Desde la Cámara de Senadores de la Provincia reiteraron un pedido de desafuero.
Jueves 10 de septiembre de 2020 18:23
El Juez Penal de la Ciudad de Villa Mercedes, Leandro Estrada, ordenó este martes el “procesamiento y encarcelamiento preventivo” del Senador Provincial por el Partido Justicialista (PJ), Ariel Omar Rosendo. El legislador peronista y ex Secretario General del SMATA en San Luis fue acusado por robo, violación de la cuarentena y violencia de género contra su ex esposa.
Una minoría de la Cámara de Senadores de la Provincia solicitó un nuevo pedido de desafuero. Hace 60 días, una escandalosa medida de este cuerpo legislativo “premió” a Rosendo, otorgándole una licencia con goce de sueldo en medio de estas acusaciones por robo y violencia de género. Luego, ante un llamado a Indagatoria, sus pares legisladores ratificaron sus fueros políticos.
Este martes, luego de conocerse el fallo judicial, la abogada defensora de la ex esposa del senador, Leticia Latini, dijo que "se hizo Justicia en San Luis" y agregó que espera que el Senado Provincial esté a la altura de las circunstancias, conceda el desafuero y le permita a su clienta vivir en paz.
Latini agregó que el proceso "fue tortuoso por el hostigamiento permanente que el procesado ejerció a través de las redes", que la obligó a vivir junto a su clienta, con el temor de pasar a ser un número más entre los femicidios del país.
Sin embargo, indicó que "con este fallo, se deja una gran posta de lucha a otras mujeres, porque mi clienta no se dio por vencida, luchó y logró torcerle el brazo a un poder enorme como es el de un senador y un ex gremialista".
Además de la denuncia de su ex pareja, Rosendo, quien fue titular del gremio de los mecánicos, fue acusado por el actual Secretario General del SMATA local, Juan Piturra, quien aseguró que el senador robó de manera violenta pertenencias de una propiedad del gremio donde vivía Latini.
La Justicia también solicitó a la Cámara de Senadores de la Provincia de San Luis, el desafuero del legislador "a los fines de ejecutar la medida de encarcelamiento cautelar" dispuesta por su pronunciamiento, "oficiar las autorizaciones pertinentes y en caso que corresponda, ordenar el inmediato traslado del procesado al Servicio Penitenciario Provincial" para el cumplimiento de la medida ordenada.
La negativa anterior al pedido de desafuero por parte de los legisladores provocó la crítica y el rechazo de organizaciones feministas y partidos políticos, que vieron en ella una actitud de "encubrimiento" a favor del denunciado, acusado de robar en la vivienda donde vivía su ex pareja, quien el año pasado lo denunció por violencia de género.
