún en circunstancias contempladas por la ley.
Para terminar con la mafia de la industria del aborto clandestino y del femicidio que alcanza a miles de mujeres por año, incluso los medios reconocen que ya se pasó la hora de poner un punto final a la hipocresía del Estado, gobiernos y del parlamento y poner en el orden del día la legalización del aborto.
Las organizaciones feministas deben ser convocadas a participar de la investigación de los crímenes cometidos por las clínicas clandestinas como único camino para garantizar el castigo ejemplar a todos los involucrados porque no es posible confiar en la justicia y en el Consejo de medicina de Río de Janeiro, que encubren a los médicos. También deben ser confiscados todos los bienes de los policías, médicos y enfermeros involucrados.
El silencio de los candidatos del segundo turno a la presidencia muestra que tanto Dilma como Aécio conviven con estas mafias y serán responsables por la continuidad de miles de muertes de mujeres en Brasil todo el año. Por eso ya pasó la hora de retomar una gran campaña por un proyecto de ley por la legalización del aborto impulsada en los lugares de trabajo y estudio, que tome las calles para terminar de una vez por todas con las muertes y garantizar el derecho a decidir de todas las mujeres.
