Mundo Obrero. Operación paz social para que siga el ajuste

Con gran expectativa se espera la reunión que hoy mantendrán los principales representantes de las distintas CGT con el presidente Mauricio Macri. Desde las 17:30 horas se reunirán con el presidente y parte de su gabinete Hugo Moyano, Luis Barrionuevo, Antonio Caló, Armando Cavalieri, Andrés Rodríguez, Juan Carlos Schmid y Gerónimo Venegas.

Serán al menos dos los involucrados en los escándalos de Panama Papers que participen de la reunión, aunque ese no será el eje de la discusión.

El encuentro tendrá lugar en un marco de creciente preocupación en el gobierno por el aumento del malestar político y social, y la necesidad de controlar la calle para que la situación no derive en problemas de gobernabilidad que pongan en cuestión el plan económico.

En la Casa Rosada saben que por estos días al descontento por la alta inflación, los despidos y los tarifazos se le agregó como nafta al fuego el escándalo de los Panama Papers. De acuerdo a distintas mediciones, la imagen positiva de Macri habría bajado alrededor del 10 % con respecto al comienzo de su mandato.

El golpe sobre la credibilidad del presidente no es sólo un problema de imagen, sino que le resta buena parte del capital político con el que pedía “un esfuerzo” para aceptar el ajuste, excusándose en la “herencia recibida” del gobierno anterior. Eso se transforma en un gran problema cuando el horizonte no anuncia un panorama mejor, sino la continuidad de la recesión económica hasta fin de año por lo menos. Hoy el humor social muestra mucho menor predisposición para aceptar las malas noticias, mientras salen a la luz los negocios ocultos del presidente.

En ese marco, el gobierno es consciente del rol clave que juegan las cúpulas sindicales. Durante los últimos cuatro meses estos dirigentes fueron un factor clave para que pasaran la inflación y más de 100.000 despidos sin un paro nacional que comenzara a enfrentar de forma contundente el plan de ajuste.

Es por eso que una señal de alerta se encendió en el gobierno con el anuncio de la convocatoria a un acto y movilización que, de forma inédita, harían las cinco centrales sindicales conjuntamente para el 29 de abril, en reclamo de una ley de “emergencia ocupacional” para prohibir los despidos y aumentar las indemnizaciones, así como cambios de fondo en el impuesto al salario, en un marco en el que falta también cerrar los acuerdos paritarios en gran parte de los sindicatos. En este contexto, también está anunciado un paro bancario para este jueves y uno de ATE para el 19 de abril, entre otros procesos abiertos en distintos gremios, mientras que en algunas provincias como Tierra del Fuego hay duras luchas contra el ajuste.

Las cúpulas gremiales largaron el llamado al 29 de abril encerradas entre el descontento de las bases, de un lado, y del otro la actitud del gobierno nacional, que no dio respuestas satisfactorias al reclamo del impuesto al salario ni saldó la deuda millonaria que el Estado tiene con las obras sociales sindicales, dos puntos que los dirigentes de las centrales habían puesto sobre la mesa.

En una estrategia oscilante, las cúpulas gremiales habían llevado sus operaciones políticas a la búsqueda de acuerdos en el Congreso Nacional con diputados opositores. Pero la amenaza de llevar los reclamos a la calle fue lo que alarmó al macrismo.

Se inició entonces el operativo contención. De acuerdo al periodista Mariano Martín de Ámbito Financiero, el gobierno nacional le ofrecería hoy a los dirigentes un aumento de 2700 millones de pesos para el pago de este año de la deuda con las obras sociales sindicales. Como el gobierno entiende y sabe, las cúpulas de las centrales sindicales hacen valer su poder para negociar sus propios intereses de casta millonaria, no para defender los intereses de los trabajadores. Se sabrá tras la reunión de hoy si el intento del gobierno incluye alguna oferta más en la negociación, y si es suficiente para cerrar un nuevo episodio de la tregua con la que los burócratas sindicales abandonan a los trabajadores a su suerte.

En esto último coinciden tanto los dirigentes gremiales alineados con el anterior gobierno nacional, como los que estuvieron en la oposición al kirchnerismo. Si Hugo Moyano acompañó desde el proceso electoral al macrismo, en el caso de la mayor parte de los que estuvieron alineados con el Frente para la Victoria su complicidad con el ajuste también es total, a pesar de su discurso. UPCN, gremio apoyado todos estos años por Cristina Fernández en el sector estatal donde fue la mayor cantidad de despidos, es cómplice absoluto del plan de ajuste de Macri en el Estado. En el subte, Pianelli y Segovia no sólo dejaron pasar despidos, sino que ahora apoyan un plan flexibilizador de la empresa en el sector estaciones. En Gráficos, la Verde firmó un aumento del 25 % que deja desarmados a los trabajadores frente a la inflación. Son sólo algunos ejemplos. A modo de símbolo, Antonio Caló, líder de la CGT que se alineó con Cristina Fernández, este lunes por la noche participó de una cena en el lujoso Hotel Hilton junto a Mauricio Macri y otros políticos, empresarios y sindicalistas.

Mientras las cúpulas sindicales negocian a espaldas de los trabajadores, desde la izquierda y el sindicalismo combativo siguen denunciando la tregua y exigiendo un paro nacional con movilización para comenzar un plan de lucha hasta derrotar los ataques del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales.