El Ministerio Público Federal denunció en la Justicia, como parte de la Operación Zelotes, al expresidente Lula por los delitos de tráfico de influencia, lavado de dinero y organización criminal.
Sábado 10 de diciembre de 2016
El Ministerio Público Federal en Brasilia denunció en la Justicia, como parte de la Operación Zelotes que investiga fraudes en el uso de recursos fiscales, al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por los delitos de tráfico de influencia, lavado de dinero y organización criminal. La acusación alcanza también al hijo del petista, Luis Cláudio Lula da Silva, además de la pareja de lobistas Mauro Marcondes y Cristina Mautoni. Todos fueron denunciados por “negociaciones irregulares que llevaron a la compra de 36 aviones caza del modelo Gripen por el gobierno brasilero y la prórroga de incentivos fiscales destinados a las montadoras de vehículos por medio de la Medida Provisoria 627”.
Las informaciones fueron divulgadas este viernes (9) por la Asesoría de Comunicación de la Procuraduría General de la República, en el Distrito Federal. En esta nueva denuncia, la Procuraduría de la República afirma que los delitos habrían sido practicados entre 2013 y 2015 cuando Lula, ya en la condición de expresidente, “integró un esquema que vendía la promesa de que podría interferir junto al gobierno para beneficiar a las empresas MMC, grupo Caoa y SAAB, clientes de la empresa Marcondes y Mautoni Empreendimentos y Diplomacia LTDA (M&M)". A cambio, afirma la denuncia, Mauro y Cristina dueños de M&M, transfirieron a Luis Cláudio poco más de de R$ 2,5 millones.
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A lo largo de 154 páginas, los fiscales de la República Hebert Mesquita, Frederico Paiva y Anselmo Lopes describen la actuación de los investigados en dos hechos a partir de la existencia de lo que llamaron "una relación triangular". “Uno de los vértices estaba formado por los clientes de la M&M – que aceptaron pagar cifras millonarias por creer en la promesa de que podrían obtener ventajas del gobierno federal –, otra por los intermediarios (Mauro, Cristina y Lula) y la tercera por el agente público que podría tomar las decisiones que beneficiarían a los primeros, la entonces presidente de la República, Dilma Roussef. Durante las investigaciones no fueron encontrados indicios de que la presidenta tuviese conocimiento del esquema criminal”, afirma la denuncia.
La acusación tiene base en el análisis de los documentos rescatados por orden judicial – tanto en la Operación Zelotes como en la Operación Lava Jato-, además de informaciones prestadas en las declaraciones como la del mismo presidente Lula y la de un representante de SAAB en Brasil, Bengt Janér. Entre las declaraciones hechas por el ejecutivo de la Quadricon, que durante un período era contratada por la compañía sueca, está la de que a partir de 2009 el proceso de compra de los aviones se convirtió más en un proceso político que técnico. Un Procedimiento de Investigación Criminal (PCI), instaurado en la División de Combate a la Corrupción, del Ministerio Público Federal del Distrito Federal, para esclarecer la compra de los cazas también sirvió de base para la acción. En la denuncia, la Procuraduría sustenta que la promesa de interferencia en el gobierno por parte del expresidente Lula le rindió a su hijo, Luis Cláudio, ventajas indebidas y que el valor repasado solo no fue mayor debido a la deflagración de la Operación Zelotes, en marzo de 2015. Según la acción, la expectativa era la de una transferencia total por R$ 4,3 millones, siendo R$4 millones de M&M y el restaurante de la montadora Caoa. Entre los meses de junio de 2014 y marzo de 2015, a M&M realizó nueve pagos a la LFT que sumados alcanzaron los exactos R$ 2.552.400,00.
