Son los policías detenidos en diciembre por el escándalo de coimas en la Jefatura Departamental de La Plata. El 19 de enero uno de los comisarios apareció muerto en su celda con signos de asfixia.
Miércoles 25 de enero de 2017
El Tribunal de Casación Penal bonaerense ordenó liberar este martes a los ocho comisarios de la Policía Bonaerense involucrados en el pago de coimas de La Plata. La resolución fue confirmada por el abogado defensor de tres comisarios, Daniel Mazzochini, quien realizó el pedido de hábeas corpus que motivó la resolución.
El caso cobró repercusión cuando en el mes de diciembre, tras un allanamiento en la Jefatura Departamental de La Plata, se hallaron 36 sobres con 153 mil pesos que provendrían del pago de coimas. El 21 de diciembre, el Tribunal de Garantías de la ciudad de La Plata había dictado la prisión preventiva para los entonces nueve jefes de la Policía Bonaerense detenidos.
Sin embargo, la interna policial que atraviesa a la Policía Bonaerense no terminó allí y el 19 de enero el comisario Federico Jurado apareció muerto acostado boca abajo sobre su cama en la celda que ocupaba en la Unidad 9 de La Plata. “Parece que fue un paro cardíaco” afirmó Marcelo Martini, fiscal que instruye en la causa. “Acá no hubo nada irregular” aseguró Cristian Ritondo, despejando cualquier tipo de sospecha sobre el deceso del comisario. Sin embargo, a pesar de las palabras de los funcionarios el informe preliminar de los forenses dijo poco después que el cuerpo de Jurado presentaba un “síndrome asfíctico con edema agudo de pulmón hemorrágico”.
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Las primeras sospechas tras la muerte de Jurado provinieron de su abogado Mazzochini, quien defiende a otros tres comisarios y fue el autor de la presentación del recurso de hábeas corpus por el cual todos los detenidos esperarán el juicio en libertad.
La interna de la Policía Bonaerense recrudece. Las declaraciones de los funcionarios de Vidal como Ritondo muestran que detrás del “combate a las mafias” que anunciaron con bombos y platillos se esconde la complicidad frente al corrompido y descompuesto aparato de “seguridad” y los pactos con sus distintas alas. La decisión del poder judicial no es más que la tercer pata de un combo explosivo que aún no estalló y que late como una constante amenaza.
