Luego de las masivas movilizaciones en Chubut en el 2021, que hicieron retroceder el avance megaminero, en un hecho aislado se quemó parte del diario El Diario Chubut. Por este suceso se intenta condenar a 4 vecinos. ¿Las pruebas? Un video proporcionado por un policía infiltrado en las marchas. En el mismo, solo se ve a uno de los acusados caminando fuera de las instalaciones del diario. Es un nuevo capítulo de persecución y operación política mediática en la provincia. ¡Absolución ya de los 4 vecinos!
Martes 17 de septiembre 11:51
Operaciones
Este miércoles 17 comienza el juicio por jurado a cuatro vecinos de Chubut por la supuesta quema del diario El Chubut. ¿Las pruebas? Un video proporcionado por un policía infiltrado en las marchas. En este video, que el juez penal Carlos Richeri aceptó como prueba a petición del fiscal, solo se ve a uno de los acusados caminando fuera de las instalaciones del diario.
Contexto: En 2021, luego de las masivas movilizaciones que lograron derrotar la zonificación minera en la provincia, en una protesta aislada se prendió fuego el diario El Chubut. Las pruebas nunca fueron claras, ya que, como mencioné arriba, fueron proporcionadas por la policía. ¿Un auto-sabotaje con infiltrados? La verdad es que en Chubut existe una larga historia de persecución política contra ambientalistas, con casos aberrantes.
A modo de síntesis:
En 2021, "ambientalistas denunciaron la presencia de infiltrados de la policía en los incidentes de Lago Puelo. Durante la visita de Alberto Fernández, quedó en evidencia el enorme descontento de la población contra las políticas mineras y el gobierno provincial. En los hechos se detectó una camioneta de la policía provincial desde la cual personas arrojaron piedras. ¿Se trató de una provocación orquestada por Arcioni y Massoni?"
En 2023, "el fiscal federal de Rawson, Fernando Gelvez, solicitó la elevación a juicio contra cinco luchadores ambientales por protestar en la Ruta Nacional 3 contra el avance extractivista y en defensa de la Iniciativa Popular, en mayo de 2021".
Un caso más y una declaración de parte
En 2023, en el juicio al exdirigente sindical de la docencia Goodman, "el subinspector del Área de Investigaciones, Michael Barrera, reconoció que fue enviado a ’realizar la tarea de registro fílmico de las personas que se manifestaban el 17 de septiembre de 2019’, vestido de civil y en un auto no identificable". Posteriormente, admitió que actualmente espían de forma ilegal a los luchadores de FyRSA.
Últimos dos casos: El 22 de agosto, en la Oficina Judicial de Rawson, comenzó el juicio contra siete vecinos criminalizados por las jornadas de diciembre de 2021, en las que se derrotó la zonificación minera impulsada por Arcioni, impidiendo el avance de la megaminería.
No solo durante el gobierno peronista de Arcioni se persiguió y se armaron causas contra luchadores sociales. Tras la aprobación del RIGI, Torres utiliza la misma metodología. La justicia del gobernador criminaliza y persigue a los ambientalistas.
Existen más casos, pero considero que hay suficientes pruebas. La relación entre espionaje, persecución política y judicial, y los intentos de sabotaje parecen ir de la mano. Además, el lobby mediático, siempre al servicio del mismo poder, respalda al multimedio al que pertenece el diario que fue quemado.
La obra parece clara: zona liberada por la policía, la ausencia de bomberos, una operación entre el diario y el gobierno para desviar la atención del triunfo popular. Cuatro vecinos imputados para "aleccionar" con pruebas ilegales. Fin.
Acusados
"Lo que une a los miles de jóvenes que resistieron y a los que están presos es su condición: son chicos de barrios humildes". Esto afirmábamos en una crónica en 2021, cuando se realizó la primera movilización para exigir la libertad de estos cuatro acusados. En ese entonces, la justicia buscaba imponerles sesenta días de prisión preventiva.
Los acusados son:
1. Emanuel Cotut
2. Jonathan Andrés Luna Almada
3. Walter Eduardo Medina
4. Marcos Antonio Wilipan
El delito imputado es por daño e incendio, ambos en concurso real, según los artículos 183, 186 inciso 1 y 55 del Código Penal, en carácter de coautores. En caso de ser considerados culpables, no hay lugar para la apelación, ya que el juicio es por jurados.
Los operativos de diciembre de 2021 fueron brutales: allanamientos sin órdenes, golpizas, y falta de información sobre el paradero de los detenidos. Lo que ocurrió unos días antes fue la aprobación de la zonificación minera, mediante un tratamiento exprés, con votos del peronismo y el radicalismo, que dio vía libre al saqueo megaminero en estas tierras. Esto desencadenó un levantamiento popular con paros de pesqueros.
Hubo cortes de ruta con ropa blanca de las plantas pesqueras, carteles de "No es No", y manifestaciones en fábricas en Madryn, Trelew y Rawson, que se extendieron por toda la provincia. Clubes barriales y organizaciones sociales protestaron durante más de una semana, exigiendo la derogación de la ley impulsada por el gobierno provincial, con el apoyo del gobierno nacional de Fernández y Cristina.
El día de la aprobación, la represión en Rawson fue brutal. Hubo más de 30 heridos por balas de goma, muchos de ellos de gravedad. ¿Cuántos policías fueron imputados tras la represión salvaje de diciembre de 2021? Ninguno". a Massoni, Gomez y Arcioni, los respónsables politicos y policales de la represion, todos libres
Como decía la madre de Willipan en 2021: "Marcos está preso porque, como otros chicos, le dijo no a la entrega de nuestra agua".
Al servicio del FMI
Si hay un acuerdo entre todos los partidos, salvo la izquierda, es que al FMI hay que pagarle. No importa si el dinero fue fugado por los amigos del actual ministro de Economía, Caputto. Nadie quiso investigar esa deuda. Pero esa deuda tiene dos aristas: se paga con el ajuste del pueblo trabajador y pobre, y con la entrega de nuestros bienes comunes naturales. Abren las puertas a multinacionales para que vengan a explotar nuestros recursos. Las penas son nuestras, las joyas ajenas. Quienes se interpongan a este plan serán aleccionados. Esa es la lección que intentan dejar.
Durante la Ley de Bases hubo más de 30 detenidos al azar. En dicha ley se abría la posibilidad de una reforma laboral, jubilatoria y del RIGI, a la cual las provincias, como la nuestra, deberían adherir. Torres, quien solo se enfrenta a Milei de cara a la tribuna, fue uno de los primeros en someterse al plan de saqueo. Tras aprobar la adhesión, los diputados fueron escrachados, y la justicia dictó una medida perimetral contra quienes fueron identificados en esa protesta.
Por eso es crucial defender a estos cuatro vecinos de la operación política y mediática que intentan llevar adelante. Este es un antecedente brutal para quienes defendimos el agua en diciembre de 2021 y para quienes seguiremos luchando contra este ajuste y saqueo, a los que se someten los gobiernos de turno.
